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La actividad hortícola en general se caracteriza por su discrecionalidad, por no decir invisibilidad. Si es poco lo que se sabe, discute y plantea acerca de su realidad, mucho menos se conoce acerca de sus problemas. No es de extrañar que en un ámbito que además se caracteriza por su informalidad y escasa regulación, los menos favorecidos sean los agentes más débiles. No hay dudas que el sujeto que ostenta este reducido poder de negociación es el trabajador rural, siendo ello inversamente proporcional al grado de explotación que sufre. La explotación del trabajador hortícola se explicita en las paupérrimas condiciones de vida y de trabajo. Ante esto, una de las medidas adoptadas por el Estado es la reforma de la legislación laboral rural (conocido como el ?Nuevo Estatuto del Peón) y la mayor presencia para su control. La eficiencia de la nueva normativa laboral depende de su difusión y cumplimiento. Pero también de su adaptabilidad a la realidad bajo estudio (en este caso, la horticultura de La Plata). Por ello, el presente trabajo describe la problemática específica de la mano de obra en la horticultura y analiza la legislación laboral, de aparcería (mediería) y conexas (ley de arrendamiento, Monotributo Social Agropecuario). Con estos elementos determina su impacto, en cuanto a las posibilidades de adopción, como así también las formas de incumplimiento y elusión de la normativa. Finalmente, se llevan a cabo una serie de reflexiones finales que, lejos de buscar cerrar el tema, invitan a discutir alternativas que reemplacen o complementen una política necesaria (la legislación laboral y su cumplimiento) pero no suficiente para una problemática general como es la explotación del trabajador rural en un sector complejo y particular como es la realidad hortícola.

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