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En 1988, el general Alfredo Stroessner Matiauda convocó a la que sería su última elección fraudulenta y obtuvo un fraguado de 89 % de los votos. Esas elecciones se desarrollaron en un contexto de máxima tensión social. En aquellos últimos años de la dictadura de Stroessner, el país se encontraba atravesando, al mismo tiempo, una crisis política más específicamente de sucesión, una crisis económica y una institucional (Nickson, 2010; Schvartzman, 1989).Ya desde la Convención Colorada de 1987, espacio en el que se dirimían (y lo hacen hasta la actualidad) las candidaturas a los cargos de gobierno, los enfrentamientos, tanto dentro del partido como de las Fuerzas Armadas, fueron irrefrenables. La rama militante se opuso a la tradicionalista y, mientras los unos insistían en la necesidad de permanecer bajo el régimen dictatorial, los otros hablaban de un cambio de liderazgo para iniciar un cambio de sistema de gobierno.La sociedad en su conjunto había acumulado el capital necesario para articular y construir formas de movilización y resistencia y, desde hacía varios años, algunos sectores independientes, partidarios antistronistas, grupos relacionados a la Iglesia católica y agrupaciones de Derechos Humanos, hacían oír su voz y se manifestaban cada vez más visiblemente.El 2 y 3 de febrero de 1989, un golpe de Estado derribó la dictadura stronista e inició el camino hacia el régimen democrático en Paraguay.Si bien el proceso de transición se inició antes, cuando diferentes actores percibieron la necesidad y la posibilidad de reemplazar al dictador, esa noche se convirtió en la referencia central del comienzo de un nuevo periodo (López, 2018). La transición y su nuevo proyecto debían hacer frente a las problemáticas legadas por el periodo dictatorial y lograr un régimen democrático estable, semejante a los del resto de la región.El golpe que dio fin a este oscuro periodo de la historia reciente de Paraguay no se instauró como una democracia sino hasta llamar a elecciones y así adquirir la legitimidad electoral que no había tenido previamente y que complementaría el apoyo social dado a la maniobra de desplazamiento del dictador (Laterza, 1989; Lezcano y Martini, 2008).A pesar de haberse logrado el voto femenino en julio de 1961 (reconociéndoles el derecho no solo a votar, sino también a ser elegidas como representantes), las mujeres no obtuvieron durante la dictadura stronista nunca más del 5 % de bancas en el Congreso. Además, como se profundizó en el capítulo anterior, las élites económicas y políticas de la dictadura eran centralmente de varones, a excepción de las esposas de algunos de estos, reivindicadas como mujeres leales; un ejemplo es el caso de Ruth Benítez Perrier, la madre del presidente del Paraguay, Mario Abdo Benítez, en aquel entonces esposa del secretario privado de Stroessner.Algo similar sucedía dentro del partido de gobierno, en el que las mujeres habían sido relegadas a un rol secundario. Sin embargo, a partir de finales de la década del 80, la Coordinación de Mujeres del Paraguay inició una lucha tenaz por la libertad e igualdad de las mujeres. Sus demandas y sus disputas por aumentar la visibilidad y la igualdad en múltiples planos eclosionaron progresivamente a lo largo del periodo.No obstante, la transición inicial estuvo fuertemente masculinizada en sus liderazgos y figuras visibles, sobre todo por haber estado impregnada de la racionalidad del Ejército y los militares, instituciones que detentaban cierta parte del poder y en las que la preeminencia y la centralidad de los varones eran, y son hasta hoy día, superlativas. Es importante remarcar que, a lo largo de la transición, dentro de la construcción de poder, de base fuertemente partidaria y con preponderancia masculina, las élites políticas se reprodujeron en una dinámica familiar (es decir, diversos miembros de un mismo grupo familiar o clan acceden a cargos de gobierno) y, en muchos casos, para las mujeres del entorno de los partidos tradicionales, ser la esposa, hija o hermana de un correligionario con carrera consolidada, puede servir como trampolín para escalar en las funciones políticas. Desde la dictadura, e incluso previamente, el partido político hegemónico, Asociación Nacional Republicana (ANR o Partido Colorado), arrastró la mayor cantidad de tiempo posible la masculinización de su élite y el rol secundario de sus líderes mujeres. El Partido Liberal (PL o Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA por su denominación actual) también replicó esa praxis política. En la actualidad, esto ha sido sacudido por la denuncia de desigualdad y la búsqueda de la paridad por parte de una alianza de mujeres que trasciende los límites partidarios y que se han articulado en diferentes organizaciones. La demanda por el acceso igualitario a cargos de gobierno y de gestión no ha prosperado aún, pero ha puesto en cuestión la forma de acceder a las listas y a los cargos políticos, así como ha evidenciado la inclaudicable lucha de las mujeres por la igualdad.Analizaremos a continuación el proceso de la transición a la democracia. En función de la brevedad del texto, no profundizaremos aquí en el debate teórico en torno a la transición, pero queremos subrayar que tanto la definición, como el inicio y el final del periodo, son elementos en disputa. Es decir, según la forma en la que se conceptualiza la categoría histórica transición a la democracia, podemos encontrar su desencadenante y su finalización en diferentes momentos o fechas, asociados a diferentes grados de consolidación o de organización social o institucional.Para algunas/os autoras/es, la transición empieza con la salida de los militares y se termina con el cambio de color político en la presidencia y la aceptación pacífica de los resultados electorales, aunque no favorezcan al partido o agrupación que sostuvo la dictadura o se hizo del poder luego. Para otras/os, la transición es el periodo que transcurre entre el fin de la dictadura y el afianzamiento de la democracia, que consiste en desarrollar las primeras elecciones sin ningún vicio de fraude.En López (2018), definimos la transición al proceso sociohistórico y político mediante el cual la sociedad o significativos grupos sociales de la misma construyen como posible la salida de la dictadura y la instauración de un régimen que tienda hacia una mayor democratización. Es decir, no lo consideramos un hito institucional, sino una construcción social dinámica. Las características de la transición se verán modificadas en cada caso por los grupos que toman centralidad en la misma, las condiciones en las que se desarrolla y el grado de participación de diferentes sectores sociales, así como por las formas legales, institucionales y económicas que adquirirá. La intervención de la sociedad organizada es fundamental para comprender cómo los acuerdos posteriores saldarán o no las demandas acumuladas de derechos humanos, civiles, políticos y económicos. Además, los grupos, de los que las nuevas élites de gobierno provienen, y su relación (más o menos cercana) con las que salen del poder será otro distintivo del nuevo proceso político. El nuevo régimen político deberá decidir si juzgar o no los delitos cometidos por los dictadores y, sobre eso, moldear la justicia transicional que sentará las bases de un nuevo pacto democrático con mayor o menor impunidad.

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