De la resistencia a la incidencia. Sociedad civil y derecho a la comunicación en Argentina

MARÍA SOLEDAD SEGURA

Ediciones UNGS

Año: 2018 p. 95

978-987-630-370-5

La sociedad civil ha tenido un rol central en las múltiples reformas de políticas de comunicación producidas en la Argentina en los últimos 15 años. Esto constituye una novedad sin precedentes en un país donde históricamente estas medidas se restringían a acuerdos entre las elites políticas y económicas. En el mismo período, se han multiplicado y consolidado las emisoras comunitarias, populares y alternativas. Por lo tanto, la incidencia de las organizaciones sociales en la redefinición -en diferentes niveles- de las reglas de juego de la comunicación pública ha adquirido una relevancia inusitada.En 2009 en la Argentina se debatió y aprobó una nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual -la segunda norma en esta materia aprobada por un gobierno constitucional en la historia de nuestro país- que reemplazó casi 30 años después a la Ley de Radiodifusión impuesta durante la última dictadura militar. Por primera vez en la historia de la radiodifusión argentina, al proceso de debate público y legislativo de la nueva regulación no sólo lo protagonizaron las empresas mediáticas y el gobierno a cargo del Estado, sino también las organizaciones de la sociedad civil. De hecho, la nueva norma se basó en los 21 Puntos por una Radiodifusión para la Democracia elaborados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática, amplia y plural alianza de organizaciones sociales conformada en 2004. Representantes de las organizaciones sociales participaron también de agencias gubernamentales de regulación y consulta durante la implementación de la ley, posiciones que les dan, en principio, un acceso fluido a funcionarios públicos y les otorgan oportunidades para participar de forma regular en la formulación, implementación y control de las políticas, y de audiencias públicas convocadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación antes de declarar la constitucionalidad plena de la Ley 26522.Si bien esta reforma fue la más conocida, no fue la única. Desde los años 90 cuando se revocó la ley de desacato por iniciativa del CELS y, particularmente, en las décadas de los 2000 y 2010, se produjeron múltiples reformas en políticas de comunicación con participación ciudadana. Como ejemplo, menciono sólo las nuevas legislaciones: el Decreto de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo Nacional en 2003, la reforma del Código Penal para eliminar la figura de calumnias e injurias en 2009, la ya mencionada sanción de la Ley 26522, la Ley de Acceso a la Información Pública de 2016. Esto da cuenta de un activismo estatal inusual en el área, al menos desde la recuperación del gobierno constitucional en 1983, de una también inédita movilización social para la incidencia y, además, de logros absolutamente novedosos de impacto social.Asimismo, la comunicación alternativa tiene una larga historia en el país vinculada a organizaciones políticas anarquistas y de izquierda principalmente. En tanto, las radios y televisoras comunitarias emergen en los años 80 durante el período de recuperación del gobierno constitucional en la Argentina. Este tipo de medios se multiplican exponencialmente durante la crisis de 2001-2002 acompañando a los sujetos movilizados en ese período y van a tener un nuevo momento de auge desde el debate, sanción e implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.La sociedad civil busca de este modo reformular las reglas de juego de la comunicación pública ya sea en sus propios espacios organizacionales y/o en el Estado y lo hace con relativo éxito. Esto constituye un hecho sin precedentes en la Argentina. Y plantea interrogantes sobre las posibilidades de emergencia e impacto de organizaciones que busquen incidir en el sistema mediático y las políticas de comunicación. ¿Quiénes conforman estas organizaciones? ¿Qué demandas y propuestas formula la sociedad civil en materia de libertad de expresión? ¿Qué enfoques teóricos y políticos adopta? ¿Qué estrategias desarrollan los movimientos sociales para procurar cambiar las reglas de juego de la comunicación pública? ¿En qué circunstancias emerge el activismo social en comunicación y se organizan grupos alrededor de este tema? ¿Qué obstáculos y oportunidades existen para el fortalecimiento de la participación ciudadana en comunicación? ¿Qué condiciones hacen posible que la sociedad civil impacte en las etapas de debate público, deliberación legislativa, e implementación y control de políticas públicas de comunicación? Examinamos estas preguntas analizando el proceso de participación social en la definición de las políticas de comunicación ?en el debate público, deliberación parlamentaria e implementación de nuevas leyes y políticas- y en la reconfiguración del sistema mediático en la Argentina desde 2001 y hasta 2015. Analizamos las prácticas de organizaciones sociales que buscaron incidir en el Estado para modificar las leyes del sector, así como las de colectivos y movimientos que impulsaron prácticas de comunicación alternativa. Relacionamos sus demandas, propuestas, marcos interpretativos y estrategias con las organizaciones que las impulsaron y con las condiciones de posibilidad en las que las desarrollaron, signadas por tres hitos: la crisis de 2001-2002, la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009, y el desmantelamiento de aspectos sustanciales de esta ley por decreto de necesidad y urgencia en 2015.