BECAS
AUSED JosÉ MarÍa
congresos y reuniones científicas
Título:
Integración socio urbana en Rosario: participación, perspectiva de género, imaginarios y limitaciones en su implementación
Autor/es:
PATRICIA NARI; JOSÉ MARÍA AUSED; EVANGELINA GOMEZ; CAMILA PANERO
Lugar:
San Miguel de Tucumán
Reunión:
Encuentro; III Encuentro Nacional de la Red de Asentamientos Populares. EMERGENTES Y DEBATES EN TORNO AL HÁBITAT POPULAR; 2023
Institución organizadora:
Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad Nacional de Tucumán
Resumen:
Desde el año 2016 una sucesión de acontecimientos políticos e institucionales se han articulado para llegar a una novedosa, potente y a la vez compleja Ley denominada: “Régimen de regularización dominial para la Integración Socio Urbana” (Ley 27.453/18), popularmente conocida como “Ley de Barrios Populares”. La sanción de esta Ley y su actual renovación comporta un cambio de paradigma en la planificación urbana y la producción de hábitat en Argentina que cuenta con un amplio consenso de diversos actores de la arena pública y política. Así, deja atrás conceptos como la erradicación de los asentamientos irregulares para pasar a postular una urbanización que integre todas las dimensiones del hábitat (la social, productiva, dominial, urbana, etc.) e incorpore en el proceso la participación de lxs habitantes de dichos territorios. En los últimos años, la Integración Socio Urbana (ISU) de barrios populares ha adquirido protagonismo en la agenda de políticas públicas de nuestro país. Su desafío es responder a demandas históricas de los territorios desde una perspectiva multiescalar: hacer dialogar a los distintos niveles de gobierno y a una gran heterogeneidad de actores. En esta nueva forma de producción de la ciudad, los movimientos sociales se posicionan como unidades de gestión de relevancia en los proyectos de Integración Socio Urbana. Si bien estas organizaciones sociales ya venían involucradas en la producción de hábitat desde los años ́90, comenzaron a ganar mayor legitimidad y participación en la definición de la agenda urbana en el 2016. En ese año se dió un amplio consenso político para crear el RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares) promovido por los actores de la economía popular con el objetivo de relevar las condiciones habitacionales de los asentamientos radicados en el territorio nacional. A comienzos del año 2020, un hito fundamental en la aplicación de la Ley se da con la creación de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) y el Programa Nacional Argentina Unida para la Integración de Barrios Populares (PNAU-IBP). El objetivo principal del programa radica en promover el financiamiento para Proyectos de Integración Socio Urbana a través de distintas líneas de acción: los Proyectos Ejecutivos Generales (PEG), los Proyectos de Obras Tempranas (POT) y los lotes con servicios. Para la gestión territorial de los proyectos, la SISU se propone impulsar, entonces, el trabajo en coordinación entre los gobiernos nacional, provinciales y municipales y organizaciones sociales. Como postulan algunos enfoques de estudios de implementación, reconocer la “complejidad de la acción conjunta” (Pressman y Wildavsky) dada existencia de múltiples actores participantes, sin cuya colaboración no podrían alcanzarse los objetivos, es fundamental. Es en el proceso de especificación que implica la ejecución de políticas, donde se generan conflictos y confusiones en los distintos actores que se encuentran en la práctica. Esta ha devenido una de las dimensiones más complejas de la política de ISU.La participación y organización de los actores territoriales es otro de los aspectos centrales del programa (organizaciones, vecinxs, entidades presentes en el territorio), que se promueve en todo el proceso de desarrollo de la política, pero se ejecuta principalmente a través del dispositivo denominado Mesas de Integración Barrial. Respecto de las Unidades Ejecutoras, quienes son las responsables de llevar adelante la implementación concreta de los proyectos estas pueden ser, Estados municipales, provinciales u organizaciones de la sociedad civil. Tanto la Ley como el PNAU-IBP, indican que el 25% de las obras de urbanización de barrios populares deben adjudicarse a cooperativas de trabajo u otros grupos de la economía popular. En el presente trabajo, abordamos dos experiencias de Rosario que fueron las primeras en ejecutar “Proyectos de Integración Socio Urbana” en la ciudad. Se trata de las llevadas a cabo en El Cañaveral y Nuevo Alberdi, dos barrios populares relevados por RENABAP. En ambos casos las unidades ejecutoras están conformadas por organizaciones sociales y políticas del territorio.Se tendrá en cuenta las dimensiones de la participación de las organizaciones del territorio, la perspectiva de género, los imaginarios de lxs vecinxs y las limitaciones y dificultades de la implementación.