Criminalización de la protesta social contra los pueblos indígenas

DIANA LENTON

Buenos Aires

Jornada; Seminario de Derechos Humanos de los Pueblos Indigenas; 2015

Cátedra Libre Cultura para la Paz y los Derechos Humanos, Facultad de Ciencias Sociales, UBA

El escenario se presenta complejo y contradictorio. Por un lado, a nivel nacional, se verifica un proceso global de intensificación de la megaminería y los agronegocios que implica el corrimiento de la frontera agrícola y la concentración de la propiedad, y por otro lado, se ha producido un conjunto de normativas que impone el reconocimiento de derechos específicos a los pueblos originarios y la protección de sus territorios: desde la reforma constitucional de 1994, y la ley 24.071 de 1992 que implicó la aprobación del Convenio 169 de la OIT, hasta las regulaciones específicas aprobadas en los últimos años -anteriormente citadas- que declaran la emergencia territorial y prohíben los desalojos hasta tanto se finalice el relevamiento, pasando por otras como la ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección de los Bosques Nativos, sancionada en noviembre de 2007. Sin embargo, y a contramano de la abundancia de normativas ?protectoras? y ?reconocedoras?, el proceso mencionado de expansión de la frontera productiva pareciera conformar un límite sistemático a la vigencia de estas leyes. En este sentido, el movimiento indígena desarrolla sus luchas en una relación dialéctica con la evolución de los distintos conflictos territoriales - generados por el avance de los agronegocios y las distintas industrias extractivistas-, los agentes que intervienen (estatales o privados) y las interpretaciones de dichos conflictos que aparecen ante cada coyuntura.