Introducción a la economía política de la pobreza

ALBERTO D. CIMADAMORE Y FERNANDO LIZÁRRAGA

La economía política de la pobreza

CLACSO

Lugar: Buenos Aires; Año: 2008; p. 11 - 27

La economía política es entendida básicamente como un modo de examinar las relaciones sociales a partir del estudio de las interacciones recíprocas del Estado y el mercado. Desde tal perspectiva se plantea que ambas estructuras son dos formas distintas -para algunos autores, hasta opuestas- de organización social que interactúan de forma cíclica. Las diferencias residen básicamente en que ambas estructuras tienen principios organizativos muy diversos: mientras que el Estado se basa en los conceptos de territorialidad, lealtad, exclusividad y posee el monopolio legítimo del uso de la fuerza, el mercado se fundamenta en los conceptos de integración funcional, competencia, relaciones contractuales y creciente interdependencia de actores (Gilpin, 1990). De tal forma que, así como el mercado busca eliminar todos los obstáculos políticos o de otra índole que entorpezcan el mecanismo de fijación de precios, el Estado tiene teóricamente la capacidad para restringir y encauzar las actividades económicas para que estas sirvan a los intereses de la mayoría de la población. Y es precisamente en estas mayorías donde se encuentran en América Latina y el Caribe (ALC) los pobres e indigentes. Las teorías, ideologías y doctrinas políticas y económicas se encargan de conceptualizar y establecer normativamente roles a ambas estructuras en el marco de modelos de distribución de recursos sociales. Estos modelos contribuyen a dar forma y contenido a las políticas económicas y sociales. ALC fue el escenario geográfico donde el Neoliberalismo identificó al mercado autorregulado como el mecanismo más apropiado para maximizar la eficiencia en la distribución de recursos y los Estados (a través de sus agentes económicos y políticos) generaron las políticas que explícitamente aceptaban esa premisa, renunciando así a su capacidad de contrarrestar los efectos más nocivos de esa forma de producir y distribuir. Los resultados de la implementación de este modelo están a la vista de todos: cerca del 40% de la población de ALC vive en la pobreza. Por esta razón, no es de extrañar que el impacto de las políticas neoliberales en América Latina ocupe un sitio privilegiado en los estudios sobre la economía política de la pobreza. Cualesquiera sean los temas específicos que se aborden, se evalúa como necesario analizar los efectos de las reformas estructurales realizadas en el tercer cuarto del siglo XX en los países de la región. En los últimos años del siglo pasado y en los primeros del presente se pueden observar con claridad los efectos de estas políticas sobre los niveles absolutos de pobreza en la región: en 2005 se registraron 209 millones de pobres y 81 millones de indigentes, mientras que las cifras de 1980 daban cuenta de 136 millones de pobres y 62 millones de indigentes (CEPAL, 2006). Nunca antes se había alcanzado semejante niveles de pobreza en términos absolutos. La subordinación de la sociedad a la economía de mercado provocó una ruptura social de la magnitud que hoy estamos presenciando, en donde una enorme parte de la población carece del acceso a los bienes, servicios y derechos que supone una convivencia social democrática. Para ponerlo en términos ya clásicos, el sistema de mercados autorregulados -al requerir que la sociedad se subordine a la lógica del mercado- tiene consecuencias abrumadoras para la organización completa de la sociedad: significa nada menos que la sociedad opere como un accesorio del mercado (Polanyi, 2006). Esto conduce a que, los segmentos de la sociedad relativamente más débiles y menos competitivos desde la lógica del mercado, dejen de ser visualizados como sujetos de un sistema social y político, La realidad que constituye el objeto de estudio de la economía política de la pobreza permite distinguir ciertas coincidencias y regularidades entre las contribuciones. En primer lugar, se constata que los procesos de reforma y ajuste en ALC -inspirados en mayor o menor grado por la doctrina neoliberal y su formulación programática plasmada en el Consenso de Washington- han causado una evidente disminución en la capacidad del Estado para llevar adelante políticas de reducción de la pobreza. En particular, se verifica un proceso de achicamiento de los recursos destinados a la provisión de servicios esenciales y a la promoción de derechos sociales consagrados durante el auge del Estado de bienestar que tímidamente se conformó  en varios países de la región. Algo que queda claro a partir de este tipo de evidencia es que la relación mecánica entre crecimiento y disminución de la pobreza está lejos de ser una realidad. El “efecto derrame” que  pronosticaban los ideólogos, difusores e implementadotes de las políticas neoliberales no se ha verificado e incluso, el desempeño de la región en términos de crecimiento ha quedado muy lejos de las expectativas de sus mentores, lo cual  implica que los diez pilares del Consenso de Washington, concebidos para promover el crecimiento económico, no han tenido los resultados esperados ni en materia económica ni en materia social. El crecimiento económico es claramente una condición necesaria, aunque no suficiente, para una efectiva reducción de la pobreza. El crecimiento por sí solo -desligado de políticas públicas centradas en la redistribución del ingreso y el bienestar social- no puede tener resultados satisfactorios en términos de lucha contra la pobreza.