Mesa de trabajo para la revisión del Plan Director de la Política Penitenciaria

En los días 1 y 8 de agosto, se realizó la mesa de trabajo “Revisión del Plan Director de la Política Penitenciaria Nacional” que tuvo lugar en las instalaciones de la sede central del CONICET. Esta mesa estuvo integrada por científicos del CONICET abocados a temáticas relacionadas con el ámbito carcelario, por docentes e investigadores de la Universidad Nacional de San Martín y por personal superior retirado del Servicio Penitenciario Federal (SPF). A todos ellos los une una vasta experiencia de trabajo (científico o empírico) en contextos de encierro; la preocupación por la situación precaria de las cárceles en Argentina y el interés por mejorar las condiciones generales del sistema penitenciario del país.

La reunión que cuenta con el apoyo del programa Ciencia y Justicia del CONICET tuvo como objetivo discutir y examinar el Plan Director del 95 para proponer una agenda actualizada y consensuada en torno a la política penitenciaria nacional. Estuvo enfocada en las siguientes áreas: legislativa y reglamentaria, arquitectura penitenciaria, tratamiento, formación y capacitación del personal penitenciario e integración sectorial, nacional y regional.

“Esta mesa de trabajo surgió a partir de la preocupación que veníamos teniendo algunos actores ligados al campo penitenciario”, cuenta Natalia Ojeda, antropóloga social del CONICET que estudia la inclusión social de personas privadas de la libertad y liberados de  las cárceles federales en el Núcleo de Estudios Socioculturales sobre el Derecho y sus Instituciones (NESDI). “Hace tres años comenzamos a juntarnos con un grupo de inspectores generales retirados con quienes compartíamos preocupaciones con respecto a la situación actual de las cárceles. Decidimos trabajar con el Plan Director porque reconocemos que constituye un hito para la política penitenciaria nacional”.

“Coincidimos en identificar al Plan Director como uno de los instrumentos realmente serios que se elaboraron y que fueron pensados desde una mirada largoplacista en relación con la política penitenciaria”, agrega Andrea Lombraña que también integra el grupo interdisciplinario NESDI y trabaja en el Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES, CONICET – UNSAM). “Este plan contempla el trabajo penitenciario de manera integral y no solo como una política destinada a la seguridad. Concibe al Estado como el responsable por esa población privada de su libertad, que tiene la obligación de trabajar para su inclusión”.

A partir de esta mesa de trabajo, los especialistas técnicos elaborarán un documento que contemplará la revisión del Plan Director para poder ofrecer esta herramienta de intervención y gestión a funcionarios decisores. En palabras de Andrea Lombraña: “La idea es revisarlo y proponer un documento consensuado entre todos los actores presentes, con propuestas concretas que manifiesten un programa de acción imprescindible en un contexto crítico que no puede esperar y no admite improvisaciones”.

El aporte desde la experiencia

Entre los participantes el encuentro, se contó con la presencia de Julio Enrique Aparicio quien desempeñó los cargos de Subsecretario y Secretario de Estado de Política Criminal y Penitenciaria de la Nación entre 1994 y 1999. Como experto en criminología y en servicio social, fue uno de los autores principales del Plan Director.

“Cuando el Estado dispone mediante dispositivos legales la privación de libertad de una persona, se encuentra obligado a atender un número de circunstancias: el alojamiento digno, la alimentación correcta y la atención de la salud”, expresó. Sin embargo, alertó que, en términos generales, en Argentina y en muchos países del mundo esto no ocurre en la mayoría de los casos. “El Estado tiene que garantizar un mínimo de condiciones para respetar los derechos como persona, más allá de la condena. No se puede readaptar o resocializar si hay internos que no duermen en un alojamiento en condiciones mínimas de decencia”.

Según Aparicio, el Plan Director marcó un camino ideal a sabiendas de que no era factible en aquel momento. “El fondo de toda esta cuestión es el tratamiento. Nos olvidamos que el fin de la ley punitoria es recuperar al hombre, pero hoy se sigue hablando del castigo”. Hizo referencia al artículo 18 de la Constitución Nacional que declara: “Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas. Con ese castigo, la persona sale en condiciones peores que las que entró y comete nuevos delitos”, afirmó.

Otro de los presentes fue Raúl Sánchez, un inspector general retirado quien estuvo ligado al diseño de la política penitenciaria durante su carrera.  Para él, esta revisión o evaluación del Plan Director se realizará no sólo desde un enfoque teórico sino también con aportes empíricos. “En esta reunión, veo cómo distintas disciplinas científicas se conjugan con la experiencia penitenciaria y ambos enfoques se enriquecen mutuamente”, manifestó.

“Para mí, esta mesa marca un inicio muy importante. No es una reunión de trabajo que va a pasar desapercibida, sino que va a tener implicancia en el futuro penitenciario. La sociedad está esperando políticas de Estado en materia penitenciaria que se sostengan en el tiempo y que tengan como visión las normas internacionales sobre derechos humanos, que ya marcaron un horizonte hace mucho tiempo y de cuyos postulados muchas veces nos alejamos”.