El derecho internacional más allá de los cielos

El 4 de octubre de 1957, la URSS lanzó con éxito el Sputnik I, el primer satélite artificial en llegar al espacio ultraterrestre. Este hecho marcó el inicio de la carrera espacial que tuvo como protagonista a ese país y a EE.UU. y duró hasta mediados de los ’70. A partir de ese interés por explorar el espacio ultraterrestre, es decir el espacio más allá del aéreo y que comenzaría a partir de aproximadamente 100 km de la superficie de la Tierra aunque aún no se haya acordado una cifra precisa a nivel intergubernamental, surgió la necesidad por regular las actividades que allí se realizaran.

En el espacio ultraterrestre rige un sistema de libre exploración y utilización para todos los Estados. En 1967 un grupo de estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) firmaron el Tratado del Espacio Ultraterrestre que prohíbe la apropiación nacional por reclamos de soberanía y la apropiación privada del espacio, la Luna y otros cuerpos celestes. Hoy día son más de un centenar estados firmantes. A este Tratado, que establece principios generales con fuerte acento en la cooperación internacional, siguieron otros cuatro acuerdos que aun siguen vigentes. En 1968 se reguló el tema del rescate de astronautas y la devolución de objetos espaciales caídos en extraña jurisdicción; en 1972 se adoptó el Tratado sobre Responsabilidad Internacional por daños causados por actividades espaciales; en 1975 se legisló sobre el registro de objetos lanzados al espacio; y en 1979 se aprobó el Acuerdo de la Luna.

Más recientemente, la modalidad de las ONU fue la de elaborar Principios muchos de los cuales reflejan la costumbre internacional en este campo. En 2011 los estados miembros del Consejo de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) de la ONU adoptaron las “Normas de Arbitraje para la Solución de Controversias relativas a Actividades en el Espacio Ultraterrestre” para cubrir vacíos dejados por los Tratados anteriores en materia de empresas privadas que actúan en el espacio.

Silvia Maureen Williams, investigadora superior del CONICET en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales “Dr. A. Gioja” de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), pionera en el estudio del derecho espacial y las relaciones internacionales en el país y una de las referentes a nivel mundial sobre el tema, integró el Grupo de Expertos de esa Corte, formado por representantes de distintos países y culturas durante 2010-2011. Recientemente, Williams fue designada en el Panel Especializado de Árbitros sobre Espacio Ultraterrestre de la CPA en representación de la Argentina.

“Al enterarme de la noticia, sentí emoción primero y luego satisfacción por el reconocimiento científico recibido y sobre todo un agradecimiento profundo al CONICET, institución a la que me enorgullece pertenecer y representar, desde mi inicio en la Carrera del Investigador Científico, en los escenarios nacionales y globales”, afirma Williams.

El Panel especializado de Árbitros está constituido por miembros de 18 países: Argentina, Australia, Austria, Alemania, Bélgica, República Popular China, República de Corea, República Checa, Dinamarca, República Dominicana, Israel, Italia, Países Bajos, Nigeria, Federación Rusa, Serbia, Tailandia y Turquía. En cada controversia se establece un panel para resolverla. El Grupo de Expertos designados por la CPA para la elaboración de las nuevas normas de arbitraje lo componen Argentina, Alemania, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Nigeria, Países Bajos, Reino Unido y Sudáfrica.

“Estas nuevas normas se destacan por su flexibilidad, el respeto de la autonomía de las partes en cuanto al derecho aplicable y la potestad de decidir sobre su jurisdicción en el caso dado”, dice la investigadora.

En este sentido, aclara que las principales controversias en cuanto al espacio ultraterrestre se refieren a la naturaleza jurídica de los recursos naturales del espacio ultraterrestre. Asimismo, hay controversia sobre su delimitación y demarcación. De igual manera, se discuten cuestiones ambientales, entre ellas el riesgo de los desechos espaciales que contaminan las órbitas, el de colisiones entre vehículos espaciales generando partículas que son una amenaza para los satélites activos, las catástrofes naturales donde la tecnología espacial tiene un papel preponderante, la seguridad en el espacio ultraterrestre y la seguridad cibernética.

Williams destaca que la Argentina tiene una importante actuación desde el inicio de la era espacial, al participar activamente desde entonces en la elaboración de los primeros tratados. El país es protagonista en el espacio ultraterrestre tanto en materia de satélites científicos, como el SAC D – Aquarius que operan en las órbitas bajas y de satélites geoestacionarios de la serie ARSAT lanzados en 2014 y 2015 y situados a una altura aproximada de 36.000 km.

“Los investigadores en Derecho y Relaciones Internacionales trabajamos en permanente colaboración con especialistas en las ciencias exactas y naturales, aeroespaciales, astrofísica, matemáticas, economía, educación y otras. Esto se da especialmente con el tratamiento de los residuos espaciales, que deben verse desde diferentes ópticas, y los recursos naturales del espacio cuya naturaleza jurídica es aún polémica”, concluye la especialista en Derecho Espacial.