La lucha sin fronteras por la justicia: El impacto del ejercicio de la jurisdicción penal universal por España en la reapertura de los juicios por los desaparecidos en la Argentina (1996-2007)

JULIETA MIRA

Centro Cultural Borges, Buenos Aires

Congreso; Segundo Encuentro Internacional Análisis de las Prácticas Sociales Genocidas; 2007

Universidad de Tres de Febrero

<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:ES; mso-fareast-language:ES;} p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader {margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; tab-stops:center 220.95pt right 441.9pt; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:ES; mso-fareast-language:ES;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> Hoy en día, a más de 30 años del golpe de Estado, es posible obtener justicia por los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado en la Argentina ya que los juicios penales fueron reabiertos por la justicia nacional en el año 2005.  Esta posibilidad se consolidó con la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final por la Corte Suprema, luego de 20 años de la interrupción de los procesos judiciales a consecuencia de las mencionadas leyes de amnistía.  La reapertura de los juicios fue posible por un entramado de causas, entre ellas la presión política de las víctimas, organizaciones de derechos humanos y abogados desde el país y el exterior, y al mismo tiempo por el accionar de los tribunales extranjeros para terminar con la impunidad.   La sala quinta de la Audiencia Nacional, bajo la presidencia del Juez Baltasar Garzón, inició en 1998 un proceso judicial en contra de numerosos ex miembros de las fuerzas de seguridad de la Argentina bajo el cargo de genocidio en base al principio de jurisdicción universal.  Los procesos judiciales españoles que fueron iniciados por acusaciones populares en 1996 y en particular la sentencia contra         el ex marino Adolfo Scilingo a más de 600 años de prisión en el año 2005 (en tanto primera condena efectiva lograda en el exterior);  ayudaron a mantener viva la lucha por la justicia (durante el tiempo de las leyes de amnistía en la Argentina), y también fueron útiles para presionar al gobierno argentino a respetar sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.    Durante 2006, dos sentencias fueron logradas por tribunales en la Argentina.  La primera contra Julio Simón, un ex policía, sentenciado a 25 años de presión.  La segunda contra Miguel Etchecolatz, un ex policía que se desempeñó como Director General de Investigaciones de la Provincia de Buenos, sentenciado a prisión perpetua por el tribunal presidido por Carlos Rozanski.  Estos son dos ejemplos del desarrollo judicial en la Argentina, pero al mismo tiempo no hay que olvidar la gran cantidad de causas abiertas en todo el país en espera de juicios y las numerosas falencias que afrontan, entre ellas la más grave es la desaparición del testigo Julio López desde hace más de 7 meses.    Esta ponencia busca evaluar el impacto del proceso judicial español en la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad en la Argentina, buscando los puntos de interconexión y ruptura.  De este modo, el objetivo final de este trabajo a partir del caso Argentino-Español es mostrar el círculo virtuoso que puede establecerse entre el sistema penal  internacional y territorial (nacional) de lucha contra la impunidad, atendiendo a la necesidad de responder efectivamente frente a crímenes internacionales para llenar de contenido la promesa del ?Nunca más?.   25 de abril de 2007