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La República Argentina se manifiesta políticamente con una estructura territorial organizada federalmente mediante 23 Estados o jurisdicciones locales autónomas denominadas Provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correspondiendo el 91,3% de sus aguas a cuencas interprovinciales. Esta diversidad de jurisdicciones locales que comparten territorialmente la generalidad de las cuencas hídricas importa la necesidad de apreciar el régimen que regula la resolución de los problemas propios de la gestión de las aguas, y más específicamente en relación a la preservación y/o recomposición del ambiente conexo a los cursos de agua. En tal análisis, se considera el alcance del ambiente como bien jurídicamente tutelado, en la inteligencia que sólo la precisa determinación del posible objeto de un conflicto ambiental puede encauzar adecuadamente la existencia de un verdadero caso en la materia, distinguiéndolo de otros supuestos de modificaciones antrópicas que no pueden ser catalogadas como un daño al entorno. Sobre esta consideración, y sin perjuicio de los mecanismos de tutela a los que pueden recurrir los ciudadanos y las autoridades públicas ante situaciones de daño ambiental interjurisdiccional, se analiza la base competencial y procedimental que corresponde en relación al poder y función de policía ambiental y de aguas en el sistema federal argentino, apreciando desde esta perspectiva los mecanismos constitucionales para dirimir conflictos interprovinciales suscitados por situaciones de menoscabo ambiental en cuencas hídricas compartidas entre diversas Provincias. Las conclusiones refieren la síntesis del estado actual de la casuística referida a conflictos ambientales en las cuencas interprovinciales argentinas.

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