Integración socio urbana en Rosario: ¿una política de consensos (institucionales y territoriales) para la producción social del hábitat?

JOSÉ MARÍA AUSED; EVANGELINA GOMEZ; CAMILA PANERO; JULIETA MAINO

La Plata

Otro; III COLOQUIO INTERNACIONAL EN CONFLICTOS URBANOS / III COLÓQUIO INTERNACIONAL CONFLITOS URBANOS; 2023

Red Iberoamericana de investigación en políticas, conflictos y movimientos urbanos

Desde el año 2016, una sucesión de acontecimientos políticos e institucionales se articulan para llegar a una novedosa, potente y a la vez compleja Ley denominada: “Régimen de regularización dominial para la Integración Socio Urbana” (Ley 27.453/18), popularmente conocida como “Ley de Barrios Populares”. La misma plantea una urbanización que integre todas las dimensiones del hábitat (desde lo social, productivo, dominial, urbano, etc) e incorpore en el proceso la participación de los habitantes de dichos territorios. La sanción de esta Ley y su actual renovación, comporta un cambio de paradigma en la planificación urbana y la producción de hábitat en Argentina que cuenta con un amplio consenso de diversos actores de la arena pública y política. A comienzos del año 2020, un hito fundamental en la aplicación de la Ley se da con la creación de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) y el Programa Nacional Argentina Unida para la Integración de Barrios Populares (PNAU-IBP). El objetivo principal del programa radica en promover el financiamiento para la formulación, elaboración e implementación de Proyectos de Integración Socio Urbana destinada a los barrios populares inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Son distintas las líneas de acción que pueden conformar los proyectos a presentar. En primer lugar, se encuentran los Proyectos Ejecutivos Generales (PEG), proyectos integrales que se componen de todas las acciones necesarias para la integración socio urbana definitiva. En segundo lugar, se encuentran los Proyectos de Obras Tempranas (POT), los cuales refieren a obras específicas de menor escala, tales como de infraestructura, equipamiento urbano, creación de espacio público, etc.Asimismo, para la gestión territorial de los proyectos, la SISU se propone impulsar el trabajo en coordinación entre los gobiernos nacional, provinciales y municipales; y organizaciones sociales. Como postulan algunos enfoques de estudios de implementación, reconocer la “complejidad de la acción conjunta” (Pressman y Wildavsky) dada existencia de múltiples actores participantes, sin cuya colaboración no podrían alcanzarse los objetivos, es fundamental. Es en el proceso de especificación que implica la ejecución de políticas, donde se generan conflictos y confusiones en los distintos actores que se encuentran en la práctica. Esta ha devenido una de las dimensiones más complejas de la política de ISU. La participación y organización de los actores territoriales es otro de los aspectos centrales del programa (organizaciones, vecinxs, entidades presentes en el territorio), que se promueve en todo el proceso de desarrollo de la política, pero se ejecuta principalmente a través del dispositivo denominado Mesas de Integración Barrial. Respecto de las Unidades Ejecutoras, quienes son las responsables de llevar adelante la implementación concreta de los proyectos estas pueden ser, Estados municipales, provinciales u organizaciones de la sociedad civil. Tanto la Ley como el PNAU-IBP, indican que el 25% de las obras de urbanización de barrios populares deben adjudicarse a cooperativas de trabajo u otros grupos de la economía popular .