Violencia contra las mujeres

Por Dora Barrancos*

El patriarcado representa en sí mismo un orden violento. El sometimiento de las mujeres está en la base de la violencia, heredada del pasado remoto en que se impuso la jerarquía masculina en todas las culturas. La secundarización de la condición femenina es un fenómeno universal, aunque no hay duda acerca de la variación histórica y social de las formas patriarcales. Los códigos penales iniciales de nuestras repúblicas facultaban al cónyuge para hacer “justicia” por mano propia en ocasión de hallar a la esposa en fragante situación de infidelidad. El marido podía asesinarla en “defensa del honor” mancillado, y todavía nos debemos investigaciones para desentrañar las ocasiones en que la justicia absolvió a los criminales. Desde aquella legislación ominosa al presente ha corrido mucha agua.

El movimiento feminista -recuperado después del Terrorismo de Estado- emprendió una campaña contra la violencia, situando esta reivindicación entre las primeras de la agenda. Desde entonces no ha cesado el reclamo por exterminar la calamidad, lo que ha permitido conquistar las primeras leyes nacionales y provinciales que atendieron en primer lugar al orden doméstico. Pero la sanción de la ley 26.485 en 2010 para “prevenir y erradicar” todas las formas de violencia contra las mujeres fue un paso decisivo. La ley tiene alcances remarcables, ya que se trata de toda y cualquier forma de violencia, privada o pública, aunque hay aspectos que todavía deben ser reglamentados.

A raíz del recrudecimiento de una de las manifestaciones más aberrantes de injuria, como lo es la trata de mujeres con fines sexuales, finalmente se sancionó en 2012 la nueva ley bajo el número 26.842. La norma es una de las más destacadas de América Latina, y se ha sostenido que es un ordenamiento que debería ser imitado por el resto de los países de la región pues se impone una acción mancomunada para combatir el delito. Las acciones de recuperación de jóvenes han dado resultados que merecen ser subrayados, alrededor de ocho mil, gracias a la actuación de los órganos públicos, pero seguramente falta mucho para eliminar la reducción a servidumbre sexual en nuestro país.

Finalmente aludiré al cambio de la ley penal que ha admitido la figura del “femicidio” – aunque más correcto es el término “feminicidio”, que adaptó con enorme lucidez la destacada feminista mexicana Marcela Lagarde. De acuerdo a la Ley 26.791 de 2012, se establece la pena de “reclusión perpetua o presión perpetua” a quien victime a una mujer por su condición generizada, esto es, porque se trata de una mujer. Los crímenes contra las mujeres tienen hoy una visibilidad que ni por asomo se apreciaba hace apenas unas décadas. Los homicidios “pasionales” del pasado deben ser interpretados hoy día como crímenes que remiten al sentimiento patriarcal de patrimonialidad del cuerpo femenino.

No podemos sostener que el flagelo del feminicidio haya aumentado, pues carecemos de datos que permitan comparar diferentes periodos, y se impone construir estadísticas confiables. Pero no hay duda de que aumentó la agencia por los derechos de las mujeres y el reconocimiento de la equidad, que hubo un cambio de sensibilidades que impactó en el orden conceptual y que las sociedades se han puesto muchos menos tolerantes con la violencia contra las mujeres. La Argentina se ha integrado al conjunto de países que condena especialmente la muerte de una mujer por razones de género, tal como lo han hecho, entre otros, Suecia, España, Chile y Costa Rica. El criminal que antes podía ser atenuado por consideraciones patriarcales, debido al significado exculpatorio de la vinculación “sentimental”, hoy se enfrenta a una pena que hace de esta circunstancia un agravante. La Justicia pone en foco justamente el vínculo para aplicar la pena máxima al perpetrador.