Promoción a la producción de biocombustibles en la provincia de Córdoba. Sanción de la Ley N° 10721 (2020)

CUENCA, VALERIA; GEREMÍA DAIANA ANDREA

Workshop; Workshop sobre ?Energías sostenibles en el escenario post-Covid 19: impacto ambiental y socioeconómico?; 2023

Área de Modelos Económicos de Simulación (MESi) del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA-CONICET) y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (FCE-UBA).

En la presente ponencia nos interesa analizar el contexto político, social y económico, durante lapandemia y la post pandemia, en el que la Ley Provincial N° 10721 de Promoción y Desarrollo para laProducción y Consumo de Biocombustibles y Bioenergía en la provincia de Córdoba, y los diversosprogramas de biocombustibles, fueron sancionados e implementados, permitiéndonos abordar lasdiscusiones acerca de las energías renovables, la transición energética y sus significacionesambientales en las cuales se enmarcan. En Argentina, cerca de la mitad de la cantidad de granos quese producen, tienen como destino final plantas agroindustriales: aceiteras, moliendas y plantas debiocombustibles. Córdoba elabora en sus tres grandes empresas: Promaiz SA (Alejandro Roca),ACABIO (Villa María) y Bioetanol Río Cuarto S.A.- Bio4 (Río Cuarto), más del 50% de bioetanol a basede maíz de Argentina. Tras la sanción de la Ley Provincial N° 10721, se desprendieron diversosprogramas como el incentivo al programa de autoconsumo 100% de biodiésel, el programa parabioetanol Beta E85 y la renovación de las flotas públicas a base de combustibles no fósiles. Losresultados a los que hemos llegado nos muestran un rol activo por parte del gobierno provincial deconsiderar a la política de biocombustibles como una “política de Estado” alineándose así con losdiscursos internacionales de la transición energética y los compromisos asumidos. Esta política, afavor del agronegocio local y los sectores empresarios, cuenta con la aceptación de gran parte del arcoproductivo y sectorial de la provincia, pero siendo excluidas las organizaciones ambientales ysectores de la sociedad civil de los espacios de discusión y decisión