El CONICET y el Ministerio Público Fiscal firmaron un convenio de asistencia técnica

Luego de un trabajo mancomunado entre las gerencias de Desarrollo Científico y Tecnológico y de Vinculación Tecnológica del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), el Ing. Héctor Pralong, gerente de Vinculación Tecnológica del CONICET y Dr. Víctor Abramovich, procurador fiscal del Ministerio Público Fiscal, firmaron un convenio de asistencia técnica en donde trabajan de manera conjunta dos de las Redes Institucionales Orientadas a la Solución de Problemas (RIOSP)  del CONICET, específicamente la Red de Derechos Humanos, representada por la Dra. Laura Pautassi, investigadora independiente del CONICET, y la Red de Estudios Ambientales de la Provincia de Buenos Aires, representada por el Dr. Jorge Sambeth, investigador principal del CONICET.

“Es muy importante tener vínculos no solamente con el sector productivo. Nuestra colaboración con los organismos públicos es fundamental, generar sinergias y que nuestros investigadores estén a disposición de todo el sistema, tanto privado como público es una de nuestras metas. Trabajar con la sociedad en un sentido amplio es leitmotiv de la gerencia de Vinculación Tecnológica”, expresó Pralong durante la rúbrica.

Por su parte, Abramovich destacó la importancia del convenio y explicó: “El Ministerio Público hace control del cumplimiento de la sentencia de la Corte y esto implica también hacer un control de las decisiones que va tomando el órgano interjuridiscional que es la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). Hay varias cuestiones que tienen que ver con materia ambiental, de vivienda, de cumplimiento de indicadores que la propia ACUMAR fijó, y ahí las redes de investigación que coordina el CONICET van a servir como asesoramiento técnico para esa función de control que está llevando adelante la causa”.

Dicho convenio tiene por objeto brindar una asistencia técnica al Ministerio Público Fiscal a través de las “Redes Institucionales Orientadas a la Solución de Problemas” en el marco de la causa “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios, daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo” en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en relación al análisis crítico de los indicadores de seguimiento propuestos por ACUMAR para medir el nivel de cumplimiento de las mandas judiciales y de los objetivos fijados en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) así como de la reglamentación de la Resolución de ACUMAR N° 46/2017 sobre “Límites admisibles de vertido de efluentes líquidos, usos y objetivos de calidad de agua y declaración de agente contaminante” que deberá someterse al régimen de elaboración participada de normas establecido en el Decreto 1172/2003, en concordancia con el Plan de Trabajo establecido.

Estuvieron presentes, por parte del CONICET, Dr. Mario Pecheny, vicepresidente de Asuntos Científicos, Dr. Miguel Laborde, vicepresidente de Asuntos Tecnológicos, Dr. Jorge Tezón, gerente de Desarrollo Científico y Tecnológico, Dra. Patricia Maccagno, directora de Convenios y Proyectos, Lic. Jorgelina Aglamisis, coordinadora de Desarrollo Inclusivo Sustentable. Por parte del Ministerio Público Fiscal, Dr. Leonel Toledo, subsecretario letrado.