La inclusión, la responsabilidad y la ética educativa.

CARLOS SKLIAR; PABLO GENTILI; FLORENCIA STUBRIN

Voces de la alteridad de las diferencias

Universidad Autónoma de México

Lugar: México; Año: 2008; p. 3 - 28

No cabe duda que se ha avanzado muchísimo en el reconocimiento jurídico o en la existencia misma de un sistema jurídico adaptado, criterioso, justo, apropiado a la situación mundial de las personas con discapacidad. Este es un primer dato interesante, pues permite revelar en qué medida los lenguajes jurídicos atienden o reflejan, desde su lenguaje y su estructura, esto es, desde su propia fisonomía, desde su proclamación permanente, esta cuestión en particular. Ha habido, en nuestro contienente, niveles de financiamiento relativamente escasos y que no se relacionan en forma directa con el contenido y las pretensiones de los textos jurídicos relativos a la inclusión. Está claro que la cuestión del financiamiento para políticas públicas en educación debe ser objeto de una cuidadosa discusión. Sin embargo, es posible afirmar que la mayoría de los países han tenido y tienen todavía ciertos recursos en este sentido, pero sólo han sido utilizados para implementar mecanismos parciales e insuficientes de formación y capacitación docente. Hay un bajísimo porcentaje de población de personas con discapacidad en edad escolar que están efectivamente dentro del sistema educativo, independientemente de si este sistema plantea una división tajante entre educación especial y educación común o si realiza una matrícula única en el sistema general de enseñanza. No existen, al menos por las informaciones aquí recabadas, proyectos de seguimiento, de acompañamiento de los proyectos de inclusión de las personas con discapacidad en el sistema educativo. O, dicho de otro modo, de un modo quizás más saludable, no existe una compañía de la vida escolar para esta población.