La lucha indígena se vuelve “Caminata”: reflexiones sobre el uso del derecho y las formas organizativas en defensa de los territorios en la Córdoba de hoy

REINOSO, PAULA DANIELA

Jornada; I Jornadas en Derecho, Justicia y Sociedad. Críticas y desafíos a 40 años de democracia; 2023

La presente ponencia parte de una serie de reflexiones en el marco de mi tesis doctoral donde indagamos sobre la configuración de luchas y resistencias en el marco de los conflictos territoriales en el valle de Punilla (Córdoba) en la actualidad a partir de la experiencia de la comunidad Ticas. El proceso de recuperación y defensa del territorio Cochatalasacate se enmarca en lo que en la literatura se denomina “reemergencia indígena” hacia fines del siglo XX y en todo el continente latinoamericano. Esta dinámica de reemergencia, producto de cientos de años de lucha indígena y campesina, vino a visibilizar y poner en agenda la problemática en todo el continente y a proponer -al menos en términos discursivos- políticas descolonizadoras de los territorios y el pensamiento. Este movimiento obligó al mismo tiempo a discutir concepciones, posicionamientos y acciones de los movimientos sociales y la configuración de nuevas subjetividades en torno a la recuperación y reconocimiento de la ancestralidad. En este escenario podemos señalar al menos dos cuestiones: por un lado, se comenzó a resquebrajar el discurso dominante basado en la idea de que lo ancestral es anterior y que esta es una tierra “libre de indios”. Por otro lado, vino acompañado -entre otras cosas- de un conjunto de conquistas jurídicas internacionales, nacionales y locales. En Argentina el primer antecedente jurídico de reconocimiento de la preexistencia indígena lo marca la ley 23302 que, si bien se encontró insuficiente para responder a las demandas de las comunidades, dio pie a la creación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y al Registro de Comunidades Indígenas. En el año 1992 la Argentina adopta la aprobación del Convenio 169 de la OIT (1989) y en el año 1994 se logra incorporar el reconocido artículo 75 inciso 17 en la reforma constitucional, que reconoce la “preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos”. En este mismo escenario, en la provincia de Córdoba el reconocimiento jurídico de las comunidades fue más tardío: recién en el año 2015 se aprobó la ley 10316 para el reconocimiento y se creó el Registro de Comunidades de Pueblos Indígenas. Desde el punto de vista de los colectivos, se trata de conquistas jurídicas en un plano reivindicativo donde aparece un uso estratégico del derecho en tanto -. Todo ello nos empuja a reorientar las discusiones vinculadas a modalidades diferenciales de acceso a derechos, ciudadanía, democracia y al papel que tiene el Estado como nación en relación a los pueblos.Si bien todo este conjunto normativo ha sido importante en materia de reconocimiento jurídico y de visibilidad, esto no se traduce directamente en los hechos y en gran cantidad de casos se reduce a una cuestión nominal y discursiva. En efecto, existen muchos conflictos a nivel nacional y provincial en relación a la falla o ausencia de aplicación de dichas normas, al no reconocimiento de los territorios -por parte de los gobiernos, empresas o la sociedad misma-, a la sistemática violencia que siguen sufriendo los pueblos, a la destrucción de sus lugares sagrados, a la contaminación de los bienes comunes, entre otros. Producto de esta coyuntura es que, paradójicamente, en el año 2006 se logra sancionar la ley 26160 (prórrogas 26554 / 26894 / 27400) de relevamiento territorial de comunidades indígenas, que consiste en una ley de “excepción” que declara la “emergencia territorial de las comunidades originarias del país”. Esta situación tiene su correlato en la provincia donde se observa una creciente conflictividad en torno a los territorios recuperados y reconocidos de las comunidades. En una visible dispersión y fragmentación de los pueblos, en los últimos años se han construido procesos de articulación entre las comunidades, donde resalta la llamada Caminata Indígena en el año 2021. El discurso versó sobre la necesidad de “ponerle freno a la impunidad, para decir NUNCA MÁS una Córdoba sin nosotros y nosotras”, donde la apelación a la consigna de lucha por los Derechos Humanos en nuestro país aparece en un tono de interpelación a la sociedad toda, en un sentido común que vincule en la memoria a la violencia institucional de los años 70’ con las violencias específicas de los pueblos indígenas. Con un entremado diverso de sujetos y colectivos que acompañan, se sostiene que hay dos caminos de lucha: la vía institucional y la presencia en la calle. En este sentido, la activación de herramientas institucionales como “paraguas” legal, debe ir necesariamente acompañado por el ejercicio constante de recuperación y presión en/desde los espacios públicos, lo que obliga a construir un arco amplio de solidaridades y subjetividades colectivas, en un escenario cada vez más violento y hostil para la construcción de comunes. Con todo ello, aquí nos proponemos reflexionar sobre las formas organizativas y el uso del derecho en el marco de los procesos que aquí mencionamos.