Impacto de la pandemia sobre mujeres en situación de vulnerabilidad

Se conocieron los resultados de la encuesta sobre el “Impacto del COVID-19 en la vida de las mujeres”, que lanzó el pasado mes de mayo el grupo que lidera la investigadora del CONICET en el Instituto de Altos Estudios Sociales – Universidad Nacional de San Martín (IDAES/UNSAM), Dra. Karina Bidaseca, en el marco de las acciones que realiza la “Unidad Coronavirus”. El informe constituye una acción conjunta entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el CONICET junto al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y cuenta con el apoyo de la Red Institucional Orientada a la Solución de Problemas (RIOSP) en Derechos Humanos del CONICET. El estudio revela la situación actual en el cual se encuentran las mujeres indígenas y afrodescendientes, trans y travestis en el contexto del COVID-19, y la oportunidad de brindar elementos para la planificación de políticas públicas para el período post cuarentena en Argentina.

El estudio -que comprendió dos encuestas en formato virtual; en el caso de los barrios vulnerables, in situ- alcanzó un universo de 2.274 encuestas. El mismo se elaboró en clave feminista interseccional con una metodología descolonial feminista situada de participación/acción. En otras palabras, el estudio concibe la vulnerabilidad estructural como una variable histórica que se exacerba durante la pandemia, en donde “las vidas de las mujeres son expuestas a violencias estructurales interseccionales vinculadas íntimamente al racismo y al patriarcalismo que portan los cuerpos racializados y sexualizados”, señala Bidaseca, como a las formas de precarización materiales, físicas, emocionales como resultado de la afectación del COVID-19.

Mujeres vulnerables o en situación de vulnerabilidad y precariedad

El estudio abarcó un universo de 2.274 mujeres cis y trans/travestis de la Argentina, de las cuales 2.135 (93,8%) son urbanas y 139 rurales y rur-urbanas (6,1%), que residen en su mayoría en las zonas de contagio del COVID-19 (1.552 en AMBA – 68,2%), por Chaco (7,4%) y Córdoba (7%).

El estudio expuso la crisis de cuidados entre las mujeres urbanas durante el confinamiento, donde el 55,1% son jefas de hogar, responsables en su mayor parte de los trabajos domésticos y de cuidados. La sobrecarga de trabajo -doméstico, de cuidados y educativos- se expresa de forma significativa en la vida de las mujeres, por ejemplo, un 92,6% se encarga de acompañar las actividades escolares de sus hijos e hijas en el período de cuarentena. Asimismo, en relación a la co-participación en el reparto de las tareas, el 54,8% respondió que, entre todas las personas de la familia que son co-responsables, las mujeres son las que trabajan más.

Si bien la muestra evidencia un alto nivel educativo (60,8% tiene estudios terciarios y universitarios completos en la encuesta urbana y un 43,9% en la encuesta rural) resulta importante observar el impacto sobre las condiciones laborales de las mujeres: el aumento de la precarización del trabajo, la pérdida de ingresos -al ser parte muchas mujeres de las economías populares, artesanas- y por las propias condiciones materiales de infraestructura de los hogares y barrios donde residen. El estudio muestra cómo estos indicadores de vulnerabilidad se incrementan por segmentación entre mujeres afrodescendientes, trans/travesti, originarias, migrantes.

Respecto a cómo la cuarentena afectó el trabajo y los ingresos en las mujeres urbanas un 20% indicó una situación de precarización laboral (ya sea, con reducción de la carga horaria del trabajo, no está trabajando y no le paga o fue despedida); el 53,6% tuvo que adaptarse a trabajar de forma virtual; el resto siguió de forma normal o no está trabajando, pero le pagan el sueldo igual.

La dificultad que más se expresó fue conseguir trabajo, viviendo de trabajo precario o “changas” entre mujeres trans/travesti, originarias, mujeres rurales, afrodescendientes y mestizas. Respecto a la percepción de algún subsidio (IFE o AUH; el Programa ATP no fue contemplado) en el marco de la pandemia, las mujeres migrantes junto con las afrodescendientes presentaron mayores dificultades en acceder a las políticas públicas y beneficios sociales y en relación con la alimentación, ha empeorado.

