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América Latina ha alcanzado estos niveles alarmantes de pobreza y desigualdad pese a las declaraciones de intención y los cambios de política. A la política social se le asignó un lugar importante en el programa político de varios países de la región. Entre 1990 y el 2000, nueve países reformaron su sistema de salud, 14 realizaron cambios importantes en su sistema de educación, y 11 reestructuraron sus sistemas de pensión y jubilación. Al mismo tiempo, muchos países adoptaron programas de desarrollo social para reducir la pobreza crónica y específica (esto es, causada por crisis económicas y desastres naturales), y la política de vivienda recibió más atención que en el pasado reciente (Grindle 2001). Sin embargo, la pobreza no se redujo perceptiblemente. Una vez más, es posible observar la ineficacia de la acción estatal para atender, si no el tema más importante, uno de los más importantes que figura en la agenda política declarada de casi todos los países de la región. Los gobiernos relativamente más activos en política social no han logrado demostrar los resultados tangibles que se esperaban en cuanto a reducción de la pobreza. Además, en muchos casos la acción gubernamental puede ser considerada contraproducente debido a razones intrínsecas de la política o la estrategia. Eso es lo que ocurre cuando el estado gasta más en servicios que benefician a quienes están en mejor posición económica y social en lugar de invertir en los servicios que más necesitan los pobres. Un ejemplo de esto es el gasto per cápita en educación básica, que es mucho menor de lo que se gasta en los niveles secundario o superior de educación. Algo similar puede observarse en las inversiones públicas en salud, vivienda, y otras (ibid). La experiencia reciente de América Latina demuestra que la reestructuración económica en el contexto de las reformas de orientación neo liberal han sido ineficientes e ineficaces en sus intentos de responder a la pobreza estructural o a la ?nueva pobreza? creada por el propio proceso de reformas. Por tanto, es factible alegar que todavía se necesita una reforma sustancial del estado. Lógicamente, esa reforma debe ir mucho más allá de las políticas formales y debe abordar la reorganización de los acuerdos sociales e institucionales que son garantizados por el estado o mediante procesos democráticos, de manera que el crecimiento económico y la distribución de la riqueza sean posibles y sostenibles. En otras palabras, se necesita alterar los incentivos estructurales para la producción y, al mismo tiempo, organizar medidas sustanciales de economía política, utilizando instrumentos de política económica, social y fiscal, para distribuir la riqueza en un contexto de desarrollo sostenible. Existe un consenso creciente en diversos países latinoamericanos de que es preciso hacer algo en ese sentido. En la mayoría de esos países se sigue declarando que la política social es prioritaria, aunque hay determinadas incongruencias dentro de las actuales políticas económicas y fiscales. Sin embargo, los hechos y cifras inaceptables sobre la pobreza y la pobreza extrema que menciona se describen a lo largo del libro representan una realidad brutal que ensombrece los discursos y buenas intenciones declaradas en los planos nacional e internacional, como en los Objetivos de Desarrollo del Milenio

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