¿Cómo evitar que las políticas de comunicación sean capturadas por las élites? Las instituciones estatales participativas de políticas de comunicación creadas en América Latina entre 2000 y 2015

SEGURA MARIA SOLEDAD; LINARES ALEJANDRO

EDUVIM

978-987-707-047-7

Históricamente, las políticas de comunicación en todos los países latinoamericanos han sido capturadas por élites económicas y políticas (Fox y Waisbord, 2002; Márquez y Guerrero, 2014; entre otros/as). Se puso en evidencia, asimismo, que esto implica una enorme desigualdad durante el proceso de formulación de políticas públicas porque no participan organizaciones cívicas (Segura y Waisbord, 2016). Estas políticas han dado por resultado sistemas mediáticos hiper-concentrados y comerciales, con la producción centralizada en pocos centros urbanos y sostenidos por publicidad y beneficios gubernamentales; medios públicos inexistentes o pobres, con escasa audiencia y credibilidad; y medios populares que subsisten en muchos casos en la ilegalidad o restringidos en su desarrollo. (Becerra y Mastrini, 2017) Otras características históricas de la comunicación pública en América Latina son las llamadas leyes mordaza que penalizan las figuras de desacato, difamación, calumnias e injurias, y fomentan la censura previa; las prácticas secretistas de gobiernos y empresas en el manejo de la información pública; y los ataques a trabajadores de prensa. (Loreti y Lozano, 2014)Por lo tanto, se comprobó que los resultados de estas políticas capturadas por elites también incrementaron y consolidaron la desigualdad en las posibilidades de acceso y participación de la comunicación pública (Graziano, 1988; Linares, Segura y otras, 2016). Por el contrario, configuran una esfera pública que reproduce las desigualdades existentes (sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas, de género, de orientación sexual, de generación) al interior de cada país y entre las diferentes naciones. En tanto, los derechos a acceder a información y expresarse libremente en el espacio público son condición necesaria para el goce, ejercicio y ampliación de otros derechos civiles, políticos y sociales. Por eso, la democratización de la comunicación es imprescindible para la democratización social y para un estado y gobierno democráticos. (Mata, 2006; Fraser, 2006; y otros/as)Los primeros 15 años del siglo XXI mostraron en la región procesos inéditos de activismo estatal y social en materia comunicacional contrarios a la tendencia histórica. Se reformularon leyes de comunicación (se sancionaron 17 leyes de comunicación audiovisual y telecomunicaciones, 11 de acceso a la información y 9 de libertad de expresión ?eliminación del desacato, despenalización de calumnias e injurias, etc.-) y, en la mayoría de los casos, eso se realizó con participación ciudadana. Estos procesos implicaron, en cierta medida, el paso de las políticas de comunicación capturadas por élites a políticas participativas. (Segura y Waisbord, 2016)En estas nuevas leyes de comunicación las organizaciones sociales lograron la creación de instituciones estatales con participación ciudadana para el debate, definición, e implementación y control de las políticas de comunicación. Así, pretendían institucionalizar y hacer perdurar en el tiempo la práctica de participación e incidencia social en estas políticas, y evitar o limitar su captura por parte de élites gubernamentales y empresariales.En México, Ecuador, Argentina y Uruguay, países con características diversas y que atravesaron diferentes procesos políticos en esos años, la mayoría de las nuevas normas creó instituciones estatales de participación ciudadana para la propuesta y el seguimiento de políticas del sector.En Argentina, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual estableció en 2009 un Consejo Federal deComunicación Audiovisual, un Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia, un ConsejoHonorario de Medios Públicos y una Defensoría del Público; y la Ley Argentina Digital sumó en 2014 el Consejo Federal de Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización.En Ecuador, la Ley Orgánica de Comunicación creó en 2013 un consejo consultivo multisectorial dentro de la autoridad de aplicación. En 2014, la Reforma Constitucional de Telecomunicaciones, Radio y Televisión de México estipuló un consejo consultivo dentro del Instituto Federal de Telecomunicaciones y creó un consejo similar de los medios públicos federales.La Ley de Comunicación Comunitaria de Uruguay creó en 2007 el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria y la Comisión Honoraria Asesora Independiente; la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual estableció en 2014 la Comisión Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual, otra comisión para los medios públicos, y una Defensoría del Público; y en 2008, la Ley de Acceso a la Información Pública creó un consejo consultivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública.Algunas de estas instituciones no llegaron a implementarse, otras fueron puestas en marcha tarde oparcialmente; de las que funcionaron, algunas lo hicieron con regularidad, y otras fueron desfinanciadas,derogadas o reemplazadas. El tiempo transcurrido desde su creación permite evaluar su aplicación. Si bien se registran algunos análisis preliminares de su funcionamiento (Linares, 2014 y 2017; Segura, 2015 y 2018; Retegui, 2017) y de su impacto en los sistemas mediáticos (Segura, Linares y otras/o, 2018), aún no se realizaron estudios integrales ni comparativos como el propuesto.Problema: ¿En qué medida las instituciones estatales participativas creadas por las leyes de comunicación audiovisual, telecomunicaciones y acceso a la información sancionadas con participación social entre 2000 y 2015 en México, Ecuador, Argentina y Uruguay, lograron (o no) instalar la incidencia efectiva de organizaciones cívicas en la formulación de políticas para evitar o limitar su captura por las élites políticas y económicas?Proponemos un análisis comparativo de alcance regional con los siguientes objetivos:1) Verificar la captura de las políticas de comunicación pre-existentes y sus efectos en la desigualdad de acceso y expresión en la comunicación pública;2) Evaluar el diseño normativo, implementación y funcionamiento efectivo de las instituciones participativas creadas entre 2000 y 2015 por las leyes de comunicación audiovisual, telecomunicaciones y acceso a la información en México, Ecuador, Argentina y Uruguay; y3) Formular recomendaciones de diseño normativo, modalidades de implementación y acciones a desarrollar por instituciones estatales participativas de políticas de comunicación analógica y digital.Hipótesis: Las instituciones estatales participativas creadas por leyes de comunicación sancionadas con participación social en México, Ecuador, Argentina y Uruguay entre 2000 y 2015 no lograron asegurar la incidencia ciudadana en políticas de comunicación, sino que quedaron subsumidas dentro de la negociación partidaria y/o las alianzas políticas dependientes de disputas generales. Esto impidió que desarrollen, con cierta autonomía, una dinámica propositiva que enfrente la resistencia de las élites gubernamentales y empresariales a la implementación de reformas. Sin embargo, sí consiguieron realizar algunas iniciativas que limitaron o suspendieron circunstancialmente la captura de las políticas de comunicación por las élites.Se esperan los siguientes resultados del proyecto: Una sistematización a nivel regional de los modos en que las élites políticas y económicas realizan lacaptura de las políticas de comunicación, y de sus efectos en las desiguales posibilidades de participación en la esfera pública de diversos sectores sociales. Una mayor comprensión, empíricamente fundada, de la medida en que los diseños normativos, los modos de implementación y el accionar de las instituciones estatales participativas, en determinados contextos socio-políticos e históricos, permiten efectivamente (o no) evitar, atenuar o equilibrar la captura de las políticas de comunicación por las élites. Un listado de recomendaciones sobre maneras de potenciar y mejorar los resultados de estas instituciones estatales participativas de políticas de comunicación, en base a la investigación desarrollada. Mayor conocimiento y propuestas aplicables también a instituciones estatales participativas de otras áreas de políticas públicas.Asimismo, se espera con esto, contribuir a la producción del siguiente impacto: Participación ciudadana fortalecida en políticas de comunicación y, por lo tanto, captura reducida de las políticas de comunicación por parte de las élites. Políticas de comunicación que garanticen el derecho a la comunicación y, por ende, sistemas de comunicación pública más equitativos y democráticos.LIBRO EN EVALUACIÓN - ISBN REAL PENDIENTE