La "salida" de las fincas, la relocalización en el Pueblo y el problema de la vivienda.Un aproximación etnográfica a las reconfiguraciones de Animaná y a la formación de Estado en los 60-70s. en los Valles Calchaquíes de Salta.

ANDREA JIMENA VILLAGRÁN

Salta

Jornada; I Jornadas Perspectivas sobre la Ciudad; 2019

ICSOH, UNSa-CONICET. Facultad de Humanidades, UNSA

En diálogo con algunas de las líneas propuestas para el grupo de trabajo, en especial con aquellas que invitan a indagar la multiplicidad de dimensiones implicadas en los procesos de urbanización, y en las problemáticas concernientes a la movilidad rural/urbano, en este trabajo nos interesa discutir avances de una investigación en curso, que se lleva a cabo en el marco de las actividades que desarrollo como investigadora de Conicet y del proyecto CIUNSA N 2521/0, Poder, políticas y estado en Salta entre mediados del siglo XX y el presente. Un abordaje antropológico a través de momentos, casos y eventos.Los propósitos generales de la investigación que llevamos adelante aspiran a contribuir a la comprensión de las relaciones entre grupos hegemónicos y subalternos en Salta desde una perspectiva antropológica de los procesos sociales, explorando el vínculo entre pasado y presente a través del análisis de las reconfiguraciones de poder en las fincas vitivinícolas de Animaná. La pregunta por la forma en que se articulan y tensionan elementos y rasgos que se presentan como supervivencias de un tradicional modo de relacionamiento, de la trama patrón-peón, y como innovaciones modernizadoras se constituyó en el interrogante vertebral de la indagación. La estrategia de abordaje se aboca a la reconstrucción y examinación del proceso de salida de las fincas y de un evento paradigmático, el "Animanazo" de 1972, poniendo en juego y complementando, para ello, diversos procedimientos, técnicas e instrumentos metodológicos. La consulta, sistematización y análisis de diversos documentos procedentes de agencias estatales nacionales, provinciales y municipales- y la construcción de un corpus heterogéneo de otras fuentes no gubernamentales, se complementan con el desarrollo de trabajo de campo, desplegado a través de instancias de observación, charlas informales y realización de entrevistas a pobladores de Animaná, personas que vivieron en las fincas y fueron relocalizadas, que trabajaron y/o trabajan en Finca Animaná- actualmente viñas de Animaná-. A modo de hipótesis, sostenemos que a partir de la reconfiguración del entramado patrón-peón, que se desprende de ciertas innovaciones en la organización de la producción vitivinícola (coincidente con la adecuación a lineamientos productivistas, tendientes a incrementar los volúmenes de producción, aumentar las superficies de cultivo e introducir maquinaria agrícola en algunas de las etapas), la desarticulación del sistema residencial de trabajo en las Fincas -con la consecuente relocalización de los peones y sus familias en el pueblo aledaño a la Finca-, y el desplazamiento de obligaciones y funciones antes concentradas en la patronal: provisión de trabajo y vivienda- hacia un ámbito que empieza a prefigurarse como "público", se habilitan las bases de la formación localizada de Estado en los Valles Calchaquíes. Estado que, a partir de su intervención en los dos eventos señalados, el animanazo y la salida de las Fincas, empieza a hacerse presente y a identificarse con al menos dos funciones, protección -como garante de derechos- y provisión -de ayudas y soluciones- para los sectores "postergados". La provisión se asocia fundamentalmente al acceso a la vivienda mediante planes estatales de vivienda social y la protección de los derechos laborales. Ello en el contexto de un programa de gobierno que reconoce la histórica ausencia y desatención estatal de esa región y la necesidad de forjar un Estado que se torne agente de modernización y progreso, generador de acciones tendientes a impulsar y lograr "desarrollo económico" y "bienestar" en la población.El concepto de bienestar en ese escenario adquiere sentido en íntima relación con la idea de "justicia social", que obra como fundamento de la formulación e implementación de distintas políticas públicas, identificadas con el modelo de estado social que se lleva adelante en los distintos gobiernos peronistas. Políticas que son antecedidas, y se afirman en estudios técnicos e informes que, desde la Secretaria de Planificación, se encomiendan a los fines de contar con diagnósticos fiables, científicamente respaldados, respecto a las problemáticas sociales que en cada zona o región de la provincia deben atenderse/resolverse. Para el caso del Valle calchaquí existen dos estudios, realizados en 1952 y 1959, a partir de los cuales queda esbozado un panorama social, una fotografía de la situación, dramática y crítica, que insta a una inmediata intervención estatal y delinea el tipo de medidas y acciones que en cada caso correspondería llevar a cabo. La