Las políticas penitenciarias provinciales bajo la nueva codificación penal y la ley 11.833. Ensayos institucionales y centralización (1922-1946)

LUIS GABRIEL GONZÁLEZ ALVO

Avances y nuevas perspectivas iushistoriográficas: 10 años de las Jornadas de Jóvenes Investigadoras-es en Historia del Derecho, 2009-2019

Humanitas

Lugar: San Miguel de Tucumán; Año: 2023; p. 559 - 592

muy activas en proyectos y políticas penitenciarias en las tres provincias analizadas. Por caminos distintos, los gobiernos provinciales fueron consolidando sus estructuras penales, unos siguiendo la vía de la centralización administrativa, como Buenos Aires y Córdoba, y otros erigiendo cárceles modelo como Tucumán y Santa Fe. En esta última también se insinuó un temprano proceso fiscalizador del accionar penitenciario, sin procurar una administración centralizada, mediante la creación, en 1938, de la Inspección General de Cárceles. En esta ponencia se analizarán las políticas llevadas adelante en las provincias, en el marco jurídico de vigencia del nuevo código penal y de la ley 11.833, tales como los procesos de centralización y fiscalización de las instituciones penales y la creación de colonias penales agrícolas. Luego se abordarán las innovaciones producidas en las plantas de empleados de las cárceles provinciales, como así también ciertas permanencias y resistencias al cambio, ligadas a hechos de corrupción e indisciplina profesional y, por último, se estudiarán los aspectos ligados a la administración presupuestaria. Uno de los aspectos más sobresalientes de este período fue el ascenso de la imagen de algunas cárceles provinciales –denostadas en décadas anteriores por los observadores locales y foráneos– que se produjo simultáneamente con el descenso de la consideración hacia la Penitenciaría Nacional y el Presidio de Ushuaia, cuyas demoliciones fueron anheladas por parte importante del arco político, sobre todo a partir de las expectativas generadas en torno al exitoso accionar de la Dirección General de Institutos Penales de la Nación a partir de su creación en 1933. Entre las décadas de 1920 y 1940 se conformaron nuevos esquemas y políticas de personal y de administración tanto en las cárceles modelo de Santa Fe y Tucumán, como en la penitenciaría cordobesa y las diversas cárceles de encausados de las tres provincias. Uno de los principales objetivos de las nuevas políticas administrativas penitenciarias de esta época fue “jerarquizar” no sólo los puestos directivos, que eran de carácter político y, por lo tanto, transitorios, sino también de la planta estable. La notoria excepción en este sentido la constituyó la provincia de Córdoba, donde el salario del director de la penitenciaría permaneció prácticamente inalterado entre 1923 y 1945 e incluso sufrió recortes en los años ‘30. Esto implicó un necesario deterioro de los salarios de todos los empleados, no sólo de la cárcel cordobesa sino de todos los establecimientos de reclusión de la provincia. Paralelamente, el ambiguo concepto de jerarquización implicó diferentes cambios según el puesto: mientras que para los directivos significó designar personal de carácter “técnico”, para la planta de empleados significó mejorar salarios, otorgar formación específica y dotarla de estabilidad. El otro gran desafío administrativo de esas décadas fue la actualización y reforma de las estructuras presupuestarias, mayores en comparación con el período anterior, pero muy disímiles según la institución y nunca a la altura de lo deseado por los directivos.