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El trabajo que presentamos es un análisis del caso del comunero diaguita asesinado el 12 de octubre del año 2009 Javier Chocobar, mientras defendía pacíficamente el territorio de la comunidad indígena Los Chuschagasta, y que fue resuelto mediante sentencia condenatoria en el mes de octubre del año 2018.El objetivo es identificar en el caso todos los obstáculos tanto formales, materiales como simbólicos que tuvo la comunidad indígena los Chuschagasta (del Pueblo Diaguita) durante el tiempo que duró el proceso, desde los hechos hasta la sentencia.El caso Javier Chocobar es un caso paradigmático en la lucha de las comunidades indígenas por su derecho al territorio y puso en evidencia la constante mora que existe por parte del Estado en cumplir con sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los pueblos indígenas. Las comunidades indígenas de Tucumán y de todo el país, se encuentran permanentemente avasalladas y vulneradas en su derecho a la identidad, a la cultura y al territorio, sufriendo desalojos, persecuciones, desapariciones, muerte y criminalización, especialmente de sus líderes, y el caso Javier Chocobar refleja esa situación. Estos avasallamientos a sus derechos son también consecuencia del accionar de terceros interesados en explotar económicamente el territorio de las comunidades, territorio donde sobreviven después de haber sido despojadas durante diferentes momentos históricos. Además el retardo injustificado luego de casi 9 años de la justicia en dar una respuesta a una violación de derechos fundamentales, en éste caso en particular, reflejó la impunidad que existe en los órganos judiciales, con una marcada indiferencia ydiscriminación en el acceso a la justicia con respecto a las comunidades indígenas.El método empleado será cualitativo, incluyendo análisis de la documentación contenida en el expediente judicial, entrevistas a actores relevantes, análisis de archivos e investigación en poder de la organización Andhes.Para este análisis tomamos como punto de partida el proceso de investigación ya finalizado y llevado a cabo durante los años 2016 a 2018, llamado ?Acceso a la Justicia y Pueblos Originarios de Tucumán. Un análisis empírico de los obstáculos formales?, que tuvo como objetivo analizar empíricamente las barreras que obstaculizan el acceso a la justicia de los pueblos originarios de Tucumán, específicamente los obstáculos procesales o formales.El análisis a realizar será aplicando las categorías definidas y desarrolladas en ese trabajo anterior. En ese proceso tomamos como unidades de observación los casos judiciales de diferentes comunidades originarias de Tucumán que patrocina y patrocinó la organización de derechos humanos Andhes, desde el 2008 hasta el 2018. Estos casos corresponden a causas penales y civiles de 7 comunidades indígenas radicadas en los tres centros judiciales de la provincia (Capital, Monteros y Concepción). La legislación nacional e internacional en materia de pueblos originarios, las 100 reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad, y las doctrinas relacionadas a la temática fueron el marco teórico usado en eseanálisis.Se trató de una primera instancia de un proceso que queremos ir desarrollando a largo plazo, donde además identificaremos y analizaremos los obstáculos materiales y simbólicos para acceder a la justicia de pueblos indígenas de Tucumán.Uno de los objetivos fue elaborar un diagnóstico del accionar del poder judicial cuando se presenta un caso de vulneración de derechos humanos de los pueblos originarios en nuestra provincia.Decidir abordar este problema de conocimiento y la posibilidad de una sistematización obedece a la necesidad de visibilizar una problemática social. Esta problemática social que tiene como protagonistas a las comunidades originarias que habitan en territorio tucumano y que alejan a estos de la satisfacción de sus derechos por vía judicial, se desprende del trabajo conjunto de los comunidades indígenas de la provincia de Tucumán con la ONG Andhes.El eje sobre el cual se desarrolló el marco teórico es que el acceso a la justicia es un derecho humano fundamental, la puerta a la garantía de los demás derechos.En este sentido nos referimos a que el acceso a la justicia tiene tres aspectos: un aspecto formal, que engloba todo lo que tiene que ver con los elementos de orden procesal, es decir los mecanismos (sean judiciales o administrativos) existentes para el reclamo de acceso a derechos; un aspecto material que tiene en cuenta las condiciones sociales, económicas, culturales, se refieren especialmente a las condiciones de índole estructural de quienes quieren acceder a los servicios de justicia; y por ultimo simbólico como aquel que reproduce lógicas de poder, de saber, de construcción de conocimientos, de prácticas y de decisiones en basea imaginarios, ideologías o estereotipos determinados.Si bien el derecho al acceso a la justicia es un ?derecho a tener derechos?, razón por la cual tiene una dimensión amplia (en el sentido de que no solo se refiere a los mecanismos judiciales sino también los no judiciales), en ese primer trabajo nos limitamos solo a situaciones que tienen como vía de resolución al poder judicial.Acceder a la justicia en sus diferentes aspectos se agrava cuando se trata de grupos en condiciones de vulnerabilidad. La presente investigación tiene el objetivo de analizar el caso de Javier Chocobar, y los obstáculos que se fueron sorteando para poder acceder a la justicia. Se realizará un análisis del caso en su complejidad utilizando las tres categorías de obstáculos (formal, material y simbólico).

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