Justicia Ambiental. Saberes prácticos para la efectiva vigencia de los derechos ambientales.

CECILIA CARRIZO; MAURICIO BERGER

Narvaja Editor

Lugar: Unquillo; Año: 2010 p. 180

978-987-530-104-7

Investigar como profesores de una universidad pública y democrática un problema público en el que están seriamente afectados los derechos inalienables de nuestros conciudadanos que se auto- organizan para su defensa, nos llevó a preguntarnos por el sentido de nuestra práctica de investigación. Así llegamos a contemplar que además de su faz crítica, nuestro trabajo debía desarrollar también la faz constituyente del pensamiento, su contribución a una deliberación pública que prefigure colectivamente una sociedad más justa.     Desde la faz crítica de nuestro proyecto hemos podido constatar que a pesar del rango constitucional otorgado a la protección del ambiente y a los derechos colectivos e intereses difusos y de las leyes que establecen responsabilidades y procedimientos, es evidente la situación de vulneración de los mismos por la existencia de graves problemas de contaminación ambiental en el país. Frente a ellos, desde los poderes del estado se destacan, aunque en escaso número y más escasa eficacia aún, acciones destinadas derogar, crear y/ o modificar legislación, acciones destinadas a lograr la expresión de la comunidad local en el tema a través de formas institucionalizadas tales como el plebiscito, acciones destinadas a sancionar a los responsables de la situación contaminante, entre otras. En el espacio público ciudadano por su parte, se destacan acciones dirigidas a generar legislación, acciones destinadas a lograr la expulsión de las empresas contaminantes, acciones destinadas a la construcción de redes para enfrentar los problemas generados por la contaminación, etc.. A pesar de su relevancia como iniciativas de una ciudadanía que participa en la defensa ambiental, también presentan límites frente a lo que está en juego, la vida y la salud de habitantes y ciudadanos. En este contexto de problematización de los límites y posibilidades de la acción política, el concepto Justicia Ambiental constituye para nosotros la posibilidad de un espacio común, en tanto a) no restringe la justicia a la administración de justicia del sistema oficial de autoridad, el quién de la justicia se expande incorporando la pluralidad de voces que intervienen en la resolución de un problema público; b) no restringe la justicia a la aplicación de una ley a un caso particular, el qué de la justicia aquí refiere a una pluralidad de prácticas dirigidas reestablecer lo dañado en una forma de vida; c) no restringe la justicia a una serie de procedimientos dirigidos a reparar y resarcir el daño, sino que incluye acciones de denuncia, de generación de marcos, de prevención, de reparación, de educación, entre otros. La legitimidad de la realización de la justicia en una asociación política sostiene e impulsa, garantiza iniciativas democráticas. En este marco el Seminario pretendió entonces promover el encuentro entre las concretas  prácticas de ejercicio, defensa, reconocimiento  y garantía de derechos que tienen lugar hoy en nuestra sociedad, promover el diálogo de experiencias y aprendizajes en pos de un sentido compartido de justicia. Agradecemos la participación en este Seminario a Vita Aylon y Marcela Ferreira, Madres de Barrio Ituzaingó Anexo, a la Cooperativa La Minga de Oncativo (Provincia de Córdoba); a Alicia Rópolo de la Asociación Voz Ciudadana de San Francisco (Provincia de Córdoba), a la Concejal Maria Teresa Blengino de Ferrero del Municipio de San Francisco; a Luciana Moreno y Pablo Rivero de la Asociación, Semillas del Sur del Valle de Calamuchita, al Concejal Alejandro Ferreyra del Municipio de Villa Gral. Belgrano (Provincia de Córdoba), a Clara Díaz de la Asamblea de Famatina (La Rioja); a Gustavo Spedale de la Coordinadora Córdoba en Defensa del Agua y la Vida (CCODAV) (Córdoba Capital); al Dr. Darío Avila, Asesor letrado de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Córdoba; al Dr. Enzo Di Tella, Defensor Oficial Corrientes; al Dr. Aníbal Falbo, Coordinador de la Clínica Jurídica Ambiental Universidad Nacional de La Plata; al Dr. Mariano Aguilar, Director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas; al Fiscal Carlos Matheu, Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Córdoba; al Fiscal Federal Dr. Gustavo Gomez de la UFIMA NOA y al Fiscal Federal de la ciudad de Córdoba, el Dr. Gustavo Vidal Lascano. Encontrarán en esta publicación los trabajos que nos enviaran la mayoría de los asistentes, presentaciones que exponen los marcos desde donde realizan sus prácticas de ejercicio, defensa, reconocimiento y garantía de derechos, las concretas formas que asumen, así como los problemas con las que se encuentran. Saberes de la acción, saberes prácticos como los denominamos, que consideramos contribuirán a fortalecer la inteligencia pública en nuestra sociedad para una efectiva resolución democrática de los problemas ambientales que haga justicia a los afectados.