Lo indígena en el nuevo orden gubernamental. Securitización y desplazamientos de la producción estatal de aboriginalidad

MIGUEL LEONE

Buenos Aires

Conferencia; 8º Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales CLACSO; 2018

CLACSO Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

En Argentina, la llegada de un partido de derecha al gobierno nacional implicó modificaciones pronunciadas en muchas dimensiones de la construcción de estatalidad. Aunque no está siendo del todo atendida por investigadores y analistas sociales, la política estatal indigenista es un ejemplo de ello. El desarrollismo, el multiculturalismo, la juridización, la ?participación? y el neo-indigenismo ?entre otras? son formas de la política estatal indigenista que, en grados variables, resultan reconocibles en la actual dinámica de relacionamiento entre el Estado y los distintos pueblos originarios en Argentina. Sin embargo, esta ponencia plantea que, actualmente, el sentido hegemónico de la acción estatal indigenista se encuentra en pleno proceso de viraje: desde 2016/2017 se asiste a un nuevo cambio de rumbo de la política estatal indigenista que cada vez más adopta una lógica de securitización. Sin borrar por completo aquellas líneas pretéritas de relacionamiento Estado-pueblos originarios, un nuevo vector comenzó a instalarse como elemento hegemónico en la política estatal indigenista. El mismo se encuentra marcado por la criminalización de la indigeneidad y los ?problemas? construidos en relación con ella. Se trata de un proceso por el cual la protesta social etno-territorial es criminalizada y leída en clave de problema de seguridad; los activistas estigmatizados como terroristas y, consecuentemente, perseguidos a través de los dispositivos del derecho penal.Al momento, este esquema está siendo aplicado, fundamentalmente, sobre los pueblos mapuche y wichi. Con ello, se observa que el Ministerio de Desarrollo Social pierde cada vez más el protagonismo en la definición de la política indigenista, al tiempo que cede ese lugar al Ministerio de Seguridad. La muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel expresan la cristalización de este modelo de política gubernamental. El mismo encontró en el modelo chileno una vía para su sistematización y un horizonte de realización. En efecto, Chile presenta uno de los más claros ejemplos de securitización de la indigeneidad. Y si bien en Argentina, durante la última década y media, los conflictos etno-territoriales estuvieron siendo gestionados de modos diversos y muchas veces contradictorios, en la actualidad se observa un viraje cada más acentuado hacia formas de gestión emparentadas con las lógicas observadas en el vecino país cordillerano.Partiendo de esta hipótesis, la ponencia analiza los vasos comunicantes entre la administración de los conflictos etnoterritoriales por parte del estado chileno durante los últimos años y la actual política estatal indigenista argentina. En el caso chileno, llama especialmente la atención el nivel de irracionalidad jurídica en la que se sustentan muchos de los procesos judiciales aplicados sobre los miembros del pueblo mapuche. Por un lado, los actos por los que los militantes mapuche son acusados de terroristas remiten a daños sobre bienes materiales (v.g. quema de camiones y/o plantaciones forestales, ocupación de predios, etc.), lo cual contraviene la doctrina penal e internacional sobre la materia, puesto que no existen los delitos de desprecio de la vida humana o puesta en peligro del orden constitucional, dos de los elementos esenciales del crimen de terrorismo. Por otro lado, son recurrentes los casos de fallos absolutorios que acaban siendo anulados por la Corte Suprema para dar lugar a nuevos juicios, violando así el principio de non bis in ídem por el cual ninguna persona puede ser sancionada dos veces por la misma infracción, ni un mismo hecho ser objeto de dos procesos distintos.Sucede que leyes cómo las de Seguridad Interior y antiterrorista no sólo proveen ?ventajas procesales? y habilitan técnicas de persecución judicial sobre los militantes; sino que también otorgan al Estado el derecho de controlar por la fuerza territorios y circulaciones, militarizar y ejercer el gobierno bajo el principio de Estado de excepción. Este es un elemento de primer orden en el que asienta el modelo de securitización de lo indígena. A este respecto, es preciso recordar que el estado de excepción es un dispositivo biopolítico de primer orden en nuestras sociedades modernas y las legislaciones antiterroristas que en la actualidad invaden las arquitecturas legislativas de los distintos estados se fundamentan, tal como lúcidamente lo analizó Pilar Calveiro, en la habilitación de esos espacios de excepción en el ejercicio del poder y la fuerza; en el laberinto biopolítico del hacer vivir y dejar morir; y hacer morir y dejar vivir.Dicho esto, resulta particularmente interesante observar la manera en que ingresa la indigeneidad en ese campo de producción gubernamental. Pues, la transformación de la indigeneidad en foco de securitización da lugar a una nueva y específica matriz de aboriginalidad sobre la cual se apoya. Ella produce una serie de desplazamientos discursivos que es preciso observar. En efecto, al compás de la securitización, la idea de ?indígena? está siendo reinventada e inscripta en nuevas estrategias de gubernamentalidad. Las lógicas gubernamentales de control social que se aproximan a los modelos de ?guerra antiterrorista?, ?guerra contra el crimen organizado? y estado de excepción necesitan de la figura de ?indio terrorista?. Pero dicha figura funciona a contramano de la lógica integracionista imperante durante todo el siglo XX: la construcción hegemónica de aboriginalidad está virando cada vez más a una idea de indígena que ya no descansa tanto en las nociones de inferioridad, atraso, minoridad y minusvalidad (aun cuando ellas no sean abandonadas por completo); sino antes bien en nociones de astucia, peligrosidad y capacidad de agencia. Esto último es un aspecto de central importancia a la hora de comprender las nuevas matrices de aboriginalidad que están emergiendo y/o los desplazamientos en las formaciones nacionales de alteridad (Briones, 2008). Acaso esté funcionando un giro ideológico y discursivo en el cual la distinción indígena/no-indígena encuentre nuevos vectores de corte, nuevos procesos de otrerización y, consecuentemente, nuevos procesos de identificación. En parte, ese es el objetivo de investigación más amplio dentro del cual se inscribe esta ponencia.