Violencia y seguridad en los estudios de comunicación: la construcción de un abordaje desde la articulación entre comunicación y ciudadanía

MORALES, SUSANA

Metodologías transformadoras: abordajes de investigación en comunicación en América Latina

Universidad Federal de Paraíba

Lugar: Joao Pessoa; Año: 2010; p. 1 - 17

Las preocupaciones que dan origen a este trabajo, se relacionan con la experiencia de una serie de procesos de intervención vinculados a la problemática de la política de seguridad desarrollada por el Estado cordobés1, y la detención permanente de jóvenes de algunas zonas de la ciudad a través de la implementación del Código de Faltas2 como principal herramienta legal.En este proceso, partimos de la idea de que una política por la cual aquellos sectores que viven las situaciones de inseguridad más contundentes, – la seguridad entendida como la plena garantía de derechos sociales, junto con la noción de seguridad restringida a la cuestión de la criminalidad-, son también víctimas de la aplicación de políticas de seguridad que se sostienen en el desconocimiento y vulneración de derechos fundamentales. En este sentido, el desarrollo de los talleres se articularon con la reflexión en torno a las condiciones para intervenir públicamente en un debate que se sustenta en las demandas de los sectores medios y altos de la sociedad cordobesa,con un alto contenido discriminatorio y que a su vez, se inscribe sobre una larga trama histórica de definición del otro como enemigo interno. Para ello, consideramos que recuperar las experiencias, miradas y necesidades de otros actores sociales en torno a ése difuso núcleo de problemas al que se denomina seguridad / inseguridad, permitiría ponerlos en común para ampliar los ejes del debate público. De este proceso, enormemente estimulante por los desafíos que presentaba, aparecieron dos elementos que me parecieron especialmente significativos:Por un lado, la profunda exterioridad que los jóvenes de la zona viven respecto de la ciudadanía y los derechos. Es decir, para estos jóvenes de barrios populares la diferencia entre legalidad / ilegalidad no es sustantiva, ya que se mueven constantemente entre ambas y sin conflicto alguno. De trabajos formales precarios, a actividades informales y de ahí, a actividades ilegales, es un vaivén constante definido por sus condiciones de vida y por las posibilidades de acceso. A su vez, su experiencia del Estado es la presencia de la policía, a la que se le reconoce fuerza y poder, pero de ninguna manera legitimidad. Una experiencia vinculada a la arbitrariedad permanente tanto de la policía como de la Justicia en general, impide reconocer a la norma más que en aquello instrumental que puede servirles en la resolución de diferentes situaciones. El derecho constituye un lenguaje, una herramienta para diferentes situaciones, pero es un uso no vinculado a un reconocimiento de su calidad de ciudadanos, sino más bien un objeto que puede ser usado de manera hábil en situaciones determinadas.Por el otro, las dificultades para reconocer situaciones de arbitrariedad en términos colectivos, sólo se ponen en cuestión en el momento de asumir una intervención pública. Es decir, una ambivalencia frente al discurso mediático y estatal policial entre el reconocimiento de una situación injusta o una nominación perjudicial en sólo en términos individuales o de personas cercanas no necesariamente supone un reconocimiento de una situación compleja para el común, o para los semejantes. En este sentido, los avances en términos de un reconocimiento de una situación en común fueron aquellos en los cuales decidieron asumir una palabra pública, que sumada a la impotencia que genera el tema, permite el reconocimiento de un nosotros más amplio al que se puede le puede hablar como parte del mismo conflicto.1 Las distintas intervenciones se realizaron en la zona sudeste de la ciudad, donde funciona la Red Social de la Quinta, una red que nuclea a más de 30 organizaciones e instituciones en la zona sudoeste de la ciudad, una zona caracterizada como “zona roja” en los mapas policiales, y que hoy se reconoce como uno de los ámbitos de producción y venta de droga más importantes de la ciudad. Se realizaron como integrante de la Asociación Casa del Liberado, y luego a través del financiamiento del Programa Nacional de Voluntariado, junto a un equipo de estudiantes universitarios de las carreras de Derecho y Comunicación Social. 2 El uso arbitrario del Código de Faltas por parte de la Policía de la Provincia de Córdoba, constituye la herramienta central para el despliegue de una política de seguridad vinculada a la doctrina de la Tolerancia 0. El incremento exponencial de detenciones por Código de Faltas desde al año 2005, en este sentido, constituye una práctica inconstitucional, ya que no se asienta en acciones de los sujetos detenidos, sino en su supuesta peligrosidad, en figuras que no definen conductas claras, como el merodeo; y en un sistema por el cual es la misma institución policial la que resuelve la detención, actúa como testigo y juzga la conducta, quedando a su entera discrecionalidad. Durante la primera mitad del año 2005 se realizaron 8.978 detenciones a través del Código de Faltas, mientras que en el año anterior, completo, se registraron 5.201. Es decir, que ya era posible prever al menos la triplicación durante el año completo. En el año 2007, se informaron 15083 detenciones, por Código de Faltas y hasta agosto de 2008, 9300 (lo cual proyecta casi 18000 para ese año). Cabe aclarar la dificultad de conseguir información sobre el tema, ya que la Policía evita sistemáticamente responder todos los pedidos de informes de personas e instituciones.