Medios comunitarios y políticas de comunicación en Argentina 2019 - 2021: esperanzas, controversias y la incansable lucha por el ejercicio del derecho a la comunicación

IOVANNA CAISSÓN, SILVANA; NAVARRO NICOLETTI, FELIPE; ESTRELLA, MARÍA BELÉN

Montevideo

Encuentro; XVIII Encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación Social; 2021

Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social

Durante la pandemia por Covid-19 en Argentina los servicios de telecomunicaciones y comunicación audiovisual fueron declarados como esenciales y se garantizaron sus prestaciones aún durante la cuarentena más estricta (Decreto 297/2020), ya que habilitan el ejercicio del derecho a la información y comunicación, y colaboran con el cumplimiento de otros derechos como a la salud, educación, cultura, recreación y el acceso a asistencia y beneficios sociales (Bizberge y Segura, 2020; Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2020). Sin embargo, organismos internacionales y nacionales han reconocido que fenómenos como la infodemia, la polarización y la desinformación generaron procesos que no colaboran con la gestión de la pandemia (Aruguete y Schijman, 7 de diciembre de 2020), por lo que es central el trabajo de aquellos actores que llevan adelante buenas prácticas de comunicación, amplían la pluralidad de discursos y garantizan la democracia informativa (Segura y Weckerser, 2014; Segura, 2020). Es por ello que, dentro de un sistema infocomunicacional nacional concentrado y convergente (Becerra y Mastrini, 2015; Mastrini y Becerra, 2017) revalorizamos el rol de los medios audiovisuales comunitarios sin fines de lucro los cuales, pese a haber sido reconocidos como sujeto de derecho a la comunicación en la Ley N° 26.522 sancionada en 2009 (Sel, 2010), continúan reclamando el respaldo estatal para la sostenibilidad del sector más relegado de las industrias culturales (Linares et al., 2017). Luego de que el gobierno de Mauricio Macri (2015 - 2019) derogase varios artículos de la Ley SCA y retrasara la aplicación de proyectos para los medios comunitarios, gran parte del sector comunitario del país depositó confianza en la perspectiva democratizadora de la nueva gestión del gobierno del Frente de Todos. Durante sus primeros meses de trabajo, reconoció a todos los medios operativos como actores de difusión de la pauta oficial, tengan o no licencia (Jefatura de Gabinete Resol. 4/2020), hizo un relevamiento de medios de gestión social y amplió su articulación como parte de una política de Estado en relación a las organizaciones sociales (Longa, 17 de noviembre de 2020). No obstante, se observan continuidades en las políticas de comunicación respecto al fortalecimiento de los monopolios y empresas de telecomunicaciones (Marenghi Díaz, 1 de noviembre de 2019) y los reclamos del sector no lucrativo no han cesado (Vinelli, 2013; Longo, et al., 2017; Segura, et al., abril de 2017; Segura, 2018; Espada, 2017; Loreti, 2020). Observamos que, en este período, frente al contexto de pandemia, el organismo regulador de las telecomunicaciones concentró fuerzas -y recursos- en la extensión de los servicios de internet e incluyó a organizaciones sin fines de lucro como prestadoras del servicio, aunque en zonas no rentables (Ente Nacional de Comunicaciones [ENACOM], 2020 y 2021).