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El artículo se propone analizar las nuevas condiciones políticas y económicas de la provincia de Tucumán abierta por la revolución de 1930. En el proceso que se abría no estaba claro cuál debía ser la posición del gobierno provisional hacia la Unión Cívica Radical (UCR) y sus dirigentes, ni tampoco quienes serían herederos civiles del golpe de estado de Uriburu. En síntesis, la denominada revolución restauradora de 1930 no implicó el retorno de los conservadores, ni de los industriales a importantes posiciones de poder político en el ámbito provincial. En lo relativo a la política azucarera la misma presenta notables continuidades con la implementada a partir de la gran huelga cañera y del Laudo Alvear. Todas las administraciones provinciales, no sólo las radicales, hicieron suyos los conceptos vertidos en el fallo presidencial respecto de la función social de la protección y se ampararon en esta premisa para otorgar un tratamiento especial a los cañeros minifundistas, aunque esta reglamentación fue utilizada en beneficio de actores productivos más consistentes. Durante la gestión de Campero se observa con mayor nitidez esta política en favor de los plantadores. En parte porque la UCR provincial expresaba un entramado de intereses, en el que los cañeros tuvieron un lugar expectable, aunque también contemplaba los intereses de los sectores populares de la ciudad y de la campaña, a los que se benefició con la expansión de los servicios públicos en salud y educación. En este sentido, el fraude y la restauración conservadora que caracterizaron a la década infame no tuvieron lugar en distritos como Tucumán, cuya significación electoral no era decisiva. Luego de un interregno, el radicalismo recuperó el poder político y llevó adelante una gestión que se caracterizó por la colaboración con el gobierno nacional.