El estudio muestra que un 7,5% de las mujeres urbanas durante la cuarentena sufrieron alguna forma de violencia. Según las encuestadas, la percepción de las violencias de género aumentó en un 84,6%, sin que esto implique necesariamente un aumento en el número de casos de violencia.

De las mujeres rurales y rururbanas, la mayoría reside en las zonas calientes de contagio del COVID-19. Las mujeres rurales y originarias, son principalmente afectadas por la destrucción de la naturaleza, al aumento de enfermedades relacionadas con la degradación medioambiental, el impacto del cambio climático, el uso indiscriminado de productos químicos, la falta de agua potable y la imposibilidad de acceder a los alimentos.

En la mayoría de la muestra rural, las mujeres están vinculadas a actividades agrícolas (44,7%). De las mujeres rurales y originarias que participan en un colectivo comunitario u organización, un 25,9% son voluntarias y el 18% son referentes comunitarias.

En la muestra rural el 68,3% se trata de jefaturas femeninas, siendo que un 94,1% de las mujeres rurales y originarias respondieron ser las responsables del trabajo doméstico y de cuidados. En términos de brecha digital -solamente un 56,8% tiene acceso a internet desde su casa-, y se destacó la sobrecarga de trabajo en relación a la educación de sus hijos e hijas que depende de esta tecnología. En relación al acceso a los subsidios, el 22,3% recibe la AUH (Asignación Universal por Hijo) y el 20,1% recibe el IFE (Ingreso familiar de Emergencia).

Las principales dificultades son para conseguir trabajo, enfermedad por otro motivo, de acceso o continuidad de estudios y de acceso a alimentos en forma regular; asimismo, situaciones de conflictos territoriales y tenencia precaria de la tierra. Otras dificultades están vinculadas con el acceso a medicamentos y de acceso al agua potable. En términos de acceso a los alimentos, ha empeorado su alimentación.

Para las mujeres rurales y originarias encuestadas, se observó que un 18% sufrieron alguna forma de violencia de género. La percepción de las violencias de género aumentó en un 81,3%, sin que esto necesariamente represente un aumento de los casos.

Políticas públicas con perspectiva de género y anti-racista

El impacto negativo de la pandemia se agudiza sobre poblaciones históricamente excluidas desde las condiciones de género, clase, étnico-raciales o de residencia. “La matriz dominante en una sociedad se encuentra ordenada a partir de intersecciones donde género, raza, etnicidad se superponen. Por ejemplo, en el caso de las mujeres afrodescendientes se activa un mecanismo de borradura. La interseccionalidad viene a relevar lo invisible o lo que queda atado a universalidad y, por ende, homogéneo. La norma opera de modo que el imaginario ´mujer´ en singular refiere a la mujer blanca de clase media y hetero escondiéndose la colonialidad racial y de género”, explica Karina Bidaseca respecto a la idea de perspectiva de género y anti-racista.

“En el contexto de la pandemia, la casa se transformó en el mundo. La política antirracista que ancestralmente batalla desde la casa es fuente de inspiración para las resistencias actuales a extractivismos de todo tipo. La casa en las comunidades originarias, campesinas y de agriculturas agroecológicas implica una densificación de relaciones sociales, económicas, culturales, y desigualdades de género, intergeneracionales, etnicidades y raciales”, encierra.

“En mujeres rurales es importante reforzar los tejidos comunitarios -que en muchos casos constituyen el apoyo fundamental de mujeres que se quedaron sin trabajo durante la pandemia- y de generar y multiplicar políticas orientadas a la comercialización de los productos de la agricultura familiar. En el caso de las mujeres originarias, observamos sobretodo una preocupación muy grande por la violencia institucional”, expresó. Otras medidas de inclusión son para las mujeres afrodescendientes, las políticas de empleo y de protección social, como la política habitacional; para las mujeres migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, las políticas de protección social y facilidad de acceso a la documentación y los trámites de regularización migratoria durante el confinamiento; para las mujeres trans/travestis, el riesgo habitacional, ya que se han incrementado los desalojos, como el acceso a recursos institucionales.

“Una de las situaciones más complejas es el escenario de desocupación y crisis económica que puede dejar la pandemia. Creemos que es urgente comenzar rápidamente un mapeo post pandemia de la economía de los sectores populares. Garantizar la infraestructura de producción y comercialización, como mejorar la alimentación a partir de la perspectiva agroecológica”, señaló.

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