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Los decretos provinciales de emergencia hídrica surgen en el año 2010 como respuesta a los intensos períodos de déficit hídrico registrados en la árida provincia de Mendoza. Cuando a consecuencia de las escasas nevadas estivales, los ríos de Mendoza transportan volúmenes de agua que no superan la media histórica, el máximo organismo de gestión hídrica dictamina que se está en situación de emergencia hídrica. En el marco de esta modalidad, la provincia atraviesa actualmente, su séptimo año consecutivo bajo esta condición.Una primera aproximación al estudio de estos decretos revela que los mismos constituyen lineamientos sobre el uso y aprovechamiento del agua escasa. Se presentan como dispositivos de control y gobierno que apelan -al menos en teoría- al esfuerzo conjunto de todos los ciudadanos en pos de la austeridad y el cuidado del agua. Sin embargo, también se advierte que los mismos tienen su génesis en el seno de una gestión hídrica fuertemente cuestionada debido a irregularidades en los permisos de extracción de agua subterránea en áreas de restricción hídrica y en un contexto, como ya dijimos, de emergencia hídrica. En el marco de estas contradicciones, el presente trabajo pretende problematizar y repensar los dispositivos propuestos por el Estado para resolver los problemas hídricos en tierras secas. Específicamente, buscamos explorar la génesis de la emergencia hídrica como problema y dispositivo de Estado en la provincia de Mendoza a la luz de las irregularidades en torno a las concesiones de agua subterránea para emprendimientos turísticos e inmobiliarios de alta gama en el distrito de Agrelo, departamento de Luján de Cuyo. Para ello, las técnicas metodológicas giran en torno a las entrevistas en profundidad a informantes claves y al tratamiento tanto de documentos oficiales como de artículos periodísticos del año 2010 en adelante.