Ley Micaela y Poder Legislativo de Salta (Argentina): Representaciones discursivas entre la transversalización y la lucha 'contra la ideología de género'

ZURITA INÉS PATRICIA

San Salvador de Jujuy

Congreso; Congreso Iberoamericano de Estudios de Género; 2023

Universidad Nacional de Jujuy

El presente trabajo, se asienta en la articulación del campo de la comunicación, los estudios de género y las políticas públicas, para abordar las representaciones que se disputan en torno a la implementación de la Ley Micaela en el poder legislativo de la Provincia de Salta. El proceso metodológico se configura dentro de un enfoque cualitativo e interpretativo que se apoya en la sociosemiótica para desarrollar estrategias del análisis del discurso, desde la Escuela Francesa (Verón, 1987).Para ello se aborda un corpus compuesto por fuentes de información documental proveniente, por un lado, de las cartillas de contenidos teórico-prácticos de las capacitaciones de Ley Micaela elaborados desde y para la provincia de Salta, y por otro lado, las versiones taquigráficas de las sesiones legislativas de Salta, donde se analizan discursos concretos y representativos que tuvieron lugar entre 2019 y 2021 por parte de legisladores/as provinciales que se manifiestan a favor y en contra de la implementación de la Ley Micaela. Este análisis se complementa con entrevistas semiestructuradas a dos informantes claves a cargo de la implementación de dicha normativa. El contexto social y político de la última década de América Latina estuvo atravesado por una dinámica compleja de avances y retrocesos vinculados a la igualdad de género. Los activísimos feministas fueron fundamentales para la construcción de áreas en los Estados orientadas a garantizar los derechos de las mujeres, diversidades y disidencias. En este marco de participación ciudadana surge la Ley Nacional N° 27.499, denominada “Ley Micaela de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado”, vigente desde enero de 2019, a la cual adhirió la provincia de Salta. Se trata de una política afirmativa, de formación y sensibilización periódica, que apuesta a la prevención y erradicación –para evitar la consecuente sanción y punición- de las desigualdades y violencias basadas en la distinción de género que se reproducen en el quehacer cotidiano del Estado.Esta normativa emergió de los activismos feministas y fue pionera en tanto estrategia para transversalizar la perspectiva de género, sin embargo, encontró numerosos funcionarios detractores desde el interior el propio Estado, en el marco de los avances de un giro conservador en la región (Vaggione, 2017). Se trata de la emergencia de un movimiento que se manifiesta “contra la ideología de género”, gestado “desde arriba”, fruto de alianzas entre grupos religiosos –sobre todo grupos católicos y protestantes– grupos del poder político y del sector privado (Stefanoni, 2018). Es en el cruce de estos discursos, a favor y en contra de la perspectiva de género, donde se estudia la lucha por el poder de la representación, la cual se trata de la disputa que implica la apropiación de espacios interpretativos mediante la toma de la palabra y de la acción, con la finalidad de imponer un sistema representacional capaz de co-construir horizontes normativos ordenadores de los sentidos del mundo y de conducir colectivos (Reguillo, 2008). Las representaciones sociales son entendidas, desde la socio-semiótica discursiva, como una articulación entre las prácticas y los discursos, como mecanismos traductores que tienen “una facilidad para archivar y hacer circular con fluidez conceptos complejos cuya acentuación remite a un sistema de valores, roles, modos de hacer y de ser, y modelos de mundo de carácter cultural, ideológico e histórico” (Cebrelli y Arancibia, 2005: 38).Dado a que se busca indagar en las disputas por las representaciones de género en torno a la implementación de la Ley Micaela, cabe aclarar que el concepto de género está estrechamente relacionado con el concepto de representaciones debido a que el género es una construcción social que carga de sentidos la sexualidad mediante una performatividad que se despliega a través de un espacio-cuerpo (Butler, 1990). Se trata de una adscripción identitaria que implica un trabajo de la diferencia desde lo discursivo y desde los sistemas representacionales en lucha y/o conflicto (Hall, 1980) porque se enmarca en la hegemonía de un sistema sexo-genérico, binario cis-heteronormativo que implica una distribución desigual del poder, que va delimitando las características que deben poseer las mujeres y varones mediante roles, creencias, valores, costumbres, normas, deberes y prohibiciones sociales para cada grupo (Lagarde, 1996).El estudio de las representaciones de género que subyacen a los debates legislativos resulta de importancia porque vehiculizan ciertos valores, ideologías y creencias capaces de disputar, transformar o sostener las desigualdades sociales. En éstas se vuelve legible la construcción de consensos, prácticas articulatorias y antagonismos en un espacio de toma de decisiones, como lo es el poder legislativo. La provincia de Salta, donde se ancla el análisis discursivo, está ubicada al extremo norte de la región histórico-geográfica del Noroeste de la República Argentina (NOA). Esta jurisdicción tiene características de frontera geopolítica (al limitar con Chile, Bolivia y Paraguay) y geocultural donde co-habitan diversas identidades, nacionalidades y etnias (Álvarez Leguizamón, 2010) que se caracteriza por cruces de dinámicas interculturales que configuran un umbral tensivo y conflictivo (Cebrelli, 2017) estructurando diferencias y desigualdades que se traducen en hechos de violencia, particularmente contra las mujeres, diversidades y disidencias.Los principales hallazgos que se presentan en la ponencia dan cuenta, por un lado en base al análisis del material pedagógico de “las cartillas para el abordaje de la Ley Micaela” (desarrolladas por el equipo interdisciplinario del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta junto al Ministerio de Derechos Humanos y Justicia de la provincia), que los contenidos de la capacitación buscan interpelar, hacer visible, cuestionar, transformar las “representaciones hegemónicas del género” las cuales están basadas en construcciones sociohistóricas que asignan determinados roles, valores y mandatos a ciertas identidades, mientras invisibilizan o niegan otras. Esta interpelación se corresponde con el análisis de los discursos legislativos a favor de la Ley Micaela y resulta necesaria porque las “representaciones hegemónicas” que se disputan tienen una larga memoria en la cultura, y anclan sus huellas en una visión netamente binaria de las relaciones entre “hombres” y “mujeres”, como dos posiciones “impermeables”, opuestas y complementarias, desde una perspectiva esencialista y homogeneizante (Mouffe, 1992) que invisibiliza las violencias y desigualdades de las amplias identidades de género que tienen interseccionalidad con atributos raciales, étnicos, de clase, entre otros.La implementación de estos contenidos con perspectiva de género, de acuerdo a la información brindada en las entrevistas semiestructuradas a informantes claves (en este caso fueron las funcionarias encargadas de implementar la Ley Micaela en los tres poderes del Estado local: Mariana Reyes, secretaria de derechos humanos y Natalia Fuentes, subsecretaria de políticas de igualdad de oportunidades del género del Ministerio de DDHH y Justicia de la Provincia de Salta) permitieron visibilizar fuertes resistencias a la implementación, sobre todo en el poder legislativo. Las entrevistadas indicaron que se capacitó a legisladores/as provinciales en el año 2020 de forma virtual con la Iniciativa Spotlight de Naciones Unidas, entre agosto y noviembre con la plataforma de UPAP, y en 2022 de manera presencial por pedido del presidente de la Cámara de Diputados. En ambas instancias hubo poca convocatoria, siendo entre 8 y 10 asistentes, dejando en evidencia la falta de interés en la formación en perspectiva de género. Cabe aclarar que la reglamentación provincial de Ley Micaela no contempla sanciones para garantizar la obligatoriedad.La falta de asistentes llamó la atención, según indicaron las funcionarias, porque las capacitaciones propuestas para el Poder Legislativo se redujeron en tiempo y en contenidos para promover mayor participación. La duración de cada encuentro pasó de 4 a 2 horas, y se omitió trabajar con cartillas de textos, para enfocarse solo en las exposiciones orales de las/os disertantes. La falta de asistentes en las capacitaciones, así como la renovación de bancas legislativas cada dos años, impidió una continuidad o una profundización en los contenidos en los años posteriores.Estas resistencias o desinterés por las capacitaciones de la Ley Micaela se evidenciaron en los discursos legislativos analizados. En este espacio tuvo lugar la pugna por la hegemonía de paradigmas capaces de establecer alcances, límites y definiciones de las identidades sexo-genéricas, entre una perspectiva de género que busca el reconocimiento de los derechos de una pluralidad de identidades sexuales y de género en base los activismos feministas y LGBTIQ+ y un discurso asociado a un “orden natural” binario, opuesto y complementario entre hombres y mujeres, avalado y reproducido por los valores conservadores de la moral religiosa.Estos últimos desplegaron diversas estrategias para desacreditar la agenda de género, institucionalizada dentro del Estado Nacional como lo es la Ley Micaela, mediante la construcción de representaciones sobre los feminismos como enemigos comunes a toda la sociedad en tanto amenaza e ideología foránea, ajena a la identidad salteña. Así, las capacitaciones de la Ley Micaela fueron representadas como una imposición ideológica desde y para el aparato estatal. Se cuestionó la visión feminista del rol del Estado como garante de derechos, para demandar una intervención limitada en la vida social para el respeto de la propiedad y la libertad partiendo de la premisa de que somos todos iguales ante la ley. Estas representaciones estereotipadas de la norma sexo-genérica, se articularon con la identidad “salteña” enraizada en los valores conservadores y la moral católica- cristiana desde donde se construyen ideológicamente los perfiles políticos de los enunciadores. La “salteñidad”, entendida como lo aceptable, lo normal, en paralelo, fijó la diferencia con la “ideología de género”, construida como amenazante en un territorio de colonialidad patriarcal.