El infanticidio y los derechos de las mujeres en casos con jurados populares.

EUGENIA GASTIAZORO

En el Estrado: la consolidación de las estrategias participativas en la justicia penal.

Advocatus

Año: 2019; p. 259 - 285

El infanticidio como figura penal atenuada se suprimió del Código Penal Argentino por medio de la reforma establecida en la ley 24.410 (BO, 27/01/95), lo que significó su mayor penalización en términos de homicidio agravado por el vínculo con prisión o reclusión perpetua. Diez años después de su derogación, dos casos judiciales públicamente conocidos, implicaron un nuevo debate en torno a su regulación: el de Romina Tejerina en Jujuy, sentenciada con una pena de catorce años de prisión en el año 2005 y el de Eli Díaz en la ciudad de Villa Dolores en Córdoba, juzgada en el año 2006 por un tribunal compuesto por jueces técnicos y jurados populares, siendo (en contraposición a Tejerina) absuelta por una mayoría compuesta solo de ciudadanos comunes (Gastiazoro y Rusca, 2010; Gastiazoro, 2016). En el marco de estos casos en el año 2010 se debatió en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto a los efectos modificar el Artículo 81 del Código Penal para incorporar nuevamente la figura atenuada de infanticidio, el cual no llegó a ser ley y solo obtuvo la media sanción en dicha Cámara.Los fundamentos se centraron en la necesidad de legislar en el marco de una igualdad compleja una problemática específica de las mujeres, que hace a sus cuerpos, muchas veces en situaciones de injusticias sociales y atravesadas por violencia de género.En la actualidad, la eliminación de la figura de infanticidio subsiste, lo que implica un mayor punitivismo, si bien en ciertos casos los/as jueces/zas morigeran las penas sobre las condenadas. La mayor penalidad evidencia representaciones que sujetan a las mujeres en imaginarios sociales que reproducen desigualdades en las que se articulan entramados de opresión (género, sexual, racial, clase). El objetivo del artículo es explorar el ensamblaje y tensiones entre la cultura estatal y popular en torno a este tema. Para ello se revisa la regulación y supresión del infanticidio como política de control sobre los cuerpos de las mujeres a lo largo de la historia en nuestro país, centrándose en el último debate realizado en el Congreso en el año 2010 que intentó reponer la figura en el Código Penal. Luego se presentan las perspectivas de los jurados populares en casos en los cuales mujeres han sido imputadas por la muerte de su hijo/a recién nacido/a en Córdoba. El análisis final se centra en el ensamblaje y tensiones entre la cultura estatal y popular, tal como se la puede observaren casos donde la actuación de los jurados se presenta en disidencia al dictamen de la mayoría, que nos lleva a indagar en el jurado como canalizador de estándares comunitarios. Si bien nuestro sistema no cuenta con la figura de ?jury nullification? como el sistema anglosajón, se encuentran aspectos afines, significativos al momento de abordar la participación de los jurados en el poder judicial como representantes de la sociedad.La importancia del estudio de este tipo de hechos radica en que son delitos que presentan discusiones y controversias en los debates teóricos a nivel doctrinario, jurisprudencial y legislativo como también desde la comunidad organizada social y políticamente (como el movimiento de mujeres). Esto implica el cuestionamiento de su penalización, tanto en el interior del campo jurídico, como desde las demandas externas al mismo (Bourdieu, 2000). La voz de los jurados populares evidencia una perspectiva social externa que ingresa al terreno del poder judicial donde la lucha jurídica en la definición de los casos todavía presenta controversias. Como tal su participación resulta de importancia en la definición de los hechos, teniendo incidencia en última instancia en el control social y político sobre los cuerpos de las mujeres.