vivienda y el trabajo se identifican como los problemas urgentes, la situación social se evalúa en términos de falta de dignidad y de condiciones de bienestar. En el Estudio Social y Económico de los Valles Calchaquíes de 1952 se trazan los rasgos para identificar a su población como: predominantemente rural, de fisonomía campesina. Se advierte allí el fenómeno del despoblamiento y la emigración en la región, causado por las malas condiciones de vida y se afirma que los obreros rurales devengaban "míseros jornales", que "la casa" consistía en un "rancho pequeño e insalubre" y la comida en un plato a base de maíz. Tales estudios e informes exaltan la situación de vida humilde de la mayoría de las "familias campesinas", puntualizando además en la precariedad y la condición reducida de sus habitaciones. El carácter problemático que se adjudica a la vivienda radica no solo en el aspecto, estructura y materiales de éstas, para lo cual se pormenoriza en la descripción de las edificaciones, que presentan el visible predominio del adobe (barro y paja), sino también en su insuficiente cantidad, por el hacinamiento y la apreciable deficiencia. Los informes aseveran que se vivía una "penosa realidad" y avizoran una inminente "decadencia vallista", que hacía impostergable atender a "las exigencias de la dignidad de la vida del trabajador vitivinícola". Estos diagnósticos encontraran posibilidades de traducirse a la formulación de políticas de vivienda muchos años después, con la creación de una dependencia estatal específicamente orientada a atender tal problema, y a diseñar y planificar políticas en el área, como es el caso del Instituto Provincial de la Vivienda (en adelante IPV), de 1973 -gobernación de Miguel Ragone-. Posteriormente, con la sanción de la ley provincial No 5167 de 1977, se transforma a Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (I.P.D.U.V), confiriéndosele, entre otras misiones, establecer programas de radicación de población, intervenir en la nueva localización de núcleos habitacionales urbanos o rurales, organizar la acción gubernamental tendiente a la obtención de soluciones habitacionales, proponer trabajos de mejoramiento de las condiciones de viviendas y de la vivienda rural, difundir la formación de hábitos higiénicos y fomentar la tipificación de las viviendas, entre otros.Pero también mediante la atención de esta necesidad, lo estatal va arraigándose localmente como un domino, un ámbito diferenciado, ello a través de realizar acciones específicas, instituyendo procedimientos formales y mecanismos administrativos que regulan el acceso a los "beneficios", "ayudas" y "soluciones". Instaurándose formas estandarizadas de pedir y recibir, que inauguran un modo de relacionamiento entre los pobladores y "el Estado" (en sus distintas escalas: municipal, provincial y nacional).Estos aspectos señalados son examinados en la presente comunicación a partir del caso de la implementación del primer plan de viviendas de Animaná. Este empieza a gestionarse a mediados de los 70s y la adjudicación sucede en 1982, originando el primer Barrio, el Barrio Municipal. Se trata de un conjunto de 16 viviendas construidas por el municipio, aunque la adquisición de los terrenos y los fondos para las edificaciones implican la intervención del gobierno provincial. Con ?la salida? de la finca y la relocalización de las familias, coincide también el trazado del Pueblo y su urbanización, la construcción de las principales edificaciones de las instituciones públicas y la realización de celebraciones publicas como la primer fiesta de la vendimia (1969). Como interesa mostrar en ese trabajo, en el momento en que se elabora ese primer plan de viviendas, las familias que habitaban dentro de las fincas estaban siendo impulsadas a relocalizarse, -según estimaciones, en "la finca" más importante y que aún seguía activa en Animaná en los 70s, vivían más 30 familias, y el conjunto de trabajadores se componía de 30 de carácter permanente y 60 temporarios-. Y en esos años se había gestado un singular clima de movilización política y sindical, fueron recurrentes las denuncias en medios de comunicación locales y nacionales, y reiterados los reclamos sindicales de la CGT- Central General de Trabajadores-, del SOEV Sindicatos de Obreros Vitivinícolas- y también de la FUSTCA. Federación Única de Sindicatos de Trabajadores Campesinos-, por el incumplimiento de las obligaciones patronales, las violaciones de derechos y las malas condiciones de vida de los obreros rurales y trabajadores de la vid. Ello había colocado en la agenda social el problema del bienestar de los trabajadores y las condiciones dignas de vida, con lo cual las viviendas se tornaron en un objeto de demanda. En ese sentido se torna de interés poner en relación y reconstruir el modo en que la elaboración de demandas, el reconocimiento de problemas sociales, el diseño de mecanismos de intervención y la formulación de políticas públicas, van