Manifestantes y policías.Las respuestas del gobierno a las movilizaciones en Argentina contemporánea

FERNANDA PAGE POMA

Ciudad de Buenos Aires

Jornada; II Jornadas Delito, Violencia y Policía; 2019

IDAES UNSAM

La historia nos muestra que con frecuencia los gobiernos responden en forma contradictoria a la protesta social. El mismo gobierno que permitió el bloqueo de un puente internacional durante semanas, utilizó formas brutales de violencia para impedir una manifestación de trabajadores en una fábrica. ¿Por qué las respuestas estatales a la acción colectiva son tan diferentes? ¿Cómo se pueden explicar tales diferencias en las políticas hacía la movilización social y la aplicación de la ley en un mismo país? Durante décadas, el campo de los movimientos sociales ha buscado explicar por qué las autoridades reaccionan del modo en que lo hacen a las protestas y la acción colectiva contenciosa. ¿A qué responden precisamente las autoridades? ¿A las muertes durante protestas, a los daños materiales, al comportamiento poco ortodoxo de los manifestantes, o a la magnitud, la frecuencia y la ubicación de una actividad contenciosa? ¿Cuál es el objetivo de la represión? ¿Seguridad pública y orden? ¿Disciplina? Todas estas preguntas siguen vigentes para la ciencia política, la sociología y la literatura sobre los movimientos sociales específicamente. Asimismo, un supuesto implícito detrás de la mayoría de los trabajos sobre represión de la protesta es que las autoridades y los actores encargados de ejercer la represión lo hacen de manera racional (Cunningham 2009). Es decir, los funcionarios políticos junto con las fuerzas de seguridad evalúan las amenazas al statu quo de parte de los manifestantes y en función de eso deciden y definen la forma y la magnitud de la represión. De acuerdo con la teoría dominante, el nivel de represión aumentaría con el nivel de amenaza (Davenport, Soule y Armstrong, 2011, Davenport, Earl, Soule y McCarthy, 2003). Creemos que estos supuestos no contemplan el hecho de que la represión es administrada a través de múltiples niveles de gobierno y agencias policiales, que varían en términos de recursos, tácticas y estructura organizativa. Por otro lado, estos organismos en Argentina muchas veces funcionan por fuera de los controles jurídicos y políticos establecidos para su función y tales características organizativas probablemente condicionen la estructuración de la forma y el patrón de la actividad represiva. Otro dato de importancia para el análisis de la represión es la presencia de infiltrados, provocadores y activistas contratados para generar caos. En este contexto, en enero de 2016 el flamante gobierno de Cambiemos en Argentina declaró la emergencia en Seguridad para todo el país. El discurso de la ?seguridad? se tradujo en restricciones a la movilización social y la protesta; aparecieron mensajes negativos que ?plantean una presunción de ilegitimidad sobre el derecho a la protesta y generan una escalada represiva? (Paula Livachky, directora de Justicia y Seguridad del CELS. Página 12, La Nación 24/05/2017). Así, las respuestas y las políticas hacia la protesta social del gobierno de Cambiemos proporcionan una ventana única para analizar la forma en que se administra la represión. En particular dado que en el último tiempo se evidenciaron formas regresivas de intervención de las fuerzas de seguridad durante las protestas (CELS 2017) así como un fuerte respaldo a su accionar. Así, partiendo de investigaciones previas (Page Poma, 2015; 2016), de la literatura existente (Artese 2006; CELS 2003; Rodriguez 2004; Stockdill 1996; Svampa 2004), análisis de medios y entrevistas en profundidad en este trabajo se exploran distintas formas en que el gobierno responde a la protesta social.