Una nueva reforma penitenciaria. Las administraciones carcelarias provinciales en la primera mitad del siglo XX

LUIS GABRIEL GONZÁLEZ ALVO

San Miguel de Tucumán

Jornada; Jornadas Interdisciplinarias de Estudios sobre Encierro; 2019

Facultad de Psicología (UNT)

Los años posteriores a la sanción del código penal de 1921 y de la ley 11.833 (1933) de grandes cambios en las estructuras penitenciarias de las provincias. Podría hablarse de una segunda reforma penitenciaria, ya que se produjeron importantes innovaciones edilicias y administrativas. Hacia 1946, se había producido un notable crecimiento en infraestructura, sin ir ligado a un aumento de la tasa de encarcelamiento, lo que implicó un mayor compromiso con la situación y no sólo una respuesta al hacinamiento. En Córdoba, Santa Fe y Tucumán, unas 16 cárceles se distribuían en diez ciudades: las tres capitales provinciales, Concepción, Rosario, Coronda, Córdoba, Río Cuarto, Villa María y San Francisco. Este crecimiento en infraestructura fue seguido, en Córdoba, de un temprano proceso centralizador con el que se comenzó a intentar coordinar las políticas en materia penitenciaria. El prestigio de la DGIP la constituyó en el ejemplo que los gobiernos provinciales intentaron seguir para sus propias administraciones centralizadas. Una vez creadas, se les dio superintendencia sobre los espacios de reclusión femenina; sin embargo, el anclaje de la punición femenina en las zonas grises continuó siendo sólido. El poco tiempo que Santa Fe tuvo una administración estatal directa del castigo femenino culminó en lo que la prensa describió como un ?estrepitoso fracaso?. Sea por una anacrónica concepción del delito femenino, escasez de cuadros técnicos o pragmatismo de clase, los espacios femeninos continuaron por muchos años bajo autoridades cuyo margen de acción escapaba al control estatal directo. Resta para otra investigación investigar cuál fue el papel de los organismos de centralización para que el Estado tomara las riendas de las instituciones de reclusión femenina, además de la propia determinación de las corporaciones religiosas por dejar de cumplir esa tarea.