Economía popular y Estado. Disputas y articulaciones en tiempos de pandemia según referentes barriales y territoriales de Argentina problemáticas en pandemia y desafíos ante el Estado

NATIVIDAD GONZÁLEZ; NIEVA, FLORENCIA ANTONELLA; LILIANA BERGESIO

Resistencia

Jornada; VI Jornadas Nacionales sobre Estudios Regionales y Mercados de Trabajo y VIII Foro ?Desigualdades regionales y sus efectos en el trabajo y el empleo en Argentina?; 2023

Universidad Nacional del Nordeste

La irrupción en Argentina de la pandemia de Covid-19 y las medidas de prevención a comienzos del 2020, significaron un cambio sumamente drástico en las lógicas y los espacios de trabajo y de los hogares. En este contexto de suspensión de todas las actividades que requerían el tránsito en la vía pública y la aglomeración de personas, entre los grupos más afectados estuvieron quienes trabajan en la economía popular. Principalmente, por los cambios en la circulación comercial de productos del campo a la ciudad, la prohibición del uso del espacio público y la transformación de los espacios socio-comunitarios en lugares de contención, indispensable para los barrios populares, en materia de salud, educación y alimentación.Este trabajo buscará describir de qué forma se da la articulación entre actores (organizaciones, cooperativas y asociaciones) de la economía popular y distintos ámbitos y niveles estatales. Como hipótesis general planteamos que las dificultades que existen para que esa relación sea estable, fructífera y positiva se fundan en características estructurales del sector, las que se hicieron evidentes durante el tiempo de pandemia; así describimos estas problemáticas, las iniciativas y aprendizajes emprendidos a partir de éstas y los desafíos que se vislumbran hacia el futuro por parte de referentes/as de la economía popular. Con ello, luego, buscamos identificar y reflexionar sobre las principales instancias de relación con los distintos niveles del Estado.Para ello, se parte del análisis de trece entrevistas realizadas en septiembre de 2021 a referentes barriales y/o territoriales de la economía popular de Argentina en el marco del Proyecto Pisac/Covid-19 085, alojadas en un repositorio nacional. Nos situamos desde una postura metodológica, epistémica y política que busca rescatar las voces de las personas entrevistadas, con el objetivo de recuperar los testimonios de quienes no pudieron expresar su situación, necesidades y saberes que podrían haber representado una alternativa ante la crisis; voces que fueron acalladas por otras (los medios hegemónicos y el Estado), con datos e información casi abrumadora. Es importante recordar que las medidas de prevención del Covid-19 también implicaron la imposibilidad de realizar convocatorias (asambleas, marchas, entre otras), siendo el método básico que tienen los sectores populares para hacer oír sus reclamos ante el Estado (lo que comúnmente se llama, “ganar la calle”). Por ello, en este trabajo se busca recuperar esas voces acalladas durante la pandemia, construyendo un texto polifónico que se centra en la experiencia de quienes conforman la economía popular . En términos prácticos, la economía popular es aquella ejercida por quienes cuentan principalmente con su capacidad de trabajo y que, de manera individual, familiar o colectiva, a partir de la inventiva y la creatividad, producen y reproducen sus medios de vida. Esta definición integra a una gran variedad de actividades, personas y territorios. Puede clasificarse en diversas ramas que se intersectan entre sí, en múltiples ocasiones en circuitos comerciales, tramas de valor e inclusive en las mismas familias: textiles, recicladores, actividades sociocomunitarias, servicios variados, producción y venta de productos agropecuarios, artesanales, gastronómicos, entre muchos otros posibles, ya sea que se desarrolle de forma organizada o individual. Por lo tanto, se trata de aquel trabajo autogestionado que permite generar ingresos propios, siendo esto un rasgo definitorio. Entre las características de la economía popular se encuentran la creatividad, la reinvención constante, la necesidad de sobrevivir, el escaso poder económico, la gran prevalencia de personas con bajo nivel educativo, la venta de la fuerza de trabajo y algunas particularidades de los territorios donde se desarrollan.La diversidad de actividades socio-económicas y la heterogeneidad de sus formas asociativas (desde individuos aislados, hasta grandes organizaciones) imponen complejidad a un sector que se encuentra radicado en múltiples escenarios territoriales: grandes ciudades, cordones hortícolas, pequeños pueblos, etc. Teniendo en cuenta esto, y de acuerdo a las entrevistas realizadas, es posible distinguir grandes grupos, según sus características socio-económicas:-Productores/as de la agricultura familiar: horticultura, ganadería, apicultura, etc.