Agencia y resistencia indígena. Concepciones, apropiaciones y disputas en la aplicación de políticas públicas indígenas en el marco del paradigma estatal emergente.

SERGIO BRATICEVIC Y LUCAS CABANA

Buenos Aires

Jornada; X Jornadas de Sociología; 2013

Carrera de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires

Si se intentara realizar una recopilación exhaustiva sobre las diferentes políticas públicas indígenas elaborada durante los últimos treinta años en la República  Argentina –sólo en materia de territorio-, se demandaría de una enorme labor de investigación, excediendo claramente los límites y propósitos de este trabajo. De este modo, se presenta un recorte espacio-temporal en relación a los citados procesos de acuerdo a uno de los objetivos perseguidos: obtener una síntesis informativa sobre las políticas públicas y las reivindicaciones de los Pueblos Indígenas, haciendo especial hincapié en la aplicación de la Ley Nacional de Emergencia Territorial 26.160 a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en el Norte Argentino.   En este sentido, se entiende a las políticas públicas sobre este segmento poblacional como un paquete de dispositivos normativizadores, o más bien como gubernamentalidad en términos de Foucault (citado en Barrientos, 2013). De manera más específica, para el caso abordado se realiza un análisis de la aplicación de la norma, entendiendo que este proceso político-administrativo entra en contradicción de forma recurrente con el avance de la de la frontera agraria. De este modo, se intentan mostrar las tensiones ocurridas en la Provincia de Salta, en una región paradigmática a la hora de examinar el desarrollo agrícola regional traccionado por el cultivo de soja.   A partir de esta concepción, se concibe al Estado abre como un campo de negociación que se materializa a través de la implementación de políticas públicas, más que como “imposición de condiciones” desde la órbita estatal (Bourdieu, 2000). Esto debido a que una porción considerable del ciclo reproductivo anual de estas poblaciones campesinas se encuentra relativamente autonomizado con respecto al avance rentístico de la frontera agropecuaria. Así, los actos administrativos que operan sobre estas poblaciones son producto de negociaciones de identidad constantes (Barrientos, 2013).   Asimismo, puede afirmarse que se está transitando una etapa diferente a la neoliberal y ello se materializa en la aplicación de políticas públicas más integradoras, sin el propósito de contener el conflicto social sino, más bien, el de incluir en el circuito productivo a los que se encontraban fuera de éste. A partir del suministro de nueva infraestructura para comercializar la producción, con planes de capacitación para mejorar la productividad intrafinca o a través de la titulación de la tierra, entre otros estímulos. De este modo, la respuesta a la cadena equivalencial[1] de reclamos de los sectores subalternos del ámbito rural, en el marco del cambio de paradigma, se viabiliza por medio de una lógica populista democrática y menos liberal –entendiendo al populismo como pueblo en tanto incorpora a nuevos actores sociales tales como indígenas y campesinos- (Laclau, 2005). [1] Son necesarias, según Laclau, tres precondiciones para la aparición del populismo: “(1) la formación de una frontera interna antagónica separando el pueblo del poder; (2) una articulación equivalencial de demandas que hace posible el surgimiento del pueblo. Existe una tercera precondición que no surge claramente hasta que la movilización política ha alcanzado un nivel más alto: la unificación de estas diversas demandas –cuya equivalencia, hasta ese punto, no había ido hasta más allá de un vago sentimiento de solidaridad- en un sistema estable de significación (Laclau, 2005: 99).