configurando la trama de la formación de Estado, donde ciertas instancias, prácticas y procesos convergen dan lugar a localización del Estado social en esa región en los 70s.Los interrogantes que vertebran este trabajo sintonizan con una perspectiva configuracional y procesual, que recuperando los aportes antropológicos y de corte etnográfico posibilitan abordar el Estado o lo estatal en términos relacionales -que se distancia de aquellas que lo asumen como un sujeto o una entidad-. En ese sentido, Abrams, afirma que al igual que otras falsas representaciones colectivas el Estado constituye un hecho social, pero no un hecho en la naturaleza. Y que como tales, estos hechos no deben ser tratados como cosas (Abrams 2015:52). En el abordaje aquí ejercitado, se da relevancia a la formación histórico social del ?Estado, que tal como Elias lo plantea, va realizándose conforme el ritmo de desarrollo de sus prácticas (Elías 2006). Historicidad que puede rastrearse plasmada en las huellas que dejan sus actos continuos de institución e institucionalización (Bourdieu 1997) y puede leerse a través de las prácticas mediante las cuales crea sus objetivos de administración y gobierno (Shore 2016). De allí su carácter escurridizo e inestable, dada la condición situada y transitoria de las articulaciones que logra. Articulaciones éstas que son efecto y a la vez condición de posibilidad para que ciertas prácticas sociales se lleven a cabo (Roseberry, 1994). Asimismo, asumimos que otra dimensión constitutiva del Estado en el marco de procesos sociales complejos es el lugar que cabe en el curso mismo de la vida social a conceptos tales como los de política, Estado y gobierno así como a las instituciones, las formas de acción social y los tipos de relaciones sociales a que hacen referencia? (Balbi y Boivin 2008:10). En esta dirección, retomamos herramientas propias del trabajo etnográfico, que desde distintos estudios han intentado eludir el carácter ilusorio y reificatorio del Estado, analizándolo más allá de anclajes institucionales específicos (Trouillot, 2001), así como distanciándose respecto a la imagen consolidada del Estado. Das y Poole (2004), en esa línea, confrontan con la definición de Estado en tanto que forma administrativa de organización política racionalizada, que tiende a debilitarse o desarticularse a lo largo de sus márgenes territoriales y sociales, para en cambio abrir la reflexión hacia el modo en que las prácticas y políticas de vida en esas áreas moldean las prácticas políticas que constituyen aquello que llamamos "el Estado". La noción de margen se torna particularmente potente e iluminadora para el análisis aquí propuesto, para adentrar en el modo en que se forma "Estado" en una región y espacio en donde las relaciones de poder predominantes se regularon y sostuvieron con una presencia e intervención casi imperceptibles para la población local, que para acceder a lo elemental para la reproducción de la vida ?tierra, trabajo y vivienda- tenía como única opción solicitarlo a los patrones y aceptar las condiciones por éstos impuestas. La finca, se presentaba por tanto como un lugar de vida pero principalmente como un espacio definido en torno a cierta trama de relaciones sociales y de poder. En este sentido, con la implementación de específicas y paradigmáticas políticas del Peronismo a nivel local, se habilita la abierta enunciación de críticas al régimen oligárquico, la "aristocracia terrateniente", la concentración de la tierra y sus privilegios y las formas de explotación imperantes en los espacios rurales y "latifundios del valle Calchaquí". Las Fincas eran vistas como un reducto donde se encerraba y condensaba ese conjunto de vicios propios del pasado?, los cuales se habían podido perpetuar por las condiciones de aislamiento geográfico, su lejanía respecto de la ciudad, su incomunicación por la falta o mal estado de caminos, dadas su singular paisaje. Todo lo cual habría redundado, además, en una reproducción ensimismada, fuera o al margen del paso del tiempo y de las transformaciones históricas. Esas representaciones mediante las que se construye el afuera y al margen se refuerzan también desde la acusación que empezará a habilitarse con las sanción de leyes laborales principalmente el Estatuto del Peón Rural, orientado a regular las relaciones del trabajo en el espacio rural y a abolir las prestaciones personales- en las que se afirman los reclamos sindicales y discursos de los sindicalistas que insistentemente hacen referencia a los "latifundios" como espacios gobernados por la ley del patrón, donde los derechos laborales no existían, donde los patrones hacían su voluntad y el estado no había penetrado. Todo ello contribuía a poner en cuestión las racionalidades o lógicas arcaicas, bajo las cuales se ordenaba la vida en esos espacios, de opresión, explotación y dominio. Palabras clave: Viviendas sociales, fincas vitivinícolas, trabajo residencial, Estado, Animaná.