-Cooperativas y asociaciones de reciclado y recuperación urbana, elaboración de textiles, calzados y manufacturas, también de construcción y albañilería, entre otras posibles.-Personas responsables de actividades socio-comunitarias, encargadas de merenderos y comedores, promotoras de salud y género, docentes de bachilleratos, escuelas populares o clases de apoyo -Vendedoras/es callejeros y ambulantes que comercializan productos industrializados o de su manufactura (artesanías, alimentos, plantas, etc.), así como artistas. Con respecto a las problemáticas en pandemia, la mayoría de las personas entrevistadas coincidió en que la misma mostró lo que estaba oculto a ojos vista, como la desigualdad social creciente y la desprotección hacia algunos sectores populares. Un aspecto fundamental de este velo que se corrió fue la magnitud de personas trabajando en la economía popular, que llegó a superar los cálculos del gobierno nacional en relación al IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y que puso sobre la mesa la discusión “la necesidad de un salario universal que pudiera dar respuesta”. Esta generalización de condiciones que antes estaban invisibilizadas si dio, también, respecto a los comedores y merenderos, que “reventaban” por la cantidad de personas que asistían a buscar comida. Se nombran, además, problemáticas relacionadas con la desorganizacion masiva de circuitos de abastecimiento entre quienes pertenecían a la agricultura familiar, violencia de género que aumentó con el aislamiento y el funcionamiento reducido de las instituciones dedicadas a atender estos casos, dificultades en la continuidad de las actividades que requiere la escolaridad en todos sus niveles y un malestar y crisis en general de las familias en mayor situación de vulnerabilidad que llegaban con lo “justo” para alimentarse.Surge como respuesta la autoorganización popular para solucionar los problemas del entorno cercano. Las problemáticas evidenciadas en pandemia impusieron desafíos y potenciaron alternativas que pueden ordenarse en un continuum desde personas que no están agrupadas en organizaciones hasta soluciones expeditivas grupales u organización sectorial amplia. En cuanto a las iniciativas, la situación de doble crisis, sanitaria y económica, impuso una agenda de trabajo (necesidades a asistir concretamente) muy cargada para quienes tenían responsabilidades y sobre todo para quienes trabajan en el territorio, ya que se sumó a la militancia, el compromiso de dar respuestas, de organizar, solucionar, acompañar, etc. Estas actividades se complejizaron por los efectos de las restricciones de circulación que complejizaron la atención a los lugares de trabajo, el transporte de mercaderías, dieron mayor demanda de algunos productos y mayor oferta de mano de obra, entre otros. Pero la situación de excepcionalidad también permitió la concreción de procesos o relaciones igualmente excepcionales. En la agricultura familiar se desarrollaron mesas de diálogo intersectorial como forma de acción sobre la distribución de la producción. Por ejemplo, en Jujuy, Corrientes, Buenos Aires y Mendoza, distintas organizaciones de productores articularon para la venta y distribución de bolsones económicos de frutas y verduras para lo que pudieron tramitar un permiso especial. El tránsito generalmente se hacía por caminos internos locales. En algunas localidades se instalaron puntos específicos de comercialización. Desde las organizaciones se apuntó no solo a resolver lo urgente, sino que se trabajó para esbozar respuestas a problemas estructurales. Lamentablemente no se registra que estas acciones hayan quedado de manera permanente (aunque quizás haya algún caso específico) sino que fueron respuestas ante la crisis, un orden distinto que posibilitó ensayar respuestas novedosas. Si este orden significó solo una ruptura que se restableció, o fue una instancia liminar entre dos estados distintos, es algo que todavía no podemos verificar. Entre los vendedores ambulantes, una de las principales estrategias en la etapa más dura del ASPO radicó en la utilización masiva de redes sociales para promocionar y