Informe técnico social

GARCIA LORENA CLAUDIA; INAI

2009-03-29/2019-11-30

1-49

Social

Varios campos

Mediante la ejecución de la Ley Nacional N° 26.160 , su Decreto Reglamentario 1122/07 y sus correspondientes prórrogas Leyes Nacionales N° 26.554 y 26.894 , 27400 , el Estado Nacional hace operativas las obligaciones internacionales asumidas por la suscripción y ratificación del Convenio Nº 169 OIT , el cual establece que: Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión (art. 14. 2). En el marco de implementación de estas normas, el Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (ReTeCI) asume el relevamiento técnico, jurídico y catastral de los territorios ocupados en forma tradicional, actual y pública por las comunidades indígenas. Así busca cristalizar un acto de justicia y reparación histórica para los Pueblos Originarios, por cuanto su implementación es la instrumentación del reconocimiento constitucional de la posesión y propiedad comunitaria de sus territorios (Art. 75 inc. 17) así como también en declaraciones, tratados y convenios internacionales . Las Comunidades Indígenas en nuestro país presentan territorialmente una multiplicidad de particularidades. Podemos observar en términos generales la existencia de Comunidades con territorio comunitario y Comunidades Indígenas que han sido, a partir de diferentes procesos, despojadas de sus territorios comunitarios. Estas últimas, en general, suelen asentarse en zonas urbanas o periurbanas.Dada la particularidad de estas últimas, y considerando que la Constitución Nacional establece derechos aún no reglamentados para los Pueblos Originarios, desde el Programa Nacional Relevamiento Territorial resulta fundamental que los procesos de despojo territorial por los que han atravesado estas Comunidades se plasmen en un Informe a fin de sentar un precedente que pueda ser considerado en futuras reivindicaciones y reconocimientos. Este informe es el que hemos denominado Informe Técnico Social. Los objetivos del mismo serán explicitados más adelante.El proceso de implementación de la Ley N° 26.160 contempla desde sus inicios la interacción constante con el Consejo de Participación Indígena (CPI) , en tanto espacio participativo creado como instancia de diálogo entre los representantes Indígenas y el Estado Nacional para la elaboración, decisión, ejecución y control de acciones sobre las políticas públicas. En el CPI confluyen representantes de todos los Pueblos Indígenas del país, con representación por Pueblo y por provincia. Los mismos son electos por autoridades de las comunidades en asambleas comunitarias. El relevamiento territorial es un proceso inédito, llevado adelante por el Estado Nacional por primera vez. El mismo cristaliza un acto de justicia y reparación histórica para los Pueblos Originarios del país, por cuanto representa la instrumentación del reconocimiento de derechos plasmados en la reforma constitucional del año 1994, específicamente en el artículo 75 inciso 17.A nivel metodológico, el Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas plantea dos sistemas de ejecución: la modalidad descentralizada y la modalidad centralizada. La primera incluye a todas aquellas provincias del país en las que se conforma la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) compuesta por los delegados del Consejo de Participación Indígena (CPI), un representante del Poder Ejecutivo provincial, un representante del INAI y miembros del Equipo Técnico Operativo (ETO) encargado de la ejecución del Programa. Esta modalidad contiene una variante que es la co-ejecución, en donde la propuesta de técnicos se realiza de manera articulada entre la provincia, el CPI y el INAI. Mientras que la segunda prevé la implementación del relevamiento por parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en forma directa, mediante la constitución de equipos de abordaje central . En el marco de la modalidad de co-ejecución, el 10 de julio del 2019, se abordó la situación socio-territorial específica de la Comunidad Aborigen +IRESA+OS+R+ perteneciente al Pueblo Tupí Guaraní, ubicada en la localidad de San Pedro, de la provincia de Jujuy.