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La educación, como derecho o como necesidad, se constituye en obligación para los Estados, los gobernantes, las instituciones, los docentes, las familias y los individuos. La mayoría de los países de la región han implementado en la última década legislaciones que procuraron cristalizar una fuerte y legítima vocación de extender las bases y condiciones de inclusión del sistema educativo a sectores cada vez más relegados de nuestra población. En Argentina la vigencia e implementación de la Ley de Educación Nº 26.206/06 representa, sin lugar a dudas, tanto la cristalización de una fuerte y legítima vocación de extender las bases y condiciones de inclusión al sistema educativo a sectores cada vez más relegados de nuestra población, cuanto el enorme desafío de diseñar y aplicar estrategias relacionadas con la calidad de la educación que éste brinde. La sanción de la ley no garantiza y generaliza el derecho a la educación por el mero expediente de disponer acciones de inclusión masiva. La universalización del nivel secundario, ya habiéndose alcanzado en nuestro país prácticamente la inclusión masiva en nivel primario, es una meta muy ambiciosa, e involucra una problemática estructural. En este trabajo se intentará estimar los cambios en el acceso y la terminalidad educativa de la población escolarizada de Argentina, diferenciada por nivel y por provincia, en 2001 y 2010 según los datos censales correspondientes a dichos años. El propósito de este trabajo es estimar los cambios en el acceso y la terminalidad educativa de la población de 12 a 24 años del Noroeste de Argentina, diferenciales por departamentos, entre 2001 y 2010 Los cambios acaecidos en este sector de la población nos permitirán vislumbrar si algunas medidas públicas, tales como la Asignación Universal por Hijo tuvieron algún impacto en la población que aún no estaba escolarizada. El objetivo, de intentar una aproximación, del impacto de los programas de inclusión en la escolarización permitiría retroalimentar los mismos y realizar el ajuste necesario en las provincias que resultaran con los peores indicadores de acceso y terminalidad del nivel medio.