comercializar sus productos y servicios, antes realizados en espacios públicos, para reemplazar la venta directa. Con respecto a las actividades relacionadas al reciclaje y la recuperación urbana, en algunas provincias como Buenos Aires, se avanzó en la articulación con el Estado, con programas de contención a sus trabajadores y de erradicación de basurales a cielo abierto. Una de las respuestas estatales más mencionadas y valorizadas fue el IFE, ya que permitió a muchas personas, individualmente, invertir ese dinero en comercios o proyectos productivos, además de destinarlo a gastos del hogar. La mayoría de los testimonios recuperan la importancia del nivel supra-personal, colectivo o institucional. Ya sea con respuestas que provienen del Estado, como el IFE o el Potenciar Trabajo, que se reconocen como herramientas (además de auxilios económicos) o por acciones coordinadas y llevadas a cabo desde las organizaciones sociales y ámbitos comunitarios. Los aprendizajes pueden señalarse en diversas líneas. Por un lado, se destacan visiones colectivas que se profundizaron, como por ejemplo aquellas que unen la producción con la soberanía alimentaria, de la mano de la producción agroecológica para “cambiar el modelo productivo”. Estos mismos actores, referentes que trabajan en el campo, toman como desafíos algunos proyectos o necesidades que se evidenciaron en la pandemia, unidos a diagnósticos estructurales del sector. La relación con el Estado varió dependiendo de la etapa de pandemia que se estaba atravesando (y en relación a las urgencias que se vivían), los actores e interlocutores en los distintos niveles de diálogo y negociación. A su vez, también es posible diferenciar entre las relaciones con el Estado nacional y los distintos Estados provinciales o municipales. En este sentido, si bien existen tensiones con el Estado a nivel nacional, la relación se basó más que nada en negociaciones por el flujo de recursos a las organizaciones a partir de los referentes provinciales y nacionales. Esta situación, en la que no prevaleció el reclamo masivo, se vio sostenida en gran medida por el IFE y otras trasmisiones de recursos. En cambio, el accionar del nivel estatal provincial y/o municipal es visto, en la mayor parte de los casos, desde un rol represivo y prohibitivo. Las tensiones en este contexto se acrecentaron hasta emerger en conflictos por territorio, recursos y, sobre todo, sentidos alrededor de la actividad, donde la cercanía territorial aumenta estas tensiones. Además, la forma que toma la relación con distintos niveles del Estado está supeditada a las figuras y partidos de gobierno en cada caso, aunque ésta no se da una manera uniforme ni lineal, es decir que cada actor de gobierno toma decisiones propias.El problema fundamental con el Estado (en sus distintos niveles) se da en el marco de la lucha por el reconocimiento de la economía popular como una instancia de trabajo (tema mencionado en todas las entrevistas). Esto tiene varias aristas, ya que por un lado se habla de una falta de adecuación (o inexistencia) de las políticas al sector o, simplemente, del reconocimiento por parte del Estado a derechos básicos y fundamentales de quienes trabajan en la economía popular. En ambos casos, se identifica que el Estado fomenta la desigualdad entre sectores empresarial/privado, social/popular o urbano/campesino.Una particularidad que caracteriza a algunas de las personas entrevistadas es su carácter híbrido de trabajadores de la economía popular, referentes territoriales y funcionarias o técnicas del Estado. Este carácter decanta también en mayores instancias de diálogo y negociación y con mayores tensiones con los otros niveles estatales. Los/las trabajadores/as de la economía popular se encuentran nucleados/as en movimientos sociales y populares, cooperativas o también puede ser en fábricas recuperadas (UTEP, UTT, UST, entre otras) cuyos referentes integraron a su vez, a raíz de la pandemia, organismos sindicales a nivel nacional o mesas regionales e interinstitucionales de acción, como los comités barriales de emergencia, mesas de participación intersectorial, etc. Estas cuestiones generales, heterogeneidad en cuanto a las formas de relación por los niveles del Estado y falta de adecuación de políticas y reconocimiento de la economía popular, se vieron complejizadas, obviamente, en el contexto de pandemia. Así, se sumaron necesidades de tipo sanitarias (condiciones de aislamiento, relevamientos, campañas), alimenticias y de seguridad (sobre todo por el aumento de la violencia de género intradoméstica), las que fueron contenidas (con mayor o menor eficacia) por las instancias colectivas. Teniendo en cuenta estas observaciones, es posible indicar que la caracterización del Estado por parte del sector, no solamente se relaciona por los recursos económicos que puede proveer, sino también por la legitimidad que brinda, a través de la formalización de actores y actividades que redundaron en algunos conflictos en distintas regiones; por ejemplo, se plantea que los productores son parte de la sociedad, por lo que el Estado tiene el deber de reconocerlos y registrarlos. La falta de registro, se da también a nivel colectivo (como trabajadores) dado que muchas organizaciones no cuentan con personería jurídica y ello les trae consecuencias en las posibilidades de acceso a recursos, ya que la personería se toma como un requisito de base. Este rol del Estado como fuente de legitimidad/formalidad choca fuertemente (desilusiona e impone luchas) con la falta de políticas adecuadas para el sector (ya sea de venta ambulante, de producción agroganadera, de cooperativas recuperadas, de servicios sociocomunitarios, etc.). Por otro lado, quienes se encuentran en posiciones híbridas, como referentes territoriales y funcionarios o técnicos estatales, plantean que deberían incidir en la toma de decisiones sobre el diseño y el direccionamiento de políticas públicas y, sobre todo, ser la voz de sus compañero/as, quienes al menos ahora se sienten “escuchadas ya que se toman en cuenta las situaciones en el territorio [posibilitando] que las políticas sean efectivas también”. A su vez, la participación de referentes como funcionarios nacionales hace que los recursos económicos e infraestructurales fluyan de manera más rápida hacia esas organizaciones, u otras aliadas, aunque esto impone trabas en otras.De manera que, cuando sí hay una respuesta acorde a las necesidades, se identifica que proviene de tal o cual persona en un organismo particular, sin englobar al Estado en esa respuesta positiva, ya que no se trata de una política, sino una decisión concreta. Esto coadyuva a visibilizar que hay técnicos/as y funcionarios/as que acompañan o ayudan, por compromiso personal y militante con el sector (en especial relacionados con la problemática de género y la producción agropecuaria). Se mencionaron políticas públicas a nivel nacional que facilitaron el diálogo y las negociaciones con los municipios y se articularon proyectos de recuperación urbana y salud popular, aunque “con el Estado nacional, dependía de las organizaciones, cada organización trabaja con su organización nacional. Si no tenés una estructura nacional, no sé si llegas tan fácil a conseguir cosas”.En términos concretos analizamos los planes y programas a los que acceden los trabajadores de la economía popular. En el año 2016, en el marco de las luchas que dio la CTEP (UTEP en la actualidad) se sancionó la Ley de Emergencia Social, que estableció, entre otras acciones, la entrega de un “salario social complementario” (una transferencia monetaria que suplía la mitad del dinero necesario para la reproducción de las familias que trabajan en estas actividades). El programa (que actualmente se denomina Potenciar Trabajo) vincula a los trabajadores a través de las organizaciones y cooperativas, a la vez que reconocía como trabajo a las distintas ramas productivas de la economía popular a través de la ley. Debido a la falta de registro y reconocimiento, que ya se mencionó, un gran número de personas quedaron enteramente afuera de este programa, lo que se vio reflejado en la cantidad de personas solicitantes del IFE. Otra vía para la formalización es el RENAF (Registro Nacional de la Agricultura Familiar) y que permite la bancarización y tener monotributo, aunque no es un registro compulsivo, sino voluntario (por lo que su acceso está fuertemente condicionado a la presencia de la SACFI -Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena- en los distintos territorios, así como el accionar de sus técnicos/as). Para terminar, se registra que en algunas jurisdicciones, como La Plata, se desarrollan ciclos de formación y capacitaciones con cursos y otras actividades. Estas actividades son iniciativas particulares de algún organismo del Estado, alguna veces con intricadas burocracias: “en lo que ya se está trabajando son distintas unidades de gestión, que son las unidades en donde tienen a cargo distintos titulares, o sea, donde están