Arqueología Forense en Tucumán (Argentina): 15 años de trayectoria

VÍCTOR ATALIVA

San Miguel de Tucumán

Congreso; XIX Congreso Nacional de Arqueología Argentina; 2016

Facultad de Ciencias Naturales e Instituto M. Lillo

Desde mediados de la década de 1980 una serie de investigaciones, exposiciones, conmemoraciones, realizaciones audiovisuales (cortos y largometrajes, documentales y películas basadas en hechos reales), etc., centraron su interés en las prácticas sociales genocidas protagonizadas por las fuerzas armadas, y de seguridad y sus cómplices civiles, protagonizadas durante el período 1975/76-1983 en Argentina y los complejos procesos de construcción de memorias relativas a ese período y la pos-dictadura (desde 1983 hasta el presente).A partir del año 2000 distintos equipos se conformaron en Argentina a los fines de abordar localmente las múltiples manifestaciones materiales de las prácticas genocidas y las consecuencias sociales de lo ocurrido durante el período 1975/6-1983. Paralelamente en las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Tucumán, entre los años 2000 y 2002 comienzan a generarse nuevos espacios de investigación, en todos los casos incentivados por militantes, organismos de DD.HH., sobrevivientes y docentes, estudiantes y graduados de Universidades Públicas. En el caso de Tucumán, el 24 de abril de 2002 se iniciaba una experiencia arqueológica forense sistemática que desembocaría, dos semanas después, en el hallazgo de la primera inhumación clandestina relevada en Argentina, el llamado Pozo de Vargas (pericia forense aún vigente). Desde entonces, hasta la actualidad, diversas intervenciones fueron llevadas a cabo por distintos equipos de investigación, abordando las consecuencias materiales y simbólicas de las prácticas genocidas. Así, otras inhumaciones (clandestinas e irregulares), fueron relevadas en un predio militar y en distintos cementerios locales, se realizaron abordajes a los espacios de reclusión (comúnmente denominados Centros Clandestinos de Detención) tanto urbanos como rurales, se recuperaron las evidencias materiales del exterminio y aquellos indicios que posibilitaron aportar información sobre la trayectoria de cautiverio y asesinato de hombres y mujeres (hasta la fecha, por ejemplo, en el Pozo de Vargas se han identificado a más de medio centenar de personas). Transcurridos ya 15 años del inicio de la investigación en el predio Finca de Vargas (donde se encuentra el "Pozo"), la conformación de distintos equipos locales, los aportes concretos a las causas judiciales federales, la creación de laboratorios forenses y/o periciales, la identificación nominal positiva de decenas de hombres y mujeres, el abordaje de las señalizaciones de los distintos espacios vinculados a las prácticas sociales genocidas en Tucumán, etc., se impone un balance de los resultados como así también evaluar las perspectivas de una Arqueología que, por un lado, interactúa permanentemente con familiares y querellantes en causas de crímenes de lesa humanidad, contribuye a generar nuevas representaciones del pasado local y confronta ciertos discursos subyacentes sobre el período (en algunos casos, enfrentando alegatos infundados, negacionistas o dislocados de los hechos), aportando pruebas contundentes sobre el exterminio; y, por otro lado, una Arqueología que, a paso lento pero persistente, fue imponiéndose como una herramienta judicial (con todos las vicisitudes que ello implicó, principalmente por el desconocimiento de la Justicia sobre los alcances y posibilidades de la disciplina) y un nuevo espacio laboral.