El trabajo en tiempos del COVID-19

La irrupción del coronavirus a nivel mundial trastocó la organización del trabajo tal como se conocía. En muchos casos, quienes no cumplían tareas esenciales se reconvirtieron, casi compulsivamente, en teletrabajadores. Para otros –quizá los más perjudicados-, el empleo quedó en suspenso. Todos los rubros sufrieron transformaciones: por eso, pocos días después de declarado el Aislamiento Social  Preventivo y Obligatorio (ASPO),  Claudia Figari, directora del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL) e investigadora principal del CONICET, decidió relevar qué había ocurrido en el mundo del trabajo entre abril y mayo pasados. “Fue una idea desafiante –asegura Figari-, pero sentimos la necesidad de hacer este aporte desde nuestros saberes acumulados”.

El CEIL es un instituto que desde hace casi cincuenta años está volcado a estudiar las cuestiones sociolaborales: trabajadores, trabajadoras, mercados de trabajo, empresas, sindicatos, conflictividad laboral, reestructuración productiva, creencias y subjetividades de la ciudadanía, entre otras problemáticas. Por sus estudios previos, las y los científicos que lo conforman tenían contacto asiduo con referentes de cada industria. Por eso, desde su propio aislamiento, y a través de plataformas como Zoom o WhatsApp, decidieron consultar a esos referentes, para confeccionar una serie de informes sobre las distintas industrias y sectores del empleo.

Nueve informes

“Quisimos hacer una serie de publicaciones más cercanas a la divulgación y a la vinculación que a la producción académica, con evidencias empíricas y articuladas con nuestras investigaciones, sometimos los informes a un referato interno”, explica Figari, Coordinó la tarea de más de una treintena de profesionales: investigadores e investigadoras, becarios y becarias y personal de la carrera de personal de apoyo. “El objetivo fue tomar una especie de foto de cómo se veían afectados diferentes sectores productivos, las consecuencias del ASPO, y las readecuaciones: las implicancias que se produjeron en los diferentes procesos productivos, en las condiciones de trabajo y en la organización del trabajo en los territorios”.

Relevaron industrias que fueran contrastantes, cotejaron distintas realidades –de trabajos esenciales, como el agro, y también no esenciales-, en empleos formales e informales, analizaron tanto las medidas tomadas como los protocolos dispuestos, complementaron con datos estadísticos y de contexto. “El resultado fueron nueve informes, que ponen en evidencia la situación de los sectores e incluyen recomendaciones nuestras, a partir de cómo vimos que se está viviendo la situación en las distintas actividades”, acota Figari.

Sobre los principales hallazgos de estos trabajos, señala que “la situación es muy complicada e incierta, como sucedió en otras pandemias de siglos atrás. Antes los trabajadores no tenían derechos ni estabilidad. Ahora la situación es diferente, aunque sigue habiendo un conjunto más que importante de trabajadores y trabajadoras informales con problemas de nutrición. Otra cuestión es el teletrabajo, que no es algo nuevo, pero nunca se expandió como ahora. Hay que tener en cuenta que al estrés de la pandemia, se suma un estrés por esta nueva situación de teletrabajo, en la que es difícil desconectarse. Esto es algo inédito, excepcional, de emergencia sanitaria mundial, que interpela a un nuevo orden mundial. También se intensificaron y agudizaron situaciones de precariedad que ya existían”, agrega.

Trabajadores migrantes del agro

Uno de los informes se centra en la situación de los trabajadores migrantes del agro, una de las actividades esenciales que siguió habilitada una vez declarado el ASPO. Esta actividad, según se señala en el informe -se centró en la situación de los trabajadores migrantes de Santiago del Estero: unos 25 mil trabajadores rurales en total- lleva, intrínsecamente, la movilidad entre provincias como una condición necesaria para que los trabajadores accedan a trabajar. Eso, ante la imposibilidad de traslados interprovinciales, significó uno de los principales problemas del sector.

Cuando se decretó el aislamiento social, los cultivos que estaban en período de cosecha y a los que viajó la mano de obra santiagueña fueron: el olivo (La Rioja, Catamarca, San Juan), la pera y manzana (Río Negro y Neuquén), la papa (Buenos Aires y Córdoba) y la desflorada de maíz (Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba). “En ese momento, detectamos situaciones de trabajadores imposibilitados de regresar a sus lugares de origen al cerrarse la circulación del transporte público. Las restricciones distritales impactaron en la posibilidad de movilizar trabajadores para la cosecha. Frente a esto las empresas recurrieron a la contratación de trabajadores locales (con escasa experiencia en la actividad); asimismo, en algunos cultivos como la papa con presencia de migrantes residentes en la zona, ocupados en otros sectores como el turismo, se volcaron al trabajo de cosecha al verse restringidas sus actividades. En el caso del olivo, los trabajadores que se encontraban en la cosecha de aceituna de mesa al verse imposibilitados de regresar a sus hogares se orientaron a la cosecha de aceituna industrial dentro de la misma provincia, permaneciendo más tiempo en destino”, señala Mariela Blanco, socióloga e investigadora del CONICET y una de las autoras de este informe.

