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La consideración conjunta de dos situaciones de conflictividad social en el último quinquenio permite una aproximación a procesos tanto políticos como socioculturales. A poco de asumir en diciembre de 2015 el gobernador de Jujuy Gerardo Morales tomó las primeras medidas para desarticular las organizaciones sociales e impedir su presencia en las calles y las rutas. La municipalidad de la Capital inició una política muy agresiva de restricción del uso del espacio urbano, aumentando la persecución contra los vendedores/as ambulantes y las ferias informales. Las formas de intervenir, regular y administrar los usos del espacio pùblico y el policiamiento de la sociedad cambiaron cualitativamente en el contexto regresivo que se abrió la Argentina a partir de la llegada del gobierno neoliberal de Mauricio Macri. Con una densidad política obviamente diferente, ambas situaciones no sólo tienen en común la violencia y la dudosa legalidad de las acciones gubernamentales contra los militantes sociales y los vendedores ambulantes. Estos no solamente comparten el perfil de clase y en gran medida el origen sociogeográfico de la población que abarcan sino que fueron objeto de prácticas y discursos de odio y rechazo virulentos. Las políticas públicas los recortan de forma diferente en tanto miembros de organizaciones de desocupados o de cuentapropistas de subsistencia pero los atributos que se les asigna tienen un núcleo compartido de atributos ?morales? y étnico-nacionales. Estos conflictos implicaron prácticas de odio y rechazo hacia grupos y categorías centrales en las formaciones de clase y etnicidad en la fronteriza provincia de Jujuy. Su consideración conjunta permite aportar al análisis de la reconfiguración de actores y escenarios políticos así como a una reflexión sobre uno de los locus de producción de construcciones identitarias.