CEIL   02670
CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES LABORALES
Unidad Ejecutora - UE
capítulos de libros
Título:
Déficit de trabajo decente en el comercio en locales en el Área Metropolitana de Buenos Aires
Autor/es:
SALA, GABRIELA ADRIANA
Libro:
Ciencia de la sostenibilidad, pobreza y desarrollo en la Argentina del Siglo XXI
Editorial:
CROP y Siglo XXI Editores
Referencias:
Lugar: Mexico DF; Año: 2020; p. 356 - 388
Resumen:
Este artículo caracteriza a los trabajadores de la comercialización directa en locales y reflexiona sobre los factores subyacentes en la informalidad en este grupo ocupacional. La elevada informalidad en las ocupaciones de la comercialización en el AMBA justifica la indagación detallada de factores que obstaculizan la formalización y privan de trabajo decente a una porción significativa de los ocupados. La discusión de los mecanismos subyacentes en la informalidad laboral en el comercio es un insumo para la promoción del trabajo decente en un segmento laboral que ha funcionado como refugio en un contexto de crisis del empleo. En este marco, el trabajo decente es un eje central de las políticas de desarrollo sostenible e inclusivo promovido por los ODS. En el AMBA, hacia fines de 2016 y mediados de 2017, prevalecía la informalidad laboral entre los ocupados en la comercialización directa. En este grupo ocupacional era menor el porcentaje de asalariados que en el total de ocupados. Por su parte, el porcentaje de cuentapropistas y de asalariados sin descuentos jubilatorios era mayor que en el total de ocupados. La participación de los cuentapropistas crecía mucho con la edad, alimentada predominantemente por los asalariados informales y en menor medida por los formales. Si bien el análisis se basó en el abordaje sincrónico, suponemos la existencia de patrones asociados al ciclo de vida. Se detectó que los jóvenes que comenzaban a trabajar en el comercio lo hacían mayoritariamente como asalariados no registrados. Con el tiempo, una parte importante de éstos dejaba la actividad, otra parte continuaba trabajando en el comercio como cuentapropista y una parte muy pequeña establecía un vínculo salarial formal dentro del mismo sector. El tránsito hacia la formalización involucraba en mayor medida a los varones, mientras que entre las mujeres era más frecuente la salida de la actividad y el pasaje al cuentapropismo.La notable extensión de la jornada laboral, los bajos salarios, la gran circulación de trabajadores y la informalidad laboral total o parcial continúan caracterizando al trabajo en el comercio. Entre fines de 2016 y mediados de 2017 trabajaban más de cuarenta y cinco horas semanales 52 por ciento de los varones y 42 por ciento de las mujeres ocupados en la comercialización directa. Estos porcentajes coincidían con la información proveniente de las entrevistas sobre la relevancia de jornadas laborales de doce horas, seis días a la semana.Se destacó la gran rotación de empleados del sector, producto de la búsqueda de mejores condiciones laborales. Esta rotación encontraba una contraparte en la actitud exhibida por los empleadores de búsqueda permanente de empleados y baja propensión a formalizar el vínculo laboral. Los comportamientos de empleados y empleadores formaban un círculo vicioso que se perpetuaba, mostrando ser altamente resistente a las acciones de fiscalización laboral.Se captaron apreciaciones de los microcomerciantes que consideraban costoso, difícil y lento el proceso de obtención de las habilitaciones comerciales. Se detectó que mientras los requisitos para la habilitación de locales eran permanentemente monitoreados, era menos frecuente la fiscalización laboral. Por lo que, en general, los comerciantes observaban más las disposiciones municipales que las normas laborales. En algunos microestablecimientos con asalariados, se priorizaba la formalización del comercio y en segundo lugar, la de los trabajadores. Los microcomerciantes cuentapropistas era el segmento más vulnerable y, por su bajo nivel de capitalización, no podían costear los requisitos de habilitación del local y muchas veces desplegaban estrategias para ?invisibilizar? la actividad y evadir los controles municipales. El registro de los asalariados es una responsabilidad del empleador y el Estado debe velar por el cumplimiento de esta obligación a través de las fiscalizaciones laborales. La visibilidad de la actividad comercial, a diferencia de otras actividades como el trabajo doméstico, facilitaría el control. Sin embargo, éste pierde eficacia frente a un conjunto de prácticas de evasión sólidamente enraizadas.Las entrevistas en profundidad permitieron detectar que los microcomerciantes demoraban la formalización de los empleados, ampliando el periodo de prueba hasta casi un año. Cuando formalizaban, recurrían a esquemas de registro parcial del total de horas de trabajo y del conjunto del personal, justificando esta práctica en el costo elevado de las contribuciones patronales y en la preferencia por no adquirir compromisos laborales en un clima de incertidumbre, especialmente cuando alquilaban el local. Además mostraron que la evasión de las obligaciones laborales se acentuaba en un contexto de incertidumbre económica, caída de las ventas e incremento de los costos operativos Hasta el presente, algunas de las barreras a la formalización laboral son los costos administrativos del registro de trabajadores y la existencia de una cultura de evasión enraizada, reforzada por el desconocimiento de leyes registrales con facilidades para microestablecimientos y de categorías tributarias como el Monotributo Social.La indagación cualitativa mostró que los microcomerciantes no respondían a los incentivos de la ley 26.940, en primer lugar porque la desconocían pero, sobre todo, porque en los comercios de menor tamaño estaba generalizada la formalización de la mitad de la jornada laboral y el pago sin registro de las horas restantes. Para este tipo de contratos, el descuento de las contribuciones era del 25 por ciento, es decir, era un incentivo bajo.Las entrevistas permitieron observar que las acciones de fiscalización parecen estar ausentes y/o ser poco efectivas, debido a las prácticas de empleadores y empleados de ocultar el vínculo laboral, y a la corrupción de los inspectores laborales. La fiscalización laboral, pese al nuevo impulso a partir de la sanción de la Ley 26.940, no alteró la cultura evasora de algunos empleadores. Las entrevistas mostraron también que los cuentapropistas tienen información parcial para adherir al Monotributo, pese a las consideraciones positivas de esta categoría tributaria. También se constató la persistencia de desinformación sobre la categoría de Monotributo orientada a personas en situación de vulnerabilidad. Fue destacada la mala predisposición de los empleados de la AFIP para asesorar en la realización de los trámites y la existencia de barreras digitales para efectuar altas y bajas. Estas barreras de acceso fácilmente podrían ser removidas a partir del aumento del plantel de empleados de la AFIP, la capacitación y motivación para mejorar su predisposición para asesorar sobre los trámites de adhesión. En este sentido, los profesionales que asesoran durante la inscripción en el Monotributo Social muestran mejor desempeño para reducir las barreras informativas y facilitar el trámite. Esta modalidad de acompañamiento debería extenderse a las demás categorías de Monotributo para favorecer la formalización de cuentapropistas con mayor nivel de facturación. En este artículo quedaron esbozadas algunas líneas de investigación que merecerían mayor atención en el futuro. Una de ellas es el impacto diferencial por género de las condiciones laborales del comercio en locales. Línea que se complementaría con estudios comparativos de las condiciones laborales en el comercio y en otros sectores con elevada informalidad, como la construcción, el comercio callejero, el servicio doméstico y la gastronomía