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El decreto 159/2017 que recientemente reglamentó la ley 27.345 y la Resolución Nº 32/2016 del Ministerio de Trabajo, reconocieron por primera vez la existencia de un sector de economía denominado ?Economía Popular?, a la que se definió como: ?toda actividad creadora y productiva asociada a mejorar los medios de vida de actores de alta vulnerabilidad social, con el objeto de generar y/o comercializar bienes y servicios que sustenten su propio desarrollo o el familiar. La Economía Popular se desarrolla mediante proyectos económicos de unidades productivas o comerciales de baja escala, capitalización y productividad, cuyo principal activo es la fuerza de trabajo? .A partir de asumir ?el trabajo en sus diversas formas?, el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional estableció una serie de derechos del trabajo, tanto a nivel individual y colectivo como de la seguridad social. Luego, con la reforma constitucional de 1994, se incorporaron a nuestra Constitución, diversos tratados internacionales sobre derechos humanos (Art. 75 inc.22), consagrando con jerarquía constitucional y status supra legal: el derecho internacional de los derechos humanos y con él, el ?derecho al trabajo? . Este es un derecho humano fundamental que consiste en el derecho de toda persona a trabajar en condiciones dignas, equitativas e iguales. En este marco de carácter constitucional, la ley 27345 comenzó a regular este novedoso sector de la economía para ?promover y defender los derechos de los trabajadores/as que se desempeñan en la misma? . Sin embargo, su marco legal aún no está claro y ofrece, en cambio, algunos interrogantes que plantearemos a continuación.

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