29/09/2015 | CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Reflexiones sobre el vínculo entre migraciones y derechos humanos
En un contexto en que miles de los inmigrantes escapan de la guerra buscando un futuro, se naturalizó la discriminación hacia ellos. La principal herramienta para combatirla son los derechos humanos.
Ana Paula Penchaszadeh, investigadora asistente del CONICET. Foto: CONICET Fotografía.

Por Ana Paula Penchaszadeh*

¿Por qué nos resulta “natural” e incuestionable que los extranjeros tengan un tratamiento especial y diferenciado respecto de los supuestos “ciudadanos comunes” (los nacionales) diluyéndose sus derechos humanos al cruzar una frontera? El principio básico que guía este “sentido común” que se expresa en frases como “¿qué derecho pueden tener los extranjeros sobre nuestro territorio?”, es que los extranjeros son nacionales, es decir, “ciudadanos” en otro lugar donde sí gozan plenamente del conjunto de derechos.

En base a un modelo Estado-céntrico nos parece muy natural e indiscutible que las personas puedan ser rechazadas, detenidas, perseguidas, criminalizadas, marginadas, controladas constantemente y, finalmente, deportadas o expulsadas por el simple hecho de no ser “nacionales”. Todos estos derechos de excepción y de exclusión que se arrogan los Estados sobre los derechos de las personas, en nombre de la soberanía sobre su territorio, deberían encontrar en los derechos humanos, suscritos y reconocidos en la mayoría de las democracias actuales, su límite.

Los Estados crean y actualizan sus fronteras a través de su poder de control, exclusión y rechazo, no sólo en el espacio tradicional “entre” países, sino también “a través” de terceros países externalizando el control migratorio y recreando fronteras internas “en” los países a partir de razias, detenciones, controles abusivos de documentación, expulsiones, desnacionalizaciones, etc. Se ha normalizado en muchas de nuestras democracias, supuestamente basadas en el reconocimiento indiscutible y fundamental del estado de Derecho, un control administrativo y societal excepcional y constante sobre las personas migrantes. Este de ninguna manera sería tolerado por los “nacionales”: esos que sí parecieran tener derecho a gozar del conjunto de derechos, pues son reconocidos sin discusión por sus Estados.

Este control excepcional sobre los migrantes, de ejercerse sobre “nuestros” conciudadanos -los nacionales- sería considerado un atentado contra el estado de Derecho y una puesta en cuestión de los principios básicos del contrato democrático. Se ha impuesto una naturalización de la discriminación de las personas migrantes que debe ser combatida y una de las armas con las que contamos para hacerlo son los derechos humanos.

Ahora bien, ¿cómo ha sido posible que se naturalice la discriminación y la violación sistemática de los derechos humanos de las personas migrantes? Las razones son muchas y complejas. Sin embargo, a nivel estructural, se pueden señalar razones económicas, asociadas a las lógicas perversas del capitalismo tardío y a la funcionalidad de la criminalización y de la precarización de las migraciones para la disposición de mano de obra barata a nivel mundial (mercado vs. derechos); razones geopolíticas, vinculadas a la fragmentación de lo político en Estados-Nación guiados por el principio de soberanía, en un contexto global de pérdida de legitimidad; y razones ideológicas, que permiten comprender la “productividad” de los migrantes como chivos expiatorios de todos los males que aquejan a las sociedades capitalistas.

El nacionalismo siempre ha sido una carta central para “diferir” el mal hacia minorías y mantener el status quo, a través de una identificación ancestral de nacionalidad y ciudadanía. Todas estas razones, por mencionar sólo algunas de las más importantes desde una perspectiva crítica, se encuentran por supuesto interrelacionadas.

La crisis económica que acecha como una sombra nuestras sociedades tiene su manifestación más clara en la instalación de un clima de persecución paranoide que, con la retórica de la amenaza terrorista y la afirmación de un estado de emergencia mundial, impone una lógica securitaria que diluye los derechos de las personas frente a los Estados que invocan su derecho soberano a defenderse de amenazas externas e internas. A nivel mundial, los atentados del 11 de septiembre de 2001 se convirtieron en la excusa perfecta para el avance de un estado de emergencia internacional que legitimó la suspensión abierta y perversa del conjunto de garantías y derechos, en especial, de personas en situación de movilidad.

Basta echar un vistazo al conjunto de leyes antiterroristas sancionadas a lo largo y ancho del planeta para tomar conciencia de esta tendencia mundial hacia la securitización. En este contexto, se impone una lógica de la sospecha sobre las personas migrantes y, consecuentemente, su criminalización. Una vez que las personas migrantes se convierten en la cara visible del mal, están dadas las condiciones para legitimar de facto una negación de los más elementales derechos en nombre de la seguridad nacional y el orden público.

Para poder abordar críticamente esta operatoria “sacrificial”, según la cual los extranjeros deben ser sacrificados en pos del bien común, resulta central reinscribir la discusión en una perspectiva democrática y de derechos humanos. Un Estado democrático se define por el reconocimiento incondicional y pleno del estado de Derecho y por su compromiso con los derechos humanos. Esto implica que un Estado democrático no puede “sacrificar” una parte de sí sin sacrificarse a sí mismo pues, la democracia es un sistema que se caracteriza por incluir universalmente a todos sin excepción. La democracia, cuando suspende las garantías y derechos de una parte de la población, supuestamente para protegerse de amenazas internas o externas, se suicida porque supone un régimen de inclusión incondicional. El discurso de la seguridad pone en jaque los fundamentos del estado de Derecho y, por lo tanto, a la democracia misma.

Los acólitos de la “seguridad nacional” y del “orden público” que ven en los extranjeros una amenaza y las fronteras como una trinchera quieren convencernos de que “es preciso suspender la democracia para salvarla”. No nos dejemos engañar: hoy más que nunca, una sociedad democrática se define por resistirse a ser el medio del sufrimiento de otros seres humanos. La Justicia sólo puede salvarse cuando prima el principio de razonabilidad sobre el de la legalidad y el respeto de la infinita dignidad humana sobre el cálculo soberano.

*Ana Paula Penchaszadeh es Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en Filosofía por la Université Paris 8. Es investigadora asistente del CONICET en el Instituto de Investigaciones Gino Germani e investigadora consulta del Centro de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad de Lanús (UNLa). Además, es profesora de grado y de posgrado en la UBA y profesora en el Doctorado de Derechos Humanos de la UNLa.