en relación titulares del programa, trabajadores y trabajadoras de la economía popular y que en ese marco se le dan convenios para desarrollar en un plan de las distintas capacitaciones que quieran para desarrollar o fortalecer las unidades productivas”.Las personas entrevistadas –referentes territoriales- muestran tener un conocimiento preciso de las herramientas (registros, normas, oficinas, etc.) y canales (programas, proyectos, convenios, etc.) que necesitarían o que tienen a disposición para relacionarse con el Estado. En esta relación resalta la identificación de tal o cual persona en un organismo particular, sin englobar al Estado en esa respuesta positiva, ya que no se trata de una política, sino una decisión concreta. Esto coadyuva a visibilizar que hay técnicos/as y funcionarios/as que acompañan o ayudan, por compromiso personal y militante con el sector y que tiene resultados de importancia cualitativa. Y se trata de funcionarios con trayectoria (técnica y/o militante) en la temática, en general en oficinas nacionales. La diferencia entre canales y herramientas nacionales en contraposición a las provinciales o municipales se percibe en las decisiones que pueden tomar o no cada uno: los últimos más relacionados a cuestiones de índole territorial (donde la puja por el poder territorial se hace más palpable) en tanto los primeros más orientados a resolver problemáticas generales (como el ReNAF, ReNaTEP, o la ley de acceso a tierras). Ellas dan cuenta del reclamo generalizado por la falta de reconocimiento a la economía popular como un trabajo, del desfasaje entre los tiempos del Estado (burocrático) y las necesidades (muchas veces acuciantes) y del desconocimiento general sobre el sector por parte de funcionarios; contrariamente, las situaciones en que las respuestas fueron acertadas y pertinentes se verifican a partir de trayectorias personales de agentes estatales específicos. Estas entrevistas, además, muestran que estas personas manejan definiciones y herramientas muy precisas sobre los distintos niveles estatales y sus lógicas.También se puede notar la existencia de negociaciones con el Estado nacional en materia de transferencia de recursos y políticas públicas de contención en el marco de la pandemia. Con los Estados provinciales y municipales, en cambio, las relaciones redundan en tensiones y disputas por espacios, recursos y sentidos de construcción discursiva alrededor de la economía popular, en una relación con claras implicancias territoriales.Una de las conclusiones que todas las entrevistas mencionan, en tanto respuestas a los problemas durante la pandemia y como desafío a fortalecer, es la auto-organización popular como opción práctica y concreta ante un Estado que da respuestas a destiempo, de carácter parciales y sin considerar la diversidad de situaciones regionales y sectoriales. Las experiencias son la asistencia en materia de salud, alimentación, comercialización y necesidades escolares. Los testimonios evidencian que la relación con el Estado varió dependiendo de la etapa de pandemia, los actores e interlocutores en los distintos niveles de diálogo y negociación. Los problemas acuciantes de los primeros meses, resueltos de manera excepcional, fueron dando lugar a otros de carácter estructural, que muestran un marco temporal de conflicto que trasciende la pandemia (tal como el acceso a la tierra, créditos o formalización, por ejemplo). Otra problemática estructural, y que aparece como transversal a diferentes sectores económicos y clases sociales, fue el aumento ostensible de la carga familiar de las mujeres en tareas de cuidado familiar y comunitario. En el sector de la economía popular, a ello se debe sumar el aumento drástico de situaciones de violencia de género que fueron escasamente atendidas por los organismos estatales y, en algunos casos, solo encontró contención en las redes comunitarias más cercanas. En general, y como síntesis, se evidencia que las urgencias y necesidades de la economía popular vs los tiempos burocráticos del Estado son parte de un problema a resolver, situación que ven con mayor claridad quienes son referentes y funcionarios/as, por su conocimiento de ambos campos. Y es el Estado en su nivel provincial y municipal el que aparece, para los propios actores de la economía popular, como un obstáculo para el desarrollo de la actividad. En este sentido, recordamos lo que expresó una vendedora callejera en Jujuy en el 2020: “No pedimos trabajo, pedimos que nos dejen trabajar”.