INVESTIGADORES
KAPLAN Carina Viviana
congresos y reuniones científicas
Título:
Las clasificaciones escolares como categorías políticas de exclusión
Autor/es:
KAPLAN, CARINA VIVIANA
Lugar:
Lisboa
Reunión:
Congreso; Workshop en la Midterm Conference, Europe 2003 (ISA); 2003
Institución organizadora:
Internacional Sociological Association (ISA), Research Committe on Sociology of Education (RC04), Universidad Lusófona de Humanidades y Tecnologías
Resumen:
Este trabajo abordará el resurgimiento y difusión de las ideologías meritocráticas en contextos de alta selectividad y exclusión social y educativa. Favoreciendo la comprensión del alcance que estas argumentaciones deterministas poseen en la conformación de la subjetividad de los alumnos y, sobre todo, en la construcción de los diferentes trayectos educativos. Nos centraremos en el papel de la institución educativa y en los discursos de los docentes como actores centrales en la democratización de la escuela pues los juicios que estos producen, si bien pueden asumirse como reproductores del círculo de la exclusión, se comportan también como democráticos y contribuyen a construcción de procesos de subjetivación positivos y de elevación de la estima, en particular en los sectores excluidos. La última década significó para la Argentina una etapa de profundas transformaciones tanto en materia política y económica como social. Durante los 90 se consolidó la reestructuración económica en el marco de las políticas neoliberales originadas ya desde 1974[1]. Asistimos a una realidad nacional donde más de 20 millones de argentinos, es decir más de la mitad, caen bajo la línea de pobreza y, de ellos, casi 10 millones bajo la de indigencia[2]. Es decir, actualmente, la pobreza abarca no sólo los "estratos bajos", sino también a gran parte de los "estratos medios". Así, se puede identificar una expansión de la base social de los sectores desempleados abarcando también a las clases medias. Paralelamente, como parte de las políticas de reforma del Estado de carácter neoliberal implementadas durante la década del 90, se produce la reestructuración del sistema educativo argentino en 1993 a través de la Ley Federal de Educación. Su objetivo central fue extender la obligatoriedad escolar de 7 a 10 años, bajo la premisa de que la más años en el sistema educativo garantizarían la democratización del mismo. Lo cierto es que, lejos de democratizarse, el sistema educativo se fragmentó aún más. En estos contextos de pobreza, exclusión y fragmentación educativa, asistimos al retorno del pensamiento liberal vinculado al neodarwinismo social y educativo como principal vehículo justificador de las desigualdades sociales. Éste consiste en entender y explicar la existencia de individuos ganadores y perdedores en base a su propia capacidad individual por fuera de todo proceso social. Retorna así la visión meritocrática de que quien llega es en realidad quien tiene las condiciones naturales para hacerlo. En la escuela la inteligencia se presenta como un atributo central de este proceso. En una investigación reciente un docente señala que la inteligencia “Es la posibilidad natural que tiene una persona para aprender rápidamente determinados procedimientos o análisis, es decir sin necesidad de un gran estudio” (Kaplan, 2003) En este sentido, cuando los discursos y prácticas escolares clasifican y nombran a los alumnos inteligentes, dotados, competentes y talentosos, por oposición a aquellos que no lo son, están realizando al mismo tiempo un veredicto sobre su futuro escolar y social. Así, a partir de las clasificaciones y categorizaciones que la escuela realiza de sus alumnos, los docentes realizan evaluaciones y elaboran expectativas diferenciales sobre su rendimiento y desempeño escolar. El cálculo subjetivo que estos realizan sobre las probabilidades de éxito o fracaso es una operación inconsciente que subyace, junto con las condiciones materiales y sociales de vida, a las trayectorias educativas diferenciales que obtienen en su tránsito por el sistema escolar los niños provenientes de diversos sectores sociales, grupos étnicos, género, nacionalidades, entre otros. Se crea así un efecto de destino. Es entonces a través de estos sutiles mecanismos que la escuela y los docentes legitiman, de modo no intencional, una diferencia social, tratando la herencia social como herencia natural. Y es en la no intencionalidad, en el ocultamiento y sutileza de este proceso, donde se encuentra la garantía de su eficiencia. Desenmascarar la gramática discusiva hegemónica acerca de la desigualdad y exclusión adquiere hoy una importancia singular frente al avance y al poder de interpelación de estas formas de pensamiento neoliberal. Contestar a este discurso no sólo es necesario desde la asunción de la responsabilidad de dar la pulseada que doblegue los efectos de la exclusión social, sino también, y quizás la razón más significativa, se halle en llevar esta disputa al terreno del análisis del impacto que estos discursos y prácticas ejercen sobre la producción de subjetividades. Es fundamental entender el contexto de retorno de este tipo de discursos que contribuyen a reproducir ciertos elementos característicos de la exclusión y la pobreza, particularmente en el espacio escolar. Aquí, es necesario destacar como central la participación de los docentes en la construcción de discursos alternativos, ni clasificatorios ni condenatorios, que podrían contribuir y funcionar como enérgicas herramientas en el intento de revertir la actual matriz exclusora posibilitando la construcción de procesos de subjetivación positivos. El rol docente se posiciona así como un factor clave en la democratización escolar. [1] Transformaciones orientadas a la venta o liquidación de las empresas que tenía a su cargo el Estado, a contraer la participación de éste en los servicios de salud y educación, a reducir la protección laboral con la que contaban los trabajadores, a limitar el poder sindical y descentralizar la negociación colectiva para establecer un mercado desregulado y más competitivo. [2] Las medidas devaluacionistas de principios del 2002 provocaron una caída importante del salario del promedio del 24% que en los trabajadores del Estado se sintió aun más (28%), un desempleo del 23 %, un subempleo horario demandante del 14%. La clandestinidad laboral era del 48% mientras que la sobreocupación del 42.