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Análizamos el programa educativo de la Provincia de Mendoza a fines del siglo XIX expresado en el periódico El Instructor Popular (1884-1886). Dicho análisis tiene como fin identificar la fundamentación jurídica del citado programa, no en términos del entramado legal que lo habilita, sino de los modos en que éste es percibido por sus teóricos y funcionarios como un dispositivo de ampliación del proceso de reconocimiento de derechos. Esto último exige la indagación acerca de las matrices teóricas, las prácticas sociales promovidas y las formas de enunciación desplegadas por el discurso educativo provincial en las postrimerías del siglo XIX vinculadas a al señalado reconocimiento de derechos. Un criterio para determinar las formas de apelación a la universalidad del derecho a la educación como una instancia que funge como operadora de otros derechos es la particular modalidad de representación de las formas de subjetividad subalternas referidas, en términos de su presencia o ausencia en el sistema educativo, por el discurso político-pedagógico. En esta línea la educación no es, sin más, la concreción de un derecho, sino también una práctica que activa u obtura el reconocimiento de las demandas de sujetos subalternos potencialmente cristalizadas como derechos. El análisis de la fundamentación jurídica de la política educativa remite a una constelación de conceptos que poseen en común una cierta referencia al carácter universal del atributo que se intenta consagrar. Así, conceptos como ciudadanía, igualdad, nación, sociedad, etc., constituyen núcleos en torno de los cuales podemos caracterizar las fuentes teóricas, las prácticas educativas asumidas como formas de interpelación social y subjetiva y el lugar de enunciación del discurso político-educativo en Mendoza en las últimas décadas del siglo XIX.