Violencia estatal en Córdoba: análisis del uso letal de las fuerzas de seguridad.

VITTORELLI, LUCIA BELÉN; ZAPICO, ALEJANDRA; GAUNA, ROSSANA; PETITI, YANINA; NOVO, CONSTANZA; PEZ, FLORENCIA

Córdoba

Congreso; 8° Foro de Extension Universitaria; 2020

Secretaría de Extensión Universitaria- Universidad Nacional de Córdoba

Esta ponencia tiene como objetivo analizar y visibilizar la capacidad letal de las fuerzas de seguridad de la Provincia de Córdoba, registrando prácticas, modos de accionar y políticas que violan los Derechos Humanos. Para ello, se relevaron las muertes perpetradas por las fuerzas de seguridad durante los años 2011-2019 a partir de información publicada en medios de comunicación. Asimismo, la intención de este trabajo es poner en debate por qué ocurren estas muertes, cuáles son las vidas que se quitan, (ex)poniendo el accionar de las fuerzas de seguridad del Estado en nuestro territorio.Basta con buscar en la web ?muerte policía Córdoba?, ?gatillo fácil en Córdoba?, ?muertes en cárceles de Córdoba?, para adentrarnos en un sinfín de notas periodísticas que cronican una de las realidades cotidianas cordobesas: algunas personas mueren y es el Estado quien las mata. Frente a esta realidad cabe preguntarnos ¿Cuál es el umbral de tolerancia que tenemos como sociedad civil sobre la producción de violencia letal por parte del Estado? Partimos de comprender que el concepto de violencia estatal hace énfasis en la dimensión del Estado y sus agentes de seguridad como responsables y ejecutores de estas violencias. Su uso letal puede identificarse bajo la órbita de diferentes Instituciones del Estado tales como la policía, el Sistema Penitenciario, el Centro Socioeducativo Complejo Esperanza, entre otras que conforman el marco de un verdadero Estado Policial. Concepto que representa como norma e ideal el uso de la fuerza de seguridad del Estado como herramienta ordenatoria aún si el resultado es letal, y que convierte a los agentes de las fuerzas de seguridad en agentes activos las 24 horas de los 365 días del año. La legitimación del Estado incluye además la portación y uso del arma reglamentaria de manera permanente, instalando una no diferenciación entre la función pública y la función privada.La muerte de personas por parte de las fuerzas de seguridad señalan la existencia de una capacidad de letalidad importante por parte de un funcionario que representa al Estado. Ante la falta de accesibilidad de datos públicos sobre la problemática por parte del Estado provincial, trabajamos con fuentes periodísticas para recolectar información. La misma es presentada georeferencialmente en un mapa, con el propósito de situar los casos territorialmente. Asimismo, este trabajo de sistematización nos proporciona los datos empíricos mediante los cuales se crearon categorías teórico-analíticas propias que posibilitan la comprensión de la problemática.De esta manera, nuestro análisis concluyó que entre 2011 y 2019 murieron, cuanto menos, 173 personas como resultado del accionar de las fuerzas de seguridad de la Provincia de Córdoba. Esos datos dan cuenta de una actuación sistemática, de patrones de acción de las fuerzas de seguridad. Vemos como las características de los hechos suelen repetirse en diferentes casos y a través de los años. Por lo que también entendemos que este uso letal no es azaroso, no es aislado, ni producto de una equivocación por parte de un agente policial.En su mayoría, estas muertes corresponden a jóvenes de sectores populares. Considerando que existen otras personas, de otros sectores sociales, que producen los mismos supuestos desórdenes o delitos con los que se pretende justificar la intervención de la fuerza de seguridad que dio muerte a estas víctimas, entendemos que hay una clara selectividad por parte del Estado a la hora de ejercer mayor violencia y hacer abuso de ella. Es necesario decir que son muy pocos los casos que llegan a tramitarse en el Poder Judicial, o cuanto menos, que se brinde información sobre el avance de la investigación luego del hecho. Lamentablemente por lo general en estos casos no hay justicia, no suele llegarse a juicio, son causas que se archivan, que se justifican bajo la carátula de legítima defensa; si se los imputa se los suele absolver o son condenados con penas menores.Por último, cabe mencionar que el Estado, responsable de estas muertes, debe dar explicaciones a los familiares y a toda la sociedad sobre los hechos ocurridos. Y por supuesto, gestionar y no entorpecer las investigaciones para que se haga justicia.