Esta situación, agrega Blanco, “profundiza la tradicional vulnerabilidad social y laboral de estos trabajadores. Dado que esta situación se extenderá en los próximos meses, es fundamental que los organismos públicos nacionales, provinciales y municipales garanticen a esta población la protección social y el acceso al trabajo bajo condiciones seguras para su realización”.

Industria del software

La industria que más se benefició con el ASPO fue la del software. La crisis suscitada por el COVID-19, según el informe del rubro, fue una oportunidad de crecimiento inusitada para las empresas emergentes, las economías de plataforma y para la consolidación de las empresas líderes del sector, crecimiento que se dio a través de evidenciar las potencialidades de la tecnología frente a la pandemia. “Las empresas vinculadas a las llamadas economías de plataforma dinamizaron un discurso que coloca a la tecnología a la vanguardia de la lucha contra la pandemia. La virtualización de la vida se presentó, de hecho, como la solución frente a la pandemia”, indica Hernán Palermo, sociólogo, investigador del CONICET, y uno de los autores del informe.

El teletrabajo generó un incremento en la intensificación del trabajo, “ al mismo tiempo tensionó la dinámica cotidiana: configuró, por ejemplo, situaciones de tensión frente a las tareas de cuidado, las que son particularmente llevadas a cabo por las mujeres”, remarca Palermo. Y agrega que el teletrabajo en este sector, como sucedió en otros rubros, extendió la jornada laboral durante todo el día: “Se intensificaron las actividades por la extensión de jornada y también por pequeños momentos de conectividad que hacen que el flujo de trabajo sea intermitente pero acumulativo”. A pesar de ello, según el informe, entre los y las trabajadoras, las empresas e incluso los sindicatos de la industria del software, el teletrabajo encuentra una gran legitimidad.

Situación de delegados y delegadas sindicales

Otro de los informes abordó la situación de los delegados y delegadas sindicales de dieciséis provincias, en cuatro grandes rubros económicos: industria, servicios, comercio y sector público. El equipo científico a cargo confeccionó un indicador especial para medir la situación de estos trabajadores: un “índice de vulnerabilidad laboral (IVL)”, tomando en cuenta la organización del trabajo, los cambios en las remuneraciones y la estabilidad laboral. “Con ese índice buscamos conocer cuál es la situación general de cada sector frente a esta crisis inédita”, explica Patricia Ventrici, socióloga del CONICET y una de las investigadoras que colaboró en  el informe.

“Los resultados del relevamiento –subraya Ventrici- muestran que en el primer momento de la crisis acaecida por la pandemia, un 65 por ciento de trabajadores y trabajadoras encuestados se encontraban en un creciente riesgo de vulnerabilidad laboral, y un nueve por ciento afectado por la pérdida del empleo. De la misma forma, el 90 por ciento de los y las delegadas dieron cuenta de una fuerte desregulación del trabajo, caracterizada por disminuciones salariales, suspensiones, licencias y cambios en la jornada laboral. En el análisis por sector, en la industria es donde más vulnerabilidad aparece, con despidos, desregulación y suspensiones, seguida por la actividad de comercio. En muchos casos, se encuadran dentro de lo que podemos denominar como PyMES o cuentapropismo, segmentos tradicionalmente más afectados por  la pérdida de puestos laborales, las fluctuaciones del mercado y la concentración de los sectores económicos”.

A pesar de la prohibición de despidos establecida por el gobierno nacional, según consigna el informe, ya en el primer mes un 4,2 por ciento de los encuestados declaró que en los establecimientos donde desempeñan su actividad gremial, los despidos se llevaron a cabo. Y un 15 por ciento indicó que sufrieron disminución salarial. Finalmente, al indagar acerca del miedo al contagio en los lugares de trabajo, registraron que una gran mayoría afirmó tener “bastante” o “mucho miedo” al contagio en el ámbito laboral, evidenciando que ese espacio se representa -en la percepción de delegados y delegadas- como un ámbito cargado de riesgo. En un último punto, relevaron el nivel de aceptación de las medidas sanitarias tomadas por el gobierno que, en el momento en el que se realizó este informe –meses de abril y mayo-, fueron como consideradas entre “buenas” y “excelentes” por un 95 por ciento de los y las trabajadoras que respondieron nuestra encuesta.

