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Durante los primeros años del gobierno del presidente Mauricio Macri (2015-2019) las encuestas de opinión pública ubicaban a la inseguridad como tercera o cuarta preocupación ciudadana. En la cima se erigían los problemas económicos, e incluso algunas consultoras posicionaban al problema de la corrupción antes que a la inseguridad. Los/as argentinos/as parecían no estar tan preocupados/as por los índices delictivos como durante la década precedente. Sin embargo, el tema sigue estando entre los tres más importantes, y constituye un tópico estable tanto en la agenda pública como en la política y mediática. El gobierno de Macri, al menos por el momento, parece sentirse cómodo hablando de inseguridad. Esta comodidad se contrapone a lo sucedido durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández (2003-2015), cuando la marginación de la inseguridad como tema prioritario de gobierno contribuyó a restar peso al tema en el debate público (Sozzo, 2016). Constituyen expresiones de esta renovada centralidad el proyecto en boga para modificar el Código Penal (que ofrece un lugar central a las víctimas en el proceso judicial), el recibimiento en la Casa Rosada a policías que asesinan ilegalmente a delincuentes, la quita de fondos al Ministerio de Educación para redirigirlos a la cartera de Seguridad y las políticas públicas orientadas a criminalizar al espacio público. La jerarquización de la inseguridad acerca a la alianza gobernante con su electorado, permite mostrarse ?del lado de la gente?, en un contexto de grave crisis económica. El ideal de que las víctimas deben ser protegidas y sus voces expresadas, aquel expresado por Garland (2005) en su análisis sobre el contexto anglosajón de hace una década, se manifiesta con claridad en la Argentina macrista. El trabajo pretende analizar la nueva centralidad otorgada a ciertas víctimas, algunas de las cuales directamente pasaron a formar parte del armado de la alianza oficialista Cambiemos. Nos proponemos reconstruir aristas significativas del debate público en relación con la participación de las víctimas del delito en la propuesta, implementación y evaluación de políticas públicas. Además, rastreamos el protagonismo de ciertas víctimas en los medios de comunicación para dar cuenta de las dinámicas de su práctica y de sus experiencias como actores sociales relevantes. Con estos fines proponemos seguir las intervenciones de un grupo de víctimas en diversas escenas públicas que analizaremos integradamente. Estas escenas incluyen una marcha realizada por este grupo bajo el slogan ?Para que no te pase?, desarrollada en 2016 en las inmediaciones del Congreso Nacional. El período de análisis llega hasta la aprobación de la Ley de víctimas en el año 2017, promovida por este mismo grupo, que en parte recoge algunas de sus demandas. Caracterizamos la práctica pública de estas víctimas y familiares de víctimas de la inseguridad durante los primeros años del mandato de Macri, entre enero de 2016 y julio de 2017. En este período este grupo obtuvo un impulso inicial y una fuerte interlocusión con el gobierno, obteniendo una destacada visibilidad pública. Con este objetivo reconstruimos procesos vinculados a la presencia pública de las víctimas y sus familiares a partir de un registro de prensa gráfica nacional, el análisis de redes sociales (principalmente videos publicados en la plataforma YouTube) y realizamos observaciones en la marcha ?Para que no te pase?, desarrollada en 2016. El recorrido de esta ponencia intenta mostrar los modos en que ciertas víctimas de delito, en tanto actores sociales legitimados, fueron posicionándose en un lugar privilegiado en el espacio público. En esta línea, como punto de llegada, la propuesta incluye una reflexión sobre el debate acerca de los riesgos de la participación en procesos judiciales de actores como las víctimas, que son parte interesada. O, en términos más generales, el debate sobre el rol del Estado en relación con las víctimas y la definición misma de la victimización.