Leyes indigenistas en la transición democrática. El caso de la ley 426 en Formosa

MIGUEL LEONE

Mendoza

Jornada; XIV Jornadas Interescuelas / Departamentos de Historia; 2013

Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo

El 16 de noviembre de 1984 en la provincia de Formosa es promulgada la ?Ley Integral del Aborigen? (N° 426). Para entonces hacía poco más de doce meses que había sido restablecido el régimen democrático en el país. Aquella ley convirtió a la provincia en la primera en crear un marco normativo de reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas. Con ella se inaugura un proceso de aparición de leyes nacionales y provinciales que hacen de los indígenas su población objetivo. Se trata de un proceso complejo que se inicia al calor de la apertura democrática y que opera como una puesta en tensión de las políticas estatales orientadas durante un siglo a invisibilizar la población indígena del país (Quijada, 2004) .En el marco de una lógica nacional de invisibilización general, históricamente fueron los Estados provinciales los que de distintas formas administraron las problemáticas indígenas. Así, no resulta sorprendente que en los años ochenta fueran aquellos los primeros en generar leyes adaptadas a los nuevos tiempos democráticos. La ley 426 no sólo fue la primera de estas leyes, sino que es de entre todas ellas la más ?de avanzada? para su tiempo (Carrasco, 2000). Un primer motivo por el que resulta necesario su estudio y su crítica es que ello contribuiría a iluminar aspectos de la visibilización que ha venido dándose durante las últimas décadas. Pero puesto que este proceso de visibilización es un asunto no sólo jurídico sino más bien jurídico-político, será conveniente analizar el proceso de construcción de la ley 426 desde un enfoque sociológico histórico. Ello implica emprender un análisis tanto la ley como el espacio socio-político, las tramas de relaciones, en que se halló inserta su emergencia. En efecto, las transiciones democráticas suelen estar enmarcadas y precedidas por procesos de recomposición, organización y reorganización de la sociedad. Y aunque frecuentemente son ignorados, esos procesos dan a la democratización contenidos específicos y concretos (Garretón, 2001). El análisis aquí propuesto intenta mostrar cómo el proceso de construcción de la ley 426 estuvo vinculado con formas de movilización y organización de grupos indígenas aún durante la dictadura, y estas contribuyeron a establecer no sólo la urgencia del establecimiento de la ley sino también la forma concreta que ella adoptó.