Situación general del agro

Otro informe relevó la situación de la producción general de bienes agropecuarios y de alimentos. Un sector considerado como “esencial” desde el comienzo del ASPO. Si bien el informe que generaron del sector se centró sobre la cadena de producción del limón de la provincia de Tucumán, sus resultados, según señalan sus autores, son extensivos a otras producciones agropecuarias con características similares.

“La cadena productiva del limón está fuertemente orientada hacia el mercado externo. El grueso de sus trabajadores es temporario. Frente a la contingencia de la COVID-19, la cadena de producción del limón resolvió rápidamente la elaboración y puesta en práctica de protocolos, con una celeridad vinculada al hecho de que al tratarse de una producción globalizada cuenta con antecedentes en la aplicación de protocolos sanitarios, comerciales y de calidad de producción. Sin embargo, a partir de la realización de nuestro informe, registramos ciertas dificultades que surgen para su aplicación, sobre todo en el espacio laboral de las tareas del campo, especialmente en cuanto a garantizar las condiciones de transporte de las y los trabajadores desde sus hogares hacia las fincas, en el distanciamiento entre trabajadores en los espacios laborales y en las restricciones del acceso a elementos de protección y prevención de la enfermedad (alcohol en gel, barbijos, jabón). También es importante señalar la ausencia de comisiones de higiene y seguridad en donde las y los trabajadores puedan denunciar irregularidades en el cumplimiento de los protocolos”, señala Alfonsina Alberti, antropóloga volcada a lo rural, investigadora del CONICET y una de las autoras de este informe.

Los autores y autoras también pusieron de relieve las condiciones de pobreza y precariedad habitacional que afectan a los hogares de trabajadores agrícolas, que viven en zonas rurales y periurbanas, cuya vulnerabilidad aumentó durante la pandemia.

Asalariados en pandemia

¿Qué sucedió con aquellos trabajadores en relación de dependencia, una vez decretado el ASPO? Según el informe confeccionado sobre el sector de trabajadores asalariados, el 30,3 por ciento de los trabajadores que realizaron tareas de carácter virtual sufrieron una fragilización de las condiciones de trabajo: incremento en la carga de tareas, aumento en el tiempo de trabajo y rebaja en el salario o mantenimiento del mismo salario. “Del total de trabajadores y trabajadoras relevados el 45 por ciento ha visto fuertemente alterada la jornada (trabajó más horas, poca previsión en la conclusión de la jornada de trabajo y desarrollo de actividades fuera del tiempo estipulado), con las consecuencias que ello tiene en la organización entre el tiempo productivo y reproductivo”, subraya Juan Montes Cató, investigador del CONICET, especialista en sociología del trabajo, y también coautor del informe. Además, como dato saliente, el 26, 9 por ciento sufrió un proceso de reconversión al teletrabajo en condiciones de improvisación: sin experiencia previa en el uso de esta modalidad; sin capacitación en la gestión de plataforma, recursos y adecuaciones; y sin la provisión por parte de la empresa/institución de medios informáticos.

Industria automotriz

Una vez decretado el ASPO, las y los trabajadores de la industria automotriz, según se relevó en el informe destinado al rubro, comenzaron a trabajar con una modalidad intermitente, con cronogramas para alternar la presencia en días diferentes de la semana. “Se los habilitaba a ingresar al espacio de trabajo unos días y luego ese permiso quedaba deshabilitado hasta nuevo aviso. Más allá de este sistema de cuidados, que se sumó a otros tantos (como elementos de desinfección, escasa o nula circulación de personas en las plantas, ingresos segmentados y coordinados, prohibición de cubrir suplencias, activación de diversos protocolos de prevención, etc.), lo cierto es que esta situación generó cierta desorientación entre los trabajadores en la medida en que las comunicaciones ya no eran presenciales ni a través de las pizarras informativas, sino que se realizaban mediadas tecnológicamente. Esto terminó provocando en muchos casos confusión, incluso inseguridad, entre los trabajadores”, explica Ana Drolas, politóloga, investigadora del CONICET y una de las autoras del informe.

Además, en este sector existieron modificaciones salariales que variaron en cada caso. “Si bien se respetó el sostenimiento de los haberes sin descuentos, para los trabajadores pertenecientes al grupo de riesgo, al resto del personal (en la primera fase del ASPO) se lo suspendió con el 75 por ciento del salario, volviendo a percibir el salario completo al reiniciarse las actividades en las fases siguientes. Y existieron descuentos ´indirectos´, sea por pérdida del pago del presentismo o por la pérdida de los ingresos variables (fruto de cálculos internos que estipula cada empresa)”, señala Drolas.

 Industria metalífera 

En el informe sobre la industria metalífera se consigna que, a raíz de la pandemia, se planificaron e implementaron una serie de protocolos sanitarios entre el Estado Nacional y los Estados Provinciales a través de los ministerios o secretarías de Minería, las empresas mineras (y sus cámaras patronales) y los trabajadores mineros, por medio de sus sindicatos. “Esos protocolos obligan al distanciamiento físico y proponen una metodología de ´sectorialización´ espacial de los trabajadores por grupos de trabajo. Es decir, los trabajadores mantienen cercanía en los campamentos y las minas sólo con sus compañeros del mismo grupo de trabajo, evitando otros compañeros de diferentes grupos dentro de la mina. Si bien esta serie de protocolos evitan una mayor circulación, también reducen las posibilidades de socialización de los trabajadores mineros, quienes por su trabajo, de por sí, ya experimentaban habitualmente una distancia física por períodos de 14 días respecto a sus familiares o amigos fuera de la mina”, señala Lautaro Clemenceau, sociólogo y becario del CONICET, también coautor.

En cuanto a las tareas que habitualmente se realizaban en oficinas cercanas a las minas, el informe especifica que se implementó el trabajo remoto, en localidades fuera de los yacimientos, y que eso trajo ciertas dificultades relacionadas con el teletrabajo en el hogar: “La extensión de la jornada de trabajo, el solapamiento con las tareas en los hogares, el uso de la internet utilizando una débil infraestructura de conectividad urbana que contrasta con la infraestructura tecnológica de avanzada en la mina, entre otros”, especifica Clemenceau.

“A su vez –completa-, identificamos algunos conflictos salariales y reclamos de los trabajadores en torno a las nuevas disposiciones y acuerdos firmados entre sindicatos y empresas mineras, percibiendo en lugar de su salario habitual, una ´compensación no remunerativa por aislamiento´. En este sentido, alrededor de un 10 por ciento de los mineros residen en localidades fuera de la provincia (y en algunos casos, en el extranjero) donde se sitúa el yacimiento en el cual trabajan. Estos han tenido dificultades para movilizarse hasta las minas dado que en varias provincias, como en San Juan, las autoridades estatales han restringido el acceso e impuesto cuarentenas obligatorias de quince días para los que ingresen a la provincia, perdiendo así la totalidad de sus días de trabajo y teniendo que retornar a sus lugares de residencia habitual”.

 Industria de la construcción

“La construcción fue uno de los sectores (sino el sector) más perjudicados por la pandemia”, advierte Álvaro del Águila, antropólogo, investigador del CONICET. “La caída del empleo fue enorme y son muy reducidas las tareas que pueden encararse de forma remota, por la propia naturaleza de la construcción”.

En términos generales, según plantea el informe, en el que se entrevistaron trabajadores por cuenta propia, personas a cargo de PyMES, profesionales independientes, miembros

de cooperativas de trabajo y trabajadores asalariados entre marzo y abril, la pandemia agudizó vulnerabilidades y precariedades que le eran preexistentes al rubro. “Se trata de un sector caracterizado por una alta informalidad y eso fue profundizado por la pandemia. Pero sin dudas, lo que destaca es la significativa pérdida de empleos registrados y no registrados”, resume del Águila.

Uno de los mayores desafíos que manifestaban las cadenas de producción de esta industria, registrada en el informe, es la necesidad de implementar nuevos protocolos y la necesidad de “adaptar” las tareas y espacios de trabajo para posibilitar un retorno gradual del rubro. “Se señaló aquí el enorme desafío que implicará a futuro la transformación de ciertos hábitos y formas de trabajar”, se desprende del trabajo desarrollado por el equipo del CEIL.

Trabajadoras de casas particulares

También fue tratada la situación de las trabajadoras de casas particulares. Así pudieron saber que seis de cada diez trabajadoras vio empeorar su situación laboral a partir del ASPO: “Quienes más vieron empeorada su situación fueron las trabajadoras no registradas, empleadas en negro. Casi la mitad de las trabajadoras que respondieron la encuesta no tienen ningún ingreso extra más allá de su salario por su trabajo. En muchos de los comentarios, las  trabajadoras vincularon el miedo con la posibilidad de perder el trabajo antes que por el riesgo a contagiarse coronavirus”, especifica Hernán Palermo.

Las expresiones de bronca o alusiones a lo injusto entre las trabajadoras del sector, según se indica en el informe, suelen estar destinadas a los empleadores y empleadoras. “El 55 por ciento de quienes respondieron la encuesta cobraron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), y un 15 por ciento no sabe cómo tramitarlo. Y un dato importante es que, durante abril y mayo, solo el 30 por ciento de las trabajadoras que respondieron realizaron la cuarentena en sus casas y cobraron el salario tal como corresponde por ley”, resume Palermo.