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En2020 y 2021, durante la vigencia de las medidas de aislamiento ydistanciamiento social preventivo y obligatorio (Aspo y Dispo) debidoal avance de la pandemia de Covid-19 en la Argentina, se puso enevidencia de manera abrumadora que el derecho a la conectividad escrucial para el ejercicio de otros derechos (Segura y Bizberge,2020).Enesas condiciones, los estados nacionales y provinciales así como lasempresas privadas avanzaron mucho con la conexión en todas lasprovincias del país (Segura, Bizberge, Venier, Ares, Ortega y DeToni, 2023). También las Redes Comunitarias de Internet (RCI), queya existían, se expandieron notablemente y de manera acelerada,ganaron visibilidad, organización y capacidad de incidencia en laspolíticas públicas (Segura, Bizberge, Venier, Ares, Ortega y DeToni, 2023). Fueron una alternativa sobre todo en zonas rurales opopulares urbanas donde las empresas no prestan servicio o lo hacencon precios altos y baja calidad (Prato, Weckesser y Segura, 2020).Córdobafue una de las primeras provincias donde se desplegaron redescomunitarias de internet y es donde está asentada AlterMundi, una delas dos organizaciones no gubernamentales (ONG) que comenzaron aimpulsarlas en Argentina. Es también el lugar donde se hicieron losprimeros encuentros de la Cumbre Latinoamericana de RedesComunitarias en 2018 y de la Cumbre Argentina de Redes Comunitarias(Carc) en 2019 (Prato, Weckesser y Segura, 2021), actores crucialesque incidieron en la elaboración de políticas públicas para elsector. (Prato, Weckesser y Segura, 2022).Enesta provincia, desde 2020, el Enacom aprobó proyectos deconectividad para 26 barrios de Córdoba Capital y 15 barrios de laciudad de Río Cuarto, la capital alterna. Además, se aprobó unproyecto para ampliar y mejorar la conectividad de las comunidades deLos Molinos y José de la Quintana. Excepto los de Río Cuarto, quefueron presentados por una empresa comercial InterCity ComunicacionesS.A., proveedor minorista que pertenecería a Telecentro(Convergencia, 2022), los demás son proyectos elaborados eimplementados por organizaciones sociales de diverso tipo. En24 barrios de Córdoba Capital está trabajando la Mutual CarlosMugica, con larga trayectoria en la provincia, creada a inicios delos años 80, y sobre todo vinculada al hábitat popular y a laradiodifusión comunitaria; y en los otros dos, La Poderosa,organización social territorial latinoamericana que nació en BuenosAires en los años 2000 que propuso proyectos de conectividad envarias provincias del país. En tanto, el de comunidades rurales fuepresentado por redes comunitarias ya existentes acompañadas porAlterMundi, que impulsa RCI a nivel nacional e internacional, desdelos años 2010. La Mutual obtuvo una licencia comercial; las redescomunitarias y La Poderosa una licencia Varc.Setrata, por lo tanto, de tres organizaciones con trayectorias,competencias y objetivos diferentes, que optaron por estrategias deintervención y políticas públicas distintas. Lo que tienen encomún no es que provean conectividad de manera totalmenteautogestiva y no lucrativa, sino que procuran garantizar el acceso ainternet a sectores urbano-populares y rurales cuyo derecho a laconectividad no estaba siendo atendido por los actores comerciales;y, con ese fin, articulan con el Estado nacional -y, en ocasiones,con los Estados provincial y municipal también- y con organizacionessociales territoriales.Nosinteresa, por un lado, evaluar en qué medida la ejecución realizadapor entidades sociales no lucrativas de diverso tipo incide en losdiferentes impactos que la política nacional tiene en losterritorios. Por otro lado, establecer qué tipo de política estataly estrategia de intervención social resultaron más eficaces paragarantizar el derecho a la conectividad de sectores populares.Paraeso, se analizan en profundidad los procesos de participación en eldebate, diseño e implementación de las políticas nacionales deconectividad por parte de estas tres organizaciones sociales en laprovincia de Córdoba; los resultados que obtuvieron y los queesperan obtener, las facilidades y obstáculos que identificaron enel proceso, y las discusiones que plantean.Estose aborda desde un enfoque teórico-normativo que concibe a laconectividad como derecho humano que debe ser garantizado por elEstado, y un servicio que puede ser prestado por actores estatales,comerciales y no lucrativos. Concebimos a las políticas públicascomo resultado de procesos de disputa en los que también intervienenestos tres tipos de actores con distintos intereses y desigualesrelaciones de poder.p { color: #000000; line-height: 115%; text-align: left; orphans: 2; widows: 2; margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; background: transparent }p.western { font-family: "Arial", serif; font-size: 11pt; so-language: es-ES }p.cjk { font-family: "Arial"; font-size: 11pt; so-language: zh-CN }p.ctl { font-family: "Arial"; font-size: 11pt; so-language: hi-IN }a:link { color: #000080; text-decoration: underline }

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