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La ley 9182 (La ley de jurados) fue sancionada ensetiembre del 2004 y el 1° de Enero de 2005 entró en vigencia, en un contexto histórico, tanto nacional comoprovincial, en el que se sancionaron leyes y se implementaron una serie demedidas que responden a un paradigma represivo de política de seguridad. El hecho másrelevante de este período lo constituye el caso Axel Blumberg, un joven que había sido secuestrado yposteriormente asesinado por sus captores en marzo de ese año. Este hecho cobrótal estado público y conmoción social, que convirtió en un referente mediáticoy político a su padre, Juan Carlos. Éste se convirtió en un portavoz de un heterogéneo reclamo de mano dura impulsando la ?Cruzada Axel?, que consistía masivas movilizacionescallejeras en casi todo el país, apoyando un petitorio de reformas presentadotanto en el Congreso de la Nación como en otras instituciones públicas. Básicamenteproponía un endurecimiento penal: aumentar las penas, bajar la edad de deimputabilidad, trabajo ?forzado? en las cárceles, etc. Comorespuesta a las masivas movilizaciones, el Poder Ejecutivo Nacional proclamó unPlan Integral de Seguridad, dado a conocer el 19 de abril y en tiempo record, el Congreso de la Nación sancionó leyes que cumplíancon seis de los siete reclamos manifestados en el petitorio[1]. Asimismo, si bien no fue incluido en el petitorio, la necesidad deestablecer el juicio por jurados también fue un reclamo de Blumberg y en setiembrede ese año se retomaron los debates parlamentarios sobre este tema. Tal cual loanunció el entonces Ministro de Justicia, Horacio Rossatti, este proyecto formaparte de la reforma judicial que fue anunciada en el marco del Plan Integral deSeguridad y ?de los reclamos de Juan Carlos Blumberg?[2]. Incluso transcurridos ya algunos años desde la Cruzada, enoctubre del 2013, luego de un intentofallido de ser candidato a diputado nacional, donde quedó afuera en las PASOtras cosechar un magro 1 por ciento de votos, Blumberg en una entrevista paraun conocido matutino porteño sostiene dos propuestas centrales: la creación deljuicio por jurados para la ciudad y un registro de ADN para todos los detenidosen la ciudad por hechos delictivos. Reafirma su convicción acerca de la figuraremitiéndose al funcionamiento en Córdoba[3], probablemente sin conocerdemasiado sobre su implementación. [1] La Ley 25.882 (sancionada el 14 de abril de 2004), quemodificó el artículo 166 del Código Penal, en la que se reprime la portación dearmas con pena de prisión no excarcelable; la Ley 25.891, que estableció que lacomercialización de la telefonía celular móvil podrá realizarse, únicamente, através de las empresas autorizadas. (sancionada el 28 de abril de 2004); la Ley25.892 (sancionada el 5 de mayo de 2004), que modificó el artículo 13, 14 y 15respecto al beneficio de Libertad Condicional para los casos de delitos deprisión perpetua considerados aberrantes; la Ley 25.893 (sancionada el 5 demayo de 2004) que incrementaba las penas para homicidios y violaciones seguidasde muerte; y se modificó el artículo 55 del Código Penal, al fijar el tope de50 años de prisión o reclusión para los responsables de distintos delitosconcurrentes (aprobado por el 18 de agosto de 2004). Se corrió vistas alMinisterio de Economía para la adopción de un sistema de documentaciónpersonal, DNI, que impida su falsificación o adulteración, similar alimplementado en los pasaportes (hoy vigente) y se incluyó para ser tratado enel Régimen penal de menores (un sistemaintegral que contemple no sólo las penas sino la rehabilitación de los jóvenes,con el que se derogó la ley de Patronato), lo relativo al tema de la baja de laimputabilidad.[2] Fuente: http://www.parlamentario.com/noticia-3408.html[3]?Lo hicimos en Córdobay funciona muy bien. Ya hubo más de 300 juicios. Hay que convencer a la mayoríade la Legislatura para que lo trate? (fuente: http://www.lanacion.com.ar/1631039-juan-carlos-blumberg-tendria-que-haber-un-servicio-social-en-los-cuarteles-por-2-anos).