Policías, vecinos y jóvenes de las barriadas de Cuyo en situación pandémica

ALDANA CALDERON ARCHINA; DIEGO JAVIER GARCÉS; DIEGO ESCOLAR

Violencias, vulnerabilidades y fuerzas de seguridad

TESEO PRESS

Año: 2023; p. 103 - 124

El veinte de marzo de 2020 el Estado argentino declaró el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” (ASPO) para todas las personas que habitaran y/o se encontraran en el territorio nacional. Ese mismo día, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, advirtió en conferencia de prensa que la provincia tendría estrictos operativos policiales en las calles para monitorear el cumplimiento del ASPO y, horas más tarde, se anunció la detención de cuatro personas que habrían violado la cuarentena obligatoria. En el mismo comunicado oficial, el director general de Policías advirtió: “los operativos se van a endurecer y vamos a seguir deteniendo a la gente si no cumplen con el aislamiento”[1]. En San Juan, Carlos Munisaga, secretario de seguridad y orden público de la provincia, luego del discurso presidencial, desplegó un operativo policial de gran magnitud, del que no existían antecedentes registrados: retenes policiales en cada una de las bajadas en las calles y accesos más transitados junto con vallas que cercaban el ingreso a barrios residenciales. Los ciudadanos contaron con un tiempo establecido para regresar a sus casas o salir a comprar víveres, que se extendió hasta las 00:00 hs del 20 de marzo del 2020 y que ocasionó caos en múltiples comercios locales. En ambas ciudades de Cuyo, se incrementó la presencia de agentes policiales y la realización de controles, principalmente de tránsito en la vía pública. Así, al tiempo que los medios de comunicación propagaban la frase “quedate en casa”, las autoridades provinciales reforzaron un discurso sanitarista respaldado por la vigilancia policial permanente y técnicas de responsabilización hacia la ciudadanía, facilitando números telefónicos para la denuncia de quienes violaran las medidas de aislamiento y hasta en algunos casos marcando las casas de quienes daban positivo de Covid-19 con una faja de seguridad.Apenas anunciado el aislamiento obligatorio, las fuerzas policiales provinciales montaron un gran espectáculo (Debord, 1967): las calles vacías y controladas por agentes de seguridad constituyeron una postal de aquellos días que se propagó a través de los medios de comunicación hegemónicos, exhibiendo un mensaje heroico a la población, pues el cuerpo de una fuerza de seguridad estaba dispuesto a sacrificarse (Garriga Zucal, 2021) por la ciudadanía para prevenir la enfermedad[2].Frente a este escenario, nos preguntamos acerca de la naturaleza de estas medidas que en nombre del cuidado de la salud y seguridad pública impusieron un severo control en la movilidad de la población. Como punto de partida, barajamos dos hipótesis: la primera es que las prácticas de control social se impartieron excepcionalmente a causa del alarmante estado sanitario. La segunda, que consistieron en una expresión y/o exacerbación de procesos que ya venían gestándose como parte de políticas de seguridad. Políticas que apuntarían a un reforzamiento en la vigilancia policial y el componente represivo de sus prácticas, como aspectos visibles de un replanteo autoritario de algunos gobiernos provinciales en relación con